Alaya será ponente en el juicio por la estafa de Contsa
La empresa está en suspensión de pagos desde 2008
La jueza Mercedes Alaya será ponente en el juicio previsto a partir del próximo 16 de noviembre en la Audiencia de Sevilla por la estafa piramidal de Contsa, empresa en suspensión de pagos desde 2008 que provocó un «déficit patrimonial» de 87 millones de euros repartidos entre 1.658 acreedores.
En el juicio se sentarán en el banquillo de los acusados el dueño de la empresa, José Salas Burzón , para el que la Fiscalía pide 13 años de cárcel, y su exesposa, Carmen B.D ., para la que pide seis.
Alaya fue hasta junio pasado la titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, en el que comenzó hace casi cinco años la investigación sobre el caso de los ERE fraudulentos, tras lo cual abrió otras macrocausas que afectaban a la gestión de la Junta de Andalucía, como los cursos de formación o los avales a empresas.
La jueza Alaya optó a una de las nuevas plazas en la Audiencia de Sevilla y la logró en la sección séptima, en la que se incorporó en junio pasado.
El juicio de la inmobiliaria Contsa Corporación Empresarial será el segundo que presida Alaya desde que está en la sección séptima tras hacerlo con uno por tráfico de drogas , según han informado a Efe fuentes judiciales.
Otras fuentes han explicado que la defensa de Contsa pretendía llegar a un acuerdo que evitara el juicio, «más aún tras conocerse que Alaya era la ponente », aunque finalmente no habrá pacto y se celebrará la vista oral.
El juicio se celebrará durante doce sesiones los lunes y martes de cada semana y acabará el 22 de diciembre si se cumple el calendario fijado por la Audiencia de Sevilla.
La Fiscalía acusa al dueño de la empresa de un delito societario , por el que le pide tres años de prisión; de un delito continuado de estafa en concurso ideal con otro de falsedad en documento mercantil, por el que le solicita siete años de cárcel, y de un delito de insolvencia punible, por el que le reclama tres años de prisión.
A su exmujer la Fiscalía le imputa un delito continuado de estafa en concurso ideal con otro de falsedad en documento mercantil, por el que le solicita cuatro años de cárcel, y otro de insolvencia punible por el que le pide dos años de prisión.
Según la Fiscalía, ambos son responsables de la quiebra de Contsa, de «estructura piramidal» y en cuyas cuentas dejaron un déficit patrimonial de 87 millones de euros de 1.658 acreedores, que solo estaban registrados en una lista paralela o B que manejaba el acusado.
La actividad mercantil de Contsa se financiaba con inversores privados que suscribían préstamos participativos con intereses de entre el 5 y el 45 %, aunque los más frecuentes eran del 20 %, de modo que atendía al año intereses por valor de 20 millones de euro s, según la Fiscalía.
La principal actividad real sería la captación de más prestamistas que permitieran atender los intereses de los preexistentes, además de las amortizaciones de principal de los que no quisieran renovar los vencimientos anuales, hasta crear una «estructura piramidal», explica las acusación pública.
Además del tipo de interés, el «atractivo» que ofrecía a los inversores era la posibilidad de no declarar las inversiones ni sus rendimientos a Hacienda , según señala la Fiscalía.
Paralelamente, el acusado tenía 11 millones de euros de financiación bancaria para la actividad inmobiliaria, que era «mínima», indica el fiscal antes de apuntar que el acusado simulaba tener un «fuerte dinamismo» a través de relaciones comerciales ficticias a través de las 39 sociedades que creó .
El acusado distrajo capital de los inversores hacia terceras sociedades sin actividad de su círculo familiar o de amistades, que de esta forma «engordaban» sus activos a costa de los inversores, indica el fiscal, que también le acusa de que, cuando en 2007 sabía que la estructura era «insostenible» y era «inminente la insolvencia», distrajo bienes de la sociedad mercantil.
El dueño de Contsa ya fue condenado a 22 meses de prisión por dos delitos contra la Hacienda Pública, mientras que su esposa fue absuelta, una decisión judicial que se recurrió.
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