Ancianos «desplumados» por «amigos», familiares, cuidadores, empresas y ONG
Las personas mayores que sufren una discapacidad psíquica son presas fáciles de estafas por su especial vulnerabilidad
Los casos que llegan a los juzgados de estafas, robos, hurtos y otros abusos a ancianos por parte de «amigos», familiares, cuidadores, empresas, ONG o tutores son la punta del iceberg, según Julio Guija, jefe del servicio de Psiquiatría del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML) de Sevilla.
Existe un modus operandi de las personas que abusan de ancianos con discapacidad psíquica . «Ejercen una influencia indebida sobre los ancianos, mantienen -dice Guija- a sus víctimas en el desconocimiento, les aíslan emocionalmente de los demás y de la información, les generan miedo, se aprovechan de sus vulnerabilidades, les crean dependencias, propician la falta de confianza en sus capacidades, les inducen vergüenza y secretista y realizan actos de bondad intermitentes para hacerles creer que son sus amigos».
Desde 2011, hay ocho médicos forenses trabajando en el Servicio de Psiquiatría Forense del IML , que valoran a personas a las que se les solicita su incapacitad o bien su internamiento involuntario. «En ocasiones hemos detectado casos de abusos a personas mayores debido a su especial vulnerabilidad, ya sea por parte de familiares, cuidadores, supuestas ONG...», añade este psiquiatra y profesor de la Facultad de Medicina.
Tres ancianas del mismo barrio
En una ocasión, los forenses detectaron tres casos de señoras mayores que vivían solas en un mismo barrio que sufrieron presuntos abusos por parte de una ONG. Primero lograron aislarlas de las familias que las atendían prometiéndoles que ellos le iban a cuidar mejor, generando así una dependencia emocional. Se sustituye así a la familia por unos nuevos "amigos". Una de esas mujeres, de 82 años, viuda y sin hijos, vivía desde hace más de 40 años con su hermana y el único hijo de ésta, teniendo todos una buena relación. El sobrino se casó y tuvo dos hijos, pero siguió acudiendo diariamente a visitar a la madre y a la tía, ocupándose de todo cuanto necesitaban. Cuando a la madre le diagnosticaron alzheimer el hijo promovió su incapacidad civil y fue ingresada en una residencia, lo que supuso el enfado de la tía, ya que ella creía que podía cuidar de su hermana. Apareció entonces un grupo de personas de una ONG que le asustaron con que el sobrino la iba a meter también en una residencia y comenzaron a acompañarla al médico, visitarla, vigilar sus cuentas...
El sobrino recurrió a la Fiscalía de Personas con Discapacidad y se descubrió que la tía tenía un deterioro cognitivo ligero , admitiendo además que desconocía la cuantía de su pensión, el recibo de la luz, agua... lo que evidenciaba que no tenía conocimientos de su realidad económica, por lo que se designó al sobrino «curador» para que le ayudara en sus actividades económicas. Con la ayuda de la ONG religiosa, la tía recurrió la sentencia y la Audiencia la revocó, declarándola capaz. Seis meses después fue ingresada en una residencia, el piso fue vendido y el dinero en manos de ella fue gestionado por la ONG sin ningún control. En el hospital sólo la visita su sobrino. La ONG ha desaparecido... y el dinero también.
La tentación de las teletiendas
Múltiples son también las quejas de familias que se encuentran con que los abuelos no pueden hacer frente al pago de compras que han hecho por teléfono en teletiendas. Es el caso de María, una mujer de 84 años que vivía sola en un barrio céntrico de Sevilla. Adquirió una serie de productos de distintas teletiendas que acabaron comiéndose su pensión de 1.200 euros. «La extrema facilidad con la que se pueden adquirir productos en esas tiendas, dando únicamente por teléfono el número de cuenta donde cargar las compras, hizo que la factura mensual, por pagos aplazados, se elevase por encima de los 1.500 euros mensuales sin que ella fuera consciente de la elevada suma final», cuenta uno de sus hijos. Cuando se consumieron todos sus ahorros y se quedó sin saldo en su cuenta se vió obligada a comunicárselo a sus tres hijos, que trataron por todos los medios de devolver los productos, lo que no fue posible en todos los casos. «Ella nos comentó que no recordaba haber dado la autorización para todas esas compras», subrayan sus hijos.
Norberto Sotomayor, fiscal de protección a personas con discapacidad, explica que «muchas veces un juicio civil abierto contra un anciano por impago de un crédito financiero o a una empresa de venta por teléfono acaba con un procedimiento para incapacitar a esa persona. Cuando dejan de pagar, esas personas mayores son denunciadas y como nunca contestan las cartas que reciben ni abren la puerta a nadie, termina celebrándose el juicio en rebeldía y su vivienda embargada sin que la persona en cuestión se entere. Cuando se ejecuta el embargo y se presenta una comisión judicial en la casa del anciano el juez descubre que hay un señor mayor discapacitado, por lo que se pone en conocimiento de la Fiscalía . Se paraliza el embargo por carecer la persona de capacidad de obrar»
Este fiscal subraya que «en esos casos, como la cantidad adeudada existe, se le termina nombrando a un abogado de oficio, aunque los contratos con esas financieras y empresas de venta telefónica son susceptibles de ser considerados nulos porque para que sea efectivo un contrato tendría que haber dado su consentimiento la persona y si esa persona afectada su incapacidad es como si no hubiera dado el consentimiento».
La tutora que se quedó con 20.000 euros
Cuando se produce una descapitalización patrimonial de una persona mayor que aparentemente está bien pero realmente tiene una discapacidad es porque normalmente son víctimas de vecinos, organizaciones religiosas, cuidadores o familiares. La mayoría de esos abusos se producen en el contexto de una relación tío sin hijos-sobrino.
El fiscal Norberto Sotomayor explica que a veces «se producen abusos incluso de tutores de personas mayores incapacitadas, como el caso de una sobrina que fue denunciada por apropiación indebida al coger 20.000 euros de la cuenta de su tía para financiar el tratamiento dental de su marido La propia incapaz detectó el movimiento en la cuenta y lo denunció en la Fiscalía. Se le tomó declaración como investigada, ella aceptó devolver el dinero antes de celebrarse el juicio para que se considerara un atenuante».
Cargos viajes y móviles en la cuenta del abuelo
Una vez al año, los tutores de incapacitados están obligados a rendir cuentas ante la Fiscalía y el juez de cómo está la persona mayor, informar de los movimiento bancarios y facturas de mayor relevancia. «Pues bien, indagando en las cuentas bancarias muchas veces hemos detectado -dice el fiscal Norberto Sotomayor- compras en Mercadona, injustificadas si la persona está en una residencia, cargo de hasta cuatro móviles, viajes a Canarias, etcétera. Las rendiciones de cuentas de tutores, que no llegaban en Sevilla a 218, alcanzan ahora las 3.000 porque la Fiscalía ha insistido en las rendiciones de cuentas y los juzgados han realizado un esfuerzo extraordinario para conseguir controlar todas las tutelas».
Sobrinos que se acusan mutuamente
En los juzgados de Familia se Sevilla se dirime ahora el pleito de dos sobrinos que se acusan mutuamente de llevar al banco al tío, con problemas de demencia, para sacar dinero en beneficio propio. El juzgado tendrá que escuchar a los parientes para decidir a quién nombra tutor del tío incapacitad o, si a uno de los sobrinos o a otros familiares.
Se ha dado el caso también de una sobrina que pidió ante la Fiscalía la incapacitación para un tío de ochenta año s por las operaciones que estaba realizando con sus bienes otro sobrino a favor de quien ese anciano otorgó un «poder de ruina» (permite disponer de sus bienes aunque quede incapacitado), además de ser beneficiario en su testamento. La Fiscalía ha presentado una demanda de incapacidad de la persona, por lo que el sobrino tendrá que rendir cuentas y explicar en qué se gasta el dinero de su tío, que tiene un patrimonio de unos diez millones de euros.
Bodas sospechosas con jóvenes cuidadoras
«Nos hemos encontrado con casos de cuidadores que van al notario con poderes de personas mayores para hacer o deshacer sobre sus bienes, o bien para que esas personas mayores otorguen testamento a su favor. Si vemos que la persona mayor está incapacidad es necesario acudir a un juicio civil para demostrar que cuando se le dio los poderes esa persona mayor no estaba ya capacitada», explica Sotomayor.
En el caso de bodas de personas mayores en las que haya dudas, la Fiscalía solicita al forense que examine la capacidad a efectos de contraer matrimonio. «En una ocasión se adoptaron medidas cautelares pedidas por los hijos de un hombre de más de 80 años que estaba preparando los papeles para casarse con su cuidadora, una chica muy joven. Finalmente -señala el fiscal de protección de personas con discapacidad- se paralizó esa boda».
También hay ocasiones en las que los hijos no aceptan que los padres rehagan la vida con otras mujeres y el caso acaba en los juzgados. «Si los fiscales tienen dudas sobre la capacidad de esa persona mayor solicitan al médico forense un examen. En una ocasión finalmente el médico forense certificó que el hombre mayor estaba plenamente capacitado y terminó casándose», agrega Norberto Sotomayor.
Hermanos peleados
Se han dado casos de personas que han visto por la calle en una inmobiliaria que la casa de su padre estaba en venta porque otro hermano lo había decidido así. En ese caso, ese hijo pidió la incapacitación para proteger el patrimonio del padre, solicitando medidas cautelares, que terminaron como anotaciones en los registros de la propiedad, lo que limita cualquier enajenación de esos bienes.
Víctimas de bancos e inmobiliarias
Al fiscal de protección de personas discapacitadas de Sevilla ha acudido esta semana un señor para pedir la declaración de incapacidad para un hermano de más de 60 años que tiene un grado de discapacidad física del 65% . «Le han engañado la inmobiliaria y el banco -denuncia- porque le dieron una hipoteca para comprar en Sevilla y le hicieron poner como aval la casa que mis padres le dejaron, de 120 metros cuadrados en la sierra. A él, que tiene una pensión de orfandad de 680 euros mensuales, le vendieron una casa de 65 metros cuatrados, lo que le obligaba a pagar 400 euros mensuales, pero cuando subieron los intereses variables la hipoteca mensual subió a más de 500 euros».
Al final, el banco le ha embargado la casa a su hermano y ha llegado a un acuerdo con él para que pague un alquiler social de 265 euros para quedarse en la misma vivienda que le han quitado. «Ahora se le acaban los cinco años de alquiler social y lo van a echar de la vivienda, por lo que hemos pedido a la Fiscalía que se declare su incapacitación», señala su hermano.
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