La Audiencia señala a dos policías en el desvalijamiento de la antigua comisaría

Dos policías locales, el cuñado de uno de estos y tres empleados municipales adscritos al departamento de mantenimiento de edificios públicos serán investigados por el desvalijamiento de la antigua comisaría de Policía Local de la Cartuja en los días en los que el Cuerpo se trasladó a las nuevas instalaciones de la Ranilla en 2012. Los edificios llamados Charly, situados en la avenida Américo Vespucio, habían sido comprados por la constructora Detea al Ayuntamiento, que en mayo de ese año llevó a cabo el proceso de entrega de los inmuebles después de que esta misma empresa terminara la construcción de la nueva sede en la Ronda del Tamarguillo, cuyas obras fueron adjudicadas por Alfredo Sánchez Monteseirín pero se retrasaron hasta comienzos del mandato de Juan Ignacio Zoido por problemas de sobrecostes. Después de todo este proceso, el gobierno del PP hizo entrega a Detea de la propiedad que la Policía dejaba de usar, pero la compañía se topó con una situación sorprendente: los dos edificios habían sido desmantelados y carecían de puertas, ventanas, sanitarios, enchufes e incluso cableado eléctrico . Todo estaba entre escombros. Eso motivó la apertura de una investigación judicial por parte de la juez número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez , que tras varias diligencias decidió archivar el caso porque no pudo demostrar quién era el autor del saqueo. Pero el Grupo Especial de la Policía Local, Gepol , reabrió la investigación a instancias de la Fiscalía tras descubrir que alguien había vendido grandes cantidades de cobre en una chatarrería del Polígono Calonge utilizando un vehículo municipal que incluso tenía los rótulos del Ayuntamiento, lo que podría demostrar que en aquel desvalijamiento pudieron tener algo que ver los empleados municipales que se habían encargado de la mudanza de la comisaría.

En efecto, la Audiencia Provincial acaba de ordenar a la juez, en un auto del pasado 26 de febrero al que ha tenido acceso ABC, que vuelva a retomar las instrucción. En dicha resolución, los magistrados de la Sección Tercera instan a la instructora a que cite como investigados a un intendente de la Policía Local , a otro miembro del Cuerpo y al cuñado de este último por supuestamente haberse beneficiado de la venta de materiales de titularidad pública procedentes de estos edificios a una chatarrería. Igualmente, pide que se investigue a tres empleados del mantenimiento de edificios y que se tome declaración en calidad de testigos a trece personas más . En concreto, los jueces de la Audiencia consideran que hay «indicios de delito de daños y sustracción de efectos y muebles» por «el despojo de las pertenencias propias del edificio», un acto en el que existen «indicios de la participación del departamento de Mantenimiento de Edificios Municipales del Ayuntamiento de Sevilla, que procedió a autorizar y retirar todos los enseres susceptibles de ser reutilizados en otros edificios». Además, según prosigue el auto, «se autorizó por el intendente de la Policía Local J.G.G., coordinador del desalojo del edificio, que uno de los agentes , J.P., pudiera disponer de las taquillas instaladas en dicho inmueble, quien las vendió, a través de su cuñado, J.L.R.S., a la Chatarrería el Niño por 1.768 euros que se repartieron entre ellos». A esto hay que sumar dos ventas de cobre registradas por la misma chatarrería en mayo y junio de 2012, fechas del desmantelamiento, a cargo de un empleado municipal, dato que permitió reabrir la investigación.