Aplazado en Sevilla otro juicio de corrupción por un cambio de abogado
La primera vista oral por formación se suspendió este martes hasta abril de 2020
El Juzgado de lo Penal número siete de Sevilla tenía señalado este martes el inicio del primer juicio en la causa de los cursos de formación de la Junta, en esta ocasión contra la trama organizada liderada por el empresario José Sivianes , que recibió más de cinco millones de euros entre 2010 y 2012. La vista oral se suspendió y se fijó una nueva fecha para su celebración: abril de 2020. Y todo ello por el cambio de abogado de un acusado el pasado 5 de junio, a menos de un mes del comienzo del juicio. Se trata del segundo caso de corrupción en administraciones públicas que queda suspendido después de años de espera para su celebración por «incidencias» de última hora, como ya ocurriera la pasada semana en otro juzgado de lo Penal en el causa de las ayudas para la cooperación internacional de la Fundación DeSevilla.
En la causa contra el ex director general de la Fundación DeSevilla Miguel López Adán , que se enfrenta a cuatro años y medio de cárcel por usar miles de euros destinados a subvenciones para actos de Izquierda Unidad en la capital, problemas para localizar a testigos y peritos causaron que la defensa, y en este caso también la Fiscalía, pidieran la suspensión. La nueva fecha será en octubre de 2020.
El martes, en el juicio contra Sivianes, su esposa y otros siete acusados, cuyas peticiones de pena van desde los doce años de cárcel hasta los seis , fue el nuevo abogado de un acusado quien solicitó la suspensión alegando posible «indefensión» de su cliente, pues no le había dado tiempo de ponerse al día con toda la causa, cuyo auto de apertura de juicio oral se dictó en septiembre de 2016.
Estos dos casos son sólo una muestra de lo que ocurre a menudo en los juzgados de Sevilla, donde, por estrategia procesal , se solicita, en su mayoría de veces por las defensas, la suspensión del juicio. Sin ir más lejos, en abril, la Sección Primera de la Audiencia tenía señalado un juicio contra un varón por una estafa en tarjetas bancarias denunciadas por una entidad tras detectarla en 2011.
El acusado se enfrentaba a once años de prisión por un fraude que no llegaba a 70.000 euros e iba a ser juzgado ocho años después de los hechos, pero un cambio a último hora del abogado de la defensa provocó el aplazamiento de la vista oral a enero de 2020. En este sentido, fuentes del caso trasladan a este periódico que estas actuaciones son estrategias procesales, legales, pero que evidencian «una laguna» en la legislación que hace posible estas situaciones que sólo provocan eternizar procesos ya de por sí muy extendidos en el tiempo, y que por supuesto habría que revisar y regular de alguna manera.
Otra lectura de esta situación es la evidencia de que las agendas de señalamientos de los juzgados sevillanos están muy sobrepasadas. Enero, abril y octubre de 2020 son las fechas señaladas para los tres juicios antes mencionados, entre doce y 16 meses más esperando para hacer justicia.
Cinco millones de euros
Ayer era el día señalado para el primer juicio por un caso de fraude en los cursos de formación de la Junta. José Sivianes, administrador de la entidad Formación Integral para el Empleo, su esposa y siete acusados más tenían que sentarse en el banquillo por organizar una trama que logró la concesión de subvenciones de la Junta para programas de formación que durante tres años, entre 2010 y 2012, sumaron más de cinco millones de euros, cursos que presentan numerosas irregularidades.
La juez que instruyó el caso señaló en su auto de apertura de juicio oral, con fecha de septiembre de hace tres años , que «gran parte del dinero defraudado se canalizó a través de la simulación de la cesión del servicio de docencia, junto con la duplicidad en las horas facturadas, y operaciones de ampliación de capital que no son sino mecanismos ficticios».
Además, la juez ve indicios de fraude de subvenciones correspondientes a ayudas de formación «por haber falseado las condiciones requeridas para la concesión de las mismas en un importe superior a los 120.000 euros y delito continuado de falsedad documental».
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