La Audiencia ordena investigar los pagos de trabajadores de DeSevilla a Izquierda Unida

El destino del dinero de cooperación al desarrollo de la Fundación DeSevilla en el Ayuntamiento durante los años en los que este organismo estuvo gestionado por IU sigue siendo una incógnita. Pero la Guardia Civil abrió una vía de investigación que los peritos de KPMG designados por el juez de instrucción número 16 apoyaron de inmediato en su informe: más del 60 por ciento del presupuesto se destinó a contratar trabajadores y estos, a su vez, tenían que abonar un porcentaje mensual al partido.

El instructor solicitó una ampliación pericial para averiguar si, como sostienen los agentes del Grupo de Delitos Económicos, el dinero podría haber llegado a la cuenta de IU a través de este «impuesto» a los empleados y los imputados en la causa, los comunistas Antonio Rodrigo Torrijos, Carlos Vázquez y Miguel López Adán , habían recurrido esta línea investigadora alegando «la improcedencia de la ampliación pericial solicitada por la acusación particular al entender que no guarda relación con los hechos investigados». Pero la Sección Primera de la Audiencia ha ordenado seguir adelante con esta prueba porque no la considera «inútil ni innecesaria, ni que esta diligencia sea ajena a los hechos investigados, ni desproporcionada».

Los magistrados argumentan que en lo relativo a los gastos de personal de la Fundación DeSevilla, donde se investiga el paradero de un millón de euros supuestamente destinado a proyectos de cooperación para países como Cuba o Nicaragua que nunca fueron ejecutados, «el propio informe pericial aportado pone de manifiesto lo cuantioso de la partida correspondiente al personal, en el que se hace constar que más del 70 por ciento de los gastos justificados corresponden a gastos de personal, con un sueldo anual medio por empleado de 43.270,89 euros».

Teniendo en cuenta estos datos, para la Audiencia «no resulta baladí» las « posibles aportaciones o ingresos realizados por cada trabajador en el partido que instrumentalizaba la fundación y sustentaba políticamente el área de cooperación internacional», por lo que desestima el recurso de los imputados y mantiene vigente la orden de que los peritos investiguen estos pagos en la línea de lo estipulado en sus atestados por la Guardia Civil acerca de una posible financiación ilegal de IU a través de esta fórmula.