Los aparejadores de Sevilla se ofrecen para desatascar las licencias en Urbanismo

El Colegio de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Sevilla va a proponer al Ayuntamiento de la ciudad convertirse en «entidad colaboradora urbanística» y poder tramitar y conceder licencias urbanísticas «por delegación»,tal y como ya se hace en las dos principales capitales españolas, Madrid y Barcelona .

En esas dos ciudades, el gobierno local tiene «externalizado» ese servicio desde hace varios años y las dos nuevas alcaldesas - Manuela Carmena y Ada Colau -, ambas de Podemos o sus confluencias, han mantenido el modelo pese a que en principio pusieron reparos. Su funcionalidad y las soluciones aportadas en agilidad burocrática han sido suficientemente convincentes ante la lentitud y acumulación de trabajo en la propia administración pública.

Esa es precisamente la justificación en el caso de Sevilla, tal y como ha explicado este martes el nuevo presidente de la organización colegial, Javier Gómez Ramallo , que ha tomado posesión este mediodía con su nueva junta directiva y acompañado por el alcalde de la ciudad, el socialista Juan Espadas .

Ya se le ha trasladado verbalmente al regidor la iniciativa, pero en uno o dos meses se va a hacer por escrito mediante el registro municipal, una vez «se ultime su encaje jurídico y todas las conexiones legales», bastante complejo pues todo ha de ajustarse al Estatuto de Autonomía y a las ordenanzas para no menoscabar la función pública. Gómez Ramallo considera que es necesario cambiar ya el modelo de gestión del urbanismo , que «no está adaptado a los tiempos y los ritmos de la sociedad actual y sus ciudadanos, que reclaman respuestas y tramitaciones mucho más ágiles».

En el caso de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla , el colapso mantiene acumuladas más de un millar de licencias, arrastrándose el asunto desde hace años sin que ninguno de los alcaldes haya podido resolver la cuestión a pesar de sus declaraciones de intenciones. Las licencias que ahora tardan meses podrían resolverse en unos quince días «en las que no necesitan informe de impacto medioambiental», según el nuevo presidente de este colegio profesional, lo que «generaría una enorme confianza jurídica y empresarial, ya que estableceríamos unos plazos concretos a los que agarrarse por parte del ciudadano que necesite la licencia.

El Ayuntamiento nombraría al Colegio como entidad colaboradora y ésta, por delegación y como ocurre en Madrid o Barcelona, concedería la licencia siempre bajo unos controles por parte del propio Ayuntamiento, como es lógico».