El Ayuntamiento de Sevilla aplicará cláusulas sociales en los contratos para primar el empleo

Se prevé aprobarlas a mediados de marzo y con ellas el precio no será el principal criterio al valorar las adjudicaciones, con lo que se evitarán las «bajas temerarias»

Juan Manuel Flores y Juan Espadas JUAN FLORES

P. GARCÍA

Transformar la contratación pública municipal para ponerla al servicio de la generación de empleo , favoreciendo al mismo tiempo el tejido productivo más social y local así como la integración de los colectivos con especiales dificultades para acceder al mercado de trabajo, son algunos de los ambiciosos objetivos que se ha propuesto el alcalde, Juan Espadas , con la introducción de cláusulas sociales en la contratación de obras y servicios que se realicen tanto desde el propio Ayuntamiento como desde sus empresas públicas y organismos autónomos.

Este modelo de cláusulas —que se trasladarán al contenido de los pliegos de licitación, condicionarán las adjudicaciones y tendrán un seguimiento durante su ejecución— se prevé aprobar a mitad de marzo por decreto de Alcaldía para su plena aplicación coincidiendo con la entrada en vigor del presupuesto de 2016. De hecho, obedece a un mandato del pleno municipal del pasado mes de septiembre en el que, a instancia de los grupos socialista y de IU, se aprobaron sendas mociones en relación con la mejora de la contratación municipal.

Con esta iniciativa, sustentada en una amplia base legal europea y estatal , el Consistorio hispalense se sitúa a la «vanguardia» de las administraciones públicas del país , según destacó ayer el alcalde, quien aludió al trabajo técnico, jurídico, político y participativo del que ha sido fruto el borrador presentado en junta de portavoces. Para su elaboración —que ha corrido a cargo de funcionarios municipales— se han analizado también otras experiencias, como la del Ayuntamiento de Barcelona, pero yendo más allá siempre dentro de los límites del ordenamiento jurídico español. «Estoy convencido de que va a servir de referencia para la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) cuando esté aprobado», apuntó Espadas.

Los plazos

Según la hoja de ruta establecida, el documento se someterá apartir de ahora a las aportaciones de los grupos políticos y de las organizaciones sindicales y empresariales en un periodo que se prolongará hasta el próximo 23 de febrero, con idea de poder consensuar a principios de marzo el texto definitivo que pasará a refrendo de la Alcaldía.

«Esto no es un salto al vacío ni una invención, sino un trabajo serio que se apoya sobre normativa y ordenamiento jurídico », recalcó el delegado de Bienestar Social y Empleo, Juan Manuel Flores.

El precio no será, pues, el único criterio de valoración de las ofertas en los pliegos de contratación pública, lo que contribuirá a evitar las denominadas «bajas temerarias» que pongan en riesgo obras y servicios adjudicados. Además, y en aras de una mayor transparencia, se incrementará la publicidad de los procesos y se mejorará la planificación, al publicarse en cada primer trimestre del año una previsión de las licitaciones. El seguimiento de la ejecución de los contratos será llevado a cabo igualmente desde un observatorio permanente , que se creará al efecto conformado por funcionarios.

Medidas de control

El pliego de cláusulas sociales dotará al Ayuntamiento, a su vez, de mayor capacidad para poder penalizar a las empresas y de más facilidad para la resolución de contratos con objeto de evitar «situaciones pasadas» que aún se arrastran en la ciudad.

La prioridad que persigue el alcalde con la incorporación de las cláusulas sociales no es otra, según precisó, que «maximizar que cada euro municipal genere el mayor volumen de empleo estable» y de calidad . Para ello, se valorarán aspectos como la contratación de desempleados de larga duración y en riesgo de exclusión social o con dificultades para acceder al mercado laboral y durante la duración del contrato las empresas no podrán recortar las condiciones de trabajo establecidas en el convenio colectivo. Asimismo, se favorecerá a pymes y autónomos para iniciar sus contratos con la Administración, impulsando así el tejido productivo local que, ante las elevadas exigencias financieras, tiene ahora complicado concurrir a las licitaciones.

Otra de las prioridades que se contemplan son las de carácter medioambiental , pudiéndose fijar condiciones de este tipo, al menos, en los contratos de limpieza de los edificios, mantenimiento de zonas verdes, transporte, limpieza viaria, proyectos de obras y de instalaciones e infraestructuras. En esos contratos se valorarán aspectos como la reducción de gases por encima de los límites fijados en el pliego, el uso de energías renovables o de etiquetas ecológicas, entre otros.

Mandar mensajes al mercado

La tercera de las prioridades guarda relación con la contratación en igualdad de oportunidades , tratando de promover la conciliación, impulsando la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y garantizando el cumplimiento de la cuota de reserva para la integración de personas con discapacidad.

El alcalde rechazó que todas estas medidas puedan interpretarse como un signo de «intervencionismo» por parte de la Administración local e indicó que de lo que se trata es de «mandar mensajes al mercado» . «Queremos —añadió— orientar la contratación pública para resolver problemas» actuales, indicando que, «además del precio, se valorarán otros elementos». Se trata, de alguna manera, de «introducir una serie de elementos correctores», concluyó.

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