Justicia
Alfredo de Diego: «El juez constitucional, independiente e imparcial es un estorbo»
«Ni el PP ni el PSOE quieren perder el control del CGPJ» sostiene el magistrado de Sevilla Alfredo de Diego, autor de «¡Al abordaje! Asalto a la Justicia»
El poder no quiere una Justicia independiente y el máximo órgano de representación de los jueces está «contaminado» desde hace más de 30 años. Es una de las tesis que sostiene el juez Alfredo de Diego en su libro «¡Al abordaje! Asalto a la Justicia» , editado por Colex en la colección Biblioteca Jurídica de Bolsillo.
En este texto, que lleva como subtítulo «Jueces y política: amistades peligrosas», el magistrado, al frente de un juzgado de lo Contencioso Administrativo de Sevilla y Profesor de Derecho Procesal en la Universidad Pablo de Olavide, realiza un minucioso ensayo sobre la situación de la Justicia en España que le lleva a proclamar que el Consejo General del Poder Judicial «está contaminado por el interés político desde hace más de 30 años» y que los partidos no quieren acabar con esa politización. «Ni el PP ni el PSOE quieren perder el control del órgano de gobierno de los jueces», dice el magistrado denunciando «el pasteleo en la designación de los miembros del CGPJ» .
Prologado por José Antonio Gómez Marín, escritor y académico de número de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, el texto, que estará esta misma semana en las librerías, consta de 252 páginas que comienzan con una especial dedicatoria «a los jueces independientes, libres de cargas y servidumbres políticas» . Dividido en dos partes, en la primera se hace un diagnóstico sobre la situación de los magistrados titulado «Jueces y magistrados en riesgo» en la que se habla del sesgo ideológico, la situación de las asociaciones judiciales o las «etiquetas» que se ponen a veces a los jueces como «jueces conservadores versus jueces progresistas». O incluso lo que él denomina «los jueces virales» .
En la segunda parte, bajo el epígrafe «Asalto político al gobierno de los jueces: un factor de corrupción del Estado de Derecho», se detalla todo el proceso de conversión del CGPJ en «una franquicia partitocrática» . Se trata de un trabajo que, como se explica en el prólogo es una «apasionada pero rigurosa diatriba contra la resignación de los jueces» y una «crítica aplastante» de las actuales instituciones reguladoras de la vida judicial.
«Los jueces imparciales son un estorbo»
El juez Alfredo de Diego no deja títere con cabeza en este texto en el que sostiene que el problema no es que haya jueces conservadores o progresistas sino que éstos sean «sectarios, serviciales o incompetentes» y proclama que «el juez constitucional, independiente e imparcial, sometido exclusivamente a la Ley, parece ser un estorbo».
En cuanto a las asociaciones judiciales, De Diego, miembro del Foro Judicial Independiente, asegura que estas tienen una «innegable dimensión sindical profesional» que justifica en el hecho de que los jueces son «asalariados» con derecho a defender sus intereses profesionales a través de estas asociaciones, incluido el derecho de huelga.
También estudia el proceso de la influencia de los medios de comunicación y las redes sociales y «las tendencias en redes como fundamento del fallo» asegurando que «ahora lo que mola es el juez viral» o las sentencias dictadas «en virtud del veredicto social emanado de Twitter y del griterío de una muchedumbre exaltadas por activistas de manual».
Tras esas observaciones, el magistrado parece manifestar su alivio: «Menos mal que nuestros jueces no consultan previamente las redes sociales para determinar el contenido y el fallo de sus sentencias. Eso es precisamente lo que cabe esperar de ellos», escribe.
Se muestra muy crítico con lo ocurrido tras la sentencia de La Manada cuando fue cuestionado el fallo o se produjeron ataques directos a la dignidad del juez. Unos ataques que considera «difícilmente justificables desde la libertad de expresión» . Al hilo de lo ocurrido con la sentencia por la violación grupal, el juez considera que se ha convertido «en una especie de muletilla decir que los jueces no están debidamente formados cada vez que se dicta una decisión que no se ajusta milimétricamente a la tiranía de los prejuicios». Alfredo de Diego califica esa situación como la reacción de quienes «igual levantan un cadalso para ejecutar a unos condenados por abusos sexuales, que convierten en heroína a una condenada por sustracción de menores»” .
Además el libro insiste en la existencia de «puertas giratorias» que permiten que los jueces fichados por los partidos , ya sea para sus listas electorales o para el nombramiento de altos cargos, «puedan pasar del ejercicio de la jurisdicción a la política y desde esta acceder de nuevo a la jurisdicción sin ningún obstáculo». Algo que califica como «jueces políticos de ida y vuelta: de la toga al escaño o al alto cargo y viceversa».
Jueces de salón y jueces de trinchera
En cualquier caso, el magistrado insiste en su principal tesis: A lo que el denomina la «partitocracia» no le interesa el control político de los jueces de base . «Quiere controlar la cúspide y, de paso, ahondar la brecha existente entre los jueces «de salón» y los «de trinchera», de manera que se visualice bien quiénes caminan por pasillos enmoquetados y quiénes están enterrados en trabajo».
Reclama terminar con «el bochornoso chalaneo que en ocasiones se produce respecto de algunos nombramientos; y, la sospecha sobre la arbitrariedad que dan lugar al descrédito de la Justicia». Porque, según recalca, pese a las «grandilocuentes manifestaciones de la clase política en contra de esta anomalía democrática, nunca ha existido verdadera voluntad de acabar con ella».
Una situación que, según define consiste en que para acceder a los altos cargos judiciales y desempeñar las más altas magistraturas, se entiende por mérito «el de tener una relación estrecha con alguno de los vocales del Consejo General» y por capacidad «la de que dicho vocal consiga obtener el número de votos necesarios para sacar adelante su propuesta». El libro llega cuando falta poco más de un mes para que se cumpla el plazo de cinco años para la renovación de los vocales del CGPJ y se ha iniciado ya el proceso de presentación de candidaturas en el máximo órgano de poder de los jueces.
Noticias relacionadas
