La agenda judicial se reactiva con grandes procesos hasta final de año
El mes que viene arranca el carrusel con el juicio por el fallecimiento de una niña durante un tiroteo en el barrio de las Tres Mil Viviendas hace ya tres veranos
La primavera también altera o más bien revoluciona la agenda judicial. En breve se van a celebrar algunos juicios subrayados en el calendario penal sevillano que centrarán la actualidad informativa. Sin ir más lejos, el 9 de mayo arranca el proceso en la Audiencia Provincial contra 14 miembros del clan de los Perla por la muerte de Encarnación S.S., la niña de siete años a la que le alcanzó una bala durante un tiroteo en las Tres Mil Viviendas en el verano de 2013.
A los Perla se les imputan los presuntos delitos de homicidio, contra la salud pública, encubrimiento y tenencia ilícita de armas . Según el auto de procesamiento, se enteraron en la medianoche del 21 de agosto de 2013 de que Rafael G.J., alias Faito, con quien «habían tenido conflictos con anterioridad derivados del tráfico» de drogas , estaba en un piso del Polígono Sur.
«Con ánimo de acabar con su vida y aceptando la posibilidad de poder acabar con la vida de alguno de los restantes moradores de la vivienda», varios miembros de la familia se dirigieron a las inmediaciones de una casa, en la calle Orfebre Cayetano González , portando armas de fuego, varas y cadenas.
Mientras la matriarca, María del Carmen B.H., la Perla, gritaba «matad al Faito» , su marido, Antonio G.G., y su hijo habrían comenzado a disparar hacia la vivienda con una pistola Glock y una escopeta Fabarm, respectivamente, provocando el fallecimiento de la niña e hiriendo a sus padres.
Los Perla se desplazaron hasta Mijas , donde la Policía detuvo a los sospechosos dos días después interviniéndoles 510.439 euros , ocho kilogramos de joyas, la Glock utilizada en el tiroteo, una segunda pistola, dos cargadores, 206 cartuchos y 87,14 gramos de hachís dispuestos para su venta. Además, en el domicilio de la matriarca, se decomisaron 355 gramos de cocaína .
El juicio arranca en cuatro semanas y se presume largo , ya que hay previstas 14 sesiones . Antes, un jurado popular enjuiciará este mismo mes a un técnico de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y un trabajador de la Agencia del Medio Ambiente y Agua de la Junta acusados de un presunto delito de cohecho . Ambos supuestamente habrían amenazado al propietario de dos pozos ilegales ubicados en Marchena con una sanción de 60.000 euros para, acto seguido, pedirle 4.000 euros para un abogado especializado en recurrir estas multas más otros 1.000 a cambio de demorar la tramitación del expediente.
Los hechos se habrían producido durante una visita de inspección a la finca del extorsionado realizada el 19 de abril de 2012. La Fiscalía pide cuatro años y medio de prisión para cada uno, una década de inhabilitación, multa y condena en costas.
Hay otro juicio de gran interés mediático y pendiente de fecha cuya celebración no se va a demorar mucho , ya que el baile de recursos prácticamente ha cesado. Es el de la ex alcaldesa del PP de Bormujos Ana Hermoso, acusada de presunto cohecho por el famoso bolso de Loewe a cambio del cual habría apoyado una moción de censura en 2005 contra el PSOE. Según la acusada, en realidad el bolso sería un regalo amoroso que le hizo el empresario Jesús Calvo Soria, vinculado a la trama Gürtel.
Estreno de Alaya
Es el primer juicio como presidenta de un jurado popular que le ha tocado en el reparto a la flamante magistrada de la Audiencia Provincial Mercedes Alaya. Para Hermoso, la Fiscalía propone un año de prisión , seis de inhabilitación y el pago de una multa de 500 euros. Los socialistas, que ejercen la acusación popular, piden 40 euros más de multa. Está por ver el efecto que tiene la anulación como prueba por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de la famosa grabación del empresario Enrique Gaviño.
Más mediático aún será el juicio contra el jugador del Real Betis Balompié Rubén Castro por presuntos malos tratos habituales a una antigua pareja, sin fecha aún por el retraso derivado de los recursos presentados por las partes pero que se debe definir próximamente . Por otro lado, siguen en instrucción pero pueden quedar señalados antes de verano los juicios por el crimen del vicario de San Isidoro y el de la heladera de la Macarena .
Quedó definitivamente fijado para principios de noviembre el juicio en Penal 11 contra el conductor ebrio que junto a la muralla de la Macarena atropelló mortalmente a un ciclista en la madrugada del 28 de febrero de 2013. Dos años y medio de cárcel le pide el fiscal por un presunto delito contra la seguridad vial y otro de homicidio imprudente. La defensa alega que no se saltó el semáforo en rojo.
Este juicio estaba señalado para el pasado día 4, pero se suspendió por la incomparecencia de los peritos policiales. Tres cuartos de lo mismo ocurrió con el caso de la muerte hace ya cinco años de la trabajadora que, sin estar dada de alta y sin ningún elemento de seguridad, sufrió un accidente recogiendo naranjas en Triana : ante la imposibilidad de localizar en enero al otro empleado herido el mismo día, el juicio tuvo que aplazarse a diciembre .
Terrenos de Mercasevilla
Para después de verano se prevé el gran juicio político del año : el Juzgado de lo Penal 13 de Sevilla celebrará el segundo proceso derivado del caso Mercasevilla sobre el concurso presuntamente fraudulento de venta de los terrenos con el que la empresa municipal pretendía financiar su traslado a Majarabique.
Entre octubre y noviembre , en jornadas matinales de martes a jueves, los diez procesados por esta rama del caso se sentarán en el banquillo de los acusados por un presunto delito de fraude y otro de exacciones ilegales —sancionados con hasta con dos años de cárcel — en concurso con un supuesto delito de prevaricación .
A Antonio Rodrigo Torrijos , ex primer teniente de alcalde de IU y máximo responsable político encausado, lo acompañarán el ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet ; Domingo Enrique Castaño , ex asesor municipal del PSOE; Gonzalo Crespo , ex concejal y ex presidente de la lonja; María Victoria Bustamante , ex jefa de Vía Pública en el área de Urbanismo; Jorge Piñero , ex asesor de Mercasevilla; el economista José Antonio Ripollés ; y los directivos de Sando José Luis Sánchez Domínguez, Luis Sánchez Manzano y José Luis Miró.
La Fiscalía pide dos años de cárcel para los diez acusados y nueve de inhabilitación para Torrijos y Castaño para ejercer empleo o cargo público. Para los empresarios propone también inhabilitación para poder contratar con el sector público . Igualmente, el fiscal solicita que se anule el concurso y el contrato firmado en febrero de 2006 entre Sando y Mercasevilla.
En el auto de cierre de instrucción, la ex titular del Juzgado de Instrucción 6, Mercedes Alaya, señalaba que habría habido un «concierto previo» entre los acusados con el fin de que el concurso «fuera adjudicado mediante artificio y en contra de la legalidad a la entidad Sanma», una filial del grupo Sando que no presentó la oferta económica más ventajosa para el mercado central, que correspondió a Noga con una diferencia de 50 millones de euros.
La constructora se habría visto beneficiada con dos cláusulas del pliego de condiciones: la limitación al alza, que «penalizaba extrañamente» las ofertas superiores al 10% de la media de las restantes, y el derecho de superficie previo . Sólo Sanma cumplía el requisito al comprar meses antes de la subasta parte de los suelos de Mercasevilla a Larena98.
Otro proceso que trae cola y que está próximo a solventarse en la Audiencia con jurado es el que sentará en el banquillo de los acusados a la ex concejal socialista de Festejos en el Ayuntamiento de Los Palacios Rosario Ayala , imputada por un delito continuado de malversación, en concurso ideal con otro delito de falsedad en documento público, por comprarse presuntamente tres trajes de flamenca con fondos públicos . La Fiscalía le pide cinco años de cárcel .
