Los alcaldes de las siete primeras ciudades de España acuerdan medidas conjuntas contra el coronavirus
En una actuación insólita, los ayuntamientos de Sevilla, Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Málaga y Murcia, gobernados por partidos distintos, piden al gobierno que les permita usar sus presupuestos con autonomía
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![El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, durante la videoconferencia con el resto de alcaldes](https://s3.abcstatics.com/media/sevilla/2020/04/14/s/espadas-videoconferencia-alcalde-U40321496313PiG-U67565061832nfR-1248x698@abc-Home.jpg)
Las siete primeras ciudades de España, salvo Bilbao, han firmado un acuerdo conjunto de actuación contra el coronavirus. Se trata de una medida histórica, ya que supone el acuerdo de PSOE y PP en distintos municipios, lo que demuestra que el consenso es posible ante crisis de gran trascendencia. El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha mantenido este martes una reunión telemática con sus homólogos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Málaga y Murcia para afrontar «los graves problemas y desafíos que plantea la crisis sanitaria y socioeconómica generada por la pandemia mundial del COVID-19», tras la cual han suscrito una declaración «que se plantea como una llamada fraternal al conjunto de la ciudadanía y al resto de administraciones públicas del Estado con el objetivo de reforzar la unidad , la responsabilidad, la solidaridad, la coordinación y la cooperación como elementos esenciales para superar el reto de mayor envergadura que ha sufrido la sociedad española en su actual etapa democrática».
En este manifiesto, los siete alcaldes recuerdan que «pocas cosas han sabido expresar mejor la idea de avance de la humanidad como la ciudad, que nació para facilitar la vida de las personas, pero sobre todo como territorio de convivencia, donde necesitamos unos de otros» y que «las ciudades son los nuevos motores de la economía global, y al mismo tiempo pueden ser los principales actores ante los retos del cambio climático y la lucha contra la desigualdad y la pobreza». El texto señala también que «en 1950, aproximadamente el 30% de la población podría considerarse urbana. En el año 2000 el porcentaje de la población urbana era ya del 50%. Según ciertas previsiones solventes, en el año 2025, cerca del 70% de la población mundial será urbana . Por primera vez en la historia de la humanidad la mayor parte de la población del planeta vive en ciudades. Nunca el mundo había sido tan urbano».
En este sentido, las ciudades que han firmado el pacto acogen más de 8 millones de habitantes (17% de la población española) en apenas el 0.64% de la superficie del territorio nacional. «Sin embargo, en nuestros términos municipales se sitúan el 25% de las empresas españolas, el 50% de las universidades , y lo que es más importante, los territorios cuya capitalidad representamos acogen el 71.8% del gasto de I+D, el 72% del personal investigador a tiempo completo y alrededor del 80% de la innovación tecnológica y científica», explican los firmantes. «No estamos viviendo una época de cambios, sino un cambio de época«, recalcan.
Por todo ello, entienden que los ayuntamientos « somos la administración más cercana a la ciudadanía , la primera puerta donde nuestros vecinos y vecinas acuden legítimamente para plantear sus necesidades y recabar ayuda y soluciones. Una circunstancia que asumimos como un deber incuestionable que nos convierte muchas veces en gestores de las medidas adoptadas desde otros ámbitos administrativos y que, en estas circunstancias excepcionales, requiere maximizar la coordinación, la empatía y la lealtad entre instituciones».
La primera reclamación conjunta es al Gobierno de España a los de sus respectivas comunidades autónomas : «Los ayuntamientos necesitamos contar con el respaldo del Gobierno de la Nación y de las Comunidades Autónomas para disponer de capacidad y recursos oportunos que nos permitan garantizar respuestas eficientes a los problemas que está generando el coronavirus y, muy especialmente, a los que van a generar durante los próximos meses las necesarias medidas adoptadas para atajar su propagación».
Por todo ello, para poder hacer frente a esas necesidades, y en consonancia con la declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias del pasado 2 de abril, reclaman un cambio del marco financiero global basado en siete puntos . Primero, «que se nos permita hacer uso de los remanentes acumulados de ejercicios económico anteriores sin ningún tipo de limitación. No hay mejor destino posible para esos ahorros conseguidos con esfuerzo y disciplina en la administración municipal que colaborar en la lucha contra el COVID-19, proteger a los más vulnerables y participar en la muy necesaria reactivación económica». En segundo lugar, «que se suspendan los plazos establecidos para la presentación de los planes económico-financieros mientras dure el estado de alarma». Tercero, «que se flexibilicen los criterios de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto para aumentar el gasto público». En cuarto lugar, «que los grandes ayuntamientos tengamos acceso a los fondos europeos extraordinarios para la mitigación de la crisis». También reclaman que «se habiliten fondos nacionales en los que podamos participar para financiar los grandes déficits de tarifa que se están generando en el transporte municipal, incrementar la prestación de servicios sociales y participar en el desarrollo de políticas de empleo». En sexto lugar, piden que «ante la crisis económica que ha empezado a crecer con inusitada fuerza, es preciso establecer mecanismos de financiación y recursos para que se desarrollen programas de empleo en las grandes ciudades coordinados desde los ayuntamientos». Y por último, «que el Estado nos permita avalar líneas de crédito para ayudar a autónomos y pymes».
Ese paquete de medidas ya ha sido enviado a las respectivas autoridades. Lo firman el alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE); el de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP); la de Barcelona, Ada Colau (Podemos); el de Valencia, Joan Ribó (Compromís); el de Zaragoza, Jorge Azcón (PP); el de Málaga, Francisco de la Torre (PP) y el de Murcia, José Ballesta (PP).
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