Iglesia
El arzobispo de Sevilla tira de diplomacia ante la Ley del Patrimonio de Pedro Sánchez
El prelado hispalense agradece al Gobierno que se preocupe de los bienes de la Iglesia pero pide que respete su funcionamiento
El carácter diplomático del nuevo arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses , salió a relucir este viernes cuando los periodistas le preguntaron sobre su posición ante el anteproyecto de la Ley de Patrimonio presentado por el Gobierno central , que pretende intervenir en los bienes declarados por la Unesco como es el caso de la Catedral. El prelado, acostumbrado a lidiar con asuntos políticos peliagudos durante su etapa como obispo de Tarrasa con el independentismo, llevaba preparada la respuesta: «Por un lado, se agradece el interés de la administración central por el cuidado del patrimonio, y todo lo que sea sumar esfuerzos y sinergias es positivo», señaló. Y añadió a continuación: «A la vez, como criterio general, es bueno respetar el funcionamiento de las instituciones que desde hace siglos van cuidando su patrimonio y lo ponen al servicio del bien común».
Recientemente, el arzobispo se mostró en contra de las «injerencias de las administraciones en instituciones privadas al servicio de la sociedad y del bien común». También respondieron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo y el propio alcalde de la ciudad, Juan Espadas , que remitió una carta a Moncloa pidiendo algunas rectificaciones como en la obligación de crear unos patronatos que estén controlados por el Ministerio de Cultura.
Cabe recordar que el anteproyecto de la Ley de Patrimonio, adelantado por ABC, prevé una una declaración para los bienes Patrimonio Mundial, que pasarían a ser denominado s Bienes de Interés Mundial. Esa nueva categoría se situaría por encima en protección jerárquica de la del Bien de Interés Cultural, cuyas competencias tienen las comunidades autónomas. Esta nueva declaración se haría mediante real decreto, de forma que el propio Gobierno central podría situarse como el principal garante de la conservación de los mismos. Y, además, obligaría a sus titulares -privados o públicos- a constituir un patronato en el que la mayoría de los miembros deberían ser del Ministerio, para garantizarse el control efectivo sobre los mismos. Por el contrario, el Gobierno central se compromete a financiar parte de las restauraciones que se practiquen en estos bienes.
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