El Ayuntamiento investiga las mordidas que cobraron políticos y funcionarios durante años

La madeja de la corrupción en Sevilla por fin se investigará en el Ayuntamiento. Han pasado cuatro años desde los últimos hechos investigados. No queda nadie en la Plaza Nueva de aquel elenco manchado por la sospecha. Pero nunca es tarde si la dicha es buena. Hoy se constituirá la comisión de investigación del caso Fitonovo , que estará presidida por el concejal socialista Juan Manuel Flores , y los cinco partidos con representación municipal presentarán sus exigencias para estas diligencias internas, que son independientes de las que lleva a cabo la Audiencia Nacional y que se realizarán para depurar responsabilidades políticas. La mayor presión la ejercerán los dos partidos que no estaban en el Ayuntamiento cuando todo ocurrió, Ciudadanos y Participa . Los otros tres tienen miembros implicados, aunque el PP, que se sepa hasta el momento, está sólo rozado. PSOE e IU, que conformaron un gobierno de coalición en la ciudad que acabó saliendo por la puerta de atrás, tendrán que explicar una trama de posible financiación ilegal que aún está por resolver. El nudo central de esta madeja tiene nombre: Fitonovo. Una empresa dedicada a la gestión medioambiental y a la conservación de parques y jardines que en apenas una década multiplicó su facturación como por arte de birlibirloque. Una contabilidad «b» que en sólo una década distribuyó más de cuatro millones de euros en mordidas a funcionarios y políticos es el secreto del éxito. Pero para llegar hasta ahí hubo que tirar de un hilo muy fino...

El origen del caso Fitonovo, que actualmente cuenta con 95 imputados de administraciones públicas de 14 provincias distintas, está, una vez más, en la famosa grabación de Mercasevilla. La investigación llevada a cabo por la juez Mercedes Alaya tras aquel soborno de los directores de la lonja a los empresarios del grupo La Raza le permitió descubrir que el concurso para vender los suelos del mercado en 2006 podría haber sido amañado, ya que la empresa ganadora había ingresado importantes donaciones a la Fundación Mercasevilla . Sus pesquisas le permitieron descubrir que el responsable de Vía Pública en el Ayuntamiento era también miembro de la comisión ejecutiva del Merca y principal responsable de la elaboración del pliego de condiciones de aquel concurso. Se trataba del asesor de Alfredo Sánchez Monteseirín que ya había sido implicado en el escándalo de las facturas de la asociación Unidad, Domingo Enrique Castaño . Al final de la instrucción de esta rama del caso, en la que se descubrió que Castaño había sido contratado tras su paso por el Ayuntamiento por una filial de la promotora que había ganado el concurso, Alaya ordenó a la Guardia Civil que analizara el patrimonio de este socialista porque sospechaba de un posible «enriquecimiento ilícito» . Y al tirar de ese hilo apareció una empresa que ya había estado varias veces señalada por la polémica, pero que hasta entonces no tenía nada que ver con las investigaciones judiciales que se estaban llevando a cabo. Lo único que se sabía de Fitonovo es que había incrementado sustancialmente sus contrataciones con el Ayuntamiento en los últimos años y que su dueño, Rafael González , era socio de una caseta en la feria junto con varios concejales socialistas de la era Monteseirín. Pero la Guardia Civil descubrió que le había regalado un Audi A4 a Castaño y le había hecho las reformas de sus casas. Con estos datos, el caso tuvo un efecto dominó.

La UCO hizo un registro en la empresa y descubrió una contabilidad paralela en la que se anotaban los pagos que se hacían a los cargos públicos para obtener contratos de la administración. Ahí estaba todo. El hombre de confianza del empresario y de su hijo, José Antonio González , heredero del negocio, Ángel Manuel Macedo Gajete , tenía entre sus cometidos llevar al día esa contabilidad. Había hecho tan bien su trabajo, que los agentes sólo tuvieron que ir comprobando uno a uno los ingresos de los supuestos beneficiarios. El propio empresario confesó que había dado dinero en un sobre para el partido a Castaño y que había utilizado una empresa pantalla para facturar unas obras en la sede del PSOE de la Macarena . Más tarde, en los documentos, aparecieron nuevos pagos con la inscripción «Maera», un restaurante de Triana en el que los empresarios se habían reunido con Castaño y con el entonces concejal socialista Manuel Gómez Lobo para hacer supuestamente otras entregas. A cambio, Fitonovo recibía adjudicaciones sin parar por parte de Urbanismo y de todos los distritos para arreglar parques y montar juegos infantiles.

La misma operativa se llevó a cabo con IU. Un asesor de Antonio Rodrigo Torrijos , Antonio Miguel Ruiz Carmona, consta en la documentación como receptor de 70.000 euros en una caja de zapatos a cambio de la adjudicación de las obras de varios campos de césped y de otros 85.000 euros por la construcción del pabellón de Ifni. Por este motivo fueron imputados tanto el presunto cobrador como el propio Torrijos y su compañero José Manuel García , delegado de Deportes. La operación de Alaya y la UCO, en la que se habían intervenido teléfonos de distintos cargos públicos y de los empresarios, fue esclarecedora. Y también sirvió para evitar otro posible «acuerdo» de adjudicación, en este caso por parte del director de Medio Ambiente nombrado por el PP, Joaquín Peña , a un empresario afín. A él también se le pinchó el teléfono, ya que el gobierno popular había adjudicado a Fitonovo uno de los paquetes del macrocontrato para la conservación de las zonas verdes de la ciudad que había sacado a licitación. Sin embargo, su imputación no se produjo por este asunto, sino por una conversación telefónica con otro empresario en la que supuestamente le aseguraba otro concurso.

Quienes sí cayeron como consecuencia de esta adjudicación del PP fueron el jefe de servicio de Parques y Jardines, Francisco Amores , y el responsable de mantenimiento del Parque de María Luisa, Francisco Luis Huertas . Los dos funcionarios llevaban años percibiendo mordidas por parte de los empresarios para que, según el sumario, se decantaran a favor de sus ofertas en los informes de valoración técnica de los concursos. El «modus operandi», que se practicó durante años en el Ayuntamiento de Sevilla, se extendió rápidamente. Rafael González, su hijo José Antonio y su yerno, Juan Andrés Bruguera, habían montado una estructura para el pago de comisiones ilegales que le había permitido lograr numerosos contratos de la Diputación de Sevilla , Adif y otros ayuntamientos y diputaciones repartidos por toda España. Un sistema que le había permitido pasar de tener unos beneficios de cien mil euros en 2005 a 36 millones en 2011, año en el que el hilo de Mercasevilla llegó hasta su madeja, de la que todavía quedan muchos nudos por deshacer.