Tráfico aéreo

Aeropuerto Sevilla-Velázquez ¿y esto quién lo paga?

El cambio de nombre tiene un coste para la renovación de carteles, documentos administrativos y señalizaciones, que asume la entidad o la administración que lo propone

Edificio de la terminal de San Pablo con el desaparecido cartel ABC

Elena Martos

La iniciativa promovida por los propietarios de la casa museo de Velázquez para cambiar el nombre del aeropuerto de San Pablo por el del pintor sevillano ha recibido el apoyo de quince entidades culturales y turísticas, que ven en las obras de ampliación del recinto una oportunidad para darle una nueva denominación. Se trata de la asociación de guías oficiales de turismo (AGOT), las asociaciones y fundaciones andaluzas (AFA), la federación de comercios y servicios del Centro (Al Centro), la asociación para la defensa del patrimonio de Andalucía (Adepa), Hispania Nostra, la asociación de guías turísticos de Sevilla (AUITS), la Asociación Sevillana de Empresas Turísticas (ASET), la Federación Artesanal de Sevilla (FAS), la asociación de guías de turismo APIT Sevilla, la asociación de guías turísticos de Sevilla (Passiontours), la asociación cultural y solidaria El Anaquel, la Hermandad Nacional Monárquica, la asociación cultural de recreación histórica Tercio de Olivares, la asociación de vecinos y comerciantes Pumarejo-San Luis y la asociación cultural y solidaria Barrio Ancha de la Feria.

El Gobierno local les ha mostrado su apoyo y ha iniciado los contactos para elevar la propuesta tanto al Ministerio de Movilidad como a Aena , pero dejando claro que no es el promotor de la misma, sino que parte de la sociedad civil .

El aeropuerto, que adoptó el nombre de la finca sobre la que fue edificado, ha ido desprendiéndose de la denominación San Pablo en las comunicaciones públicas y administrativas , aunque ese nombre original sigue figurando en la ficha catastral y en los billetes de cada viajero que para por su terminal. Varias han sido las iniciativas que se han propuesto con anterioridad para cambiarle el nombre, pero todas se han quedado por el camino. Tal vez la constatación de que ejecutar la propuesta no es gratis haya sido el freno . No son pocos los casos que ha habido en la última década en España y en todos ellos, salvo alguna excepción, el que propone es el que paga. El gestor público lo deja muy claro cuando prospera una iniciativa y así lo recoge en el convenio que regular el cambio de denominación.

Los primeros que plantearon esta posibilidad fueron los empresarios del sector turístico de Jaén para que el aeropuerto de Granada incluyera el nombre de su provincia. Y ya iniciado el trámite, se incluyó también el del escritor Federico García Lorca. El cambio se hizo efectivo en 2006 y supuso un coste de unos 30.000 euros que se abonaron con cargo al plan especial Activa que gestionaba la Diputación jiennense.

El mismo proceso lo superó el aeropuerto de Málaga en 2011, que pasó a llamarse Málaga-Costa del Sol, que no Pablo Ruiz Picasso , como se ha mencionado estos días –el genial pintor sólo da nombre a la segunda terminal del recinto, inaugurada en 1991–. La iniciativa partió de los empresarios del turismo de esta comarca y recibió el apoyo de la Diputación y el Ayuntamiento de Málaga, en una colaboración público-privada para el cambio de denominación.

A partir de ahí hubo una auténtica fiebre por renombrar aeropuertos en toda la red española. Curioso fue el caso de Alicante, al que se añadió el nombre de Elche , que fue el municipio que cargó con el pago de 50.000 euros. Algo menos le costó al gobierno regional de Cantabria que el aeropuerto de Santander se llamara Severiano Ballesteros, en honor al tenista fallecido. También fue el presupuesto que manejó el Consorcio de Santiago, en el que están integrados el Gobierno central, la Xunta de Galicia y Ayuntamiento de la ciudad, para añadir el nombre de la escritora Rosalía de Castro al cartel del principal aeródromo gallego.

En el archipiélago canario también se ha extendido esta moda con un resultado dispar. El cambio de nomenclatura más rápido se consumó en Tenerife Norte que desde hace apenas un año también incorpora una referencia a la ciudad de La Laguna . Su ayuntamiento sufragó el coste, que superó los 40.000 euros, en cumplimiento al acuerdo suscrito con Aena.

Hasta los 55.000 se elevó el montante para renombra el aeropuerto de Lanzarote como César Manrique . Lo promovió el Cabildo de la isla, que elevó la propuesta a Aena, pero que no quiso desembolsar el dinero. La defensa fue que la empresa pública había asumido el gasto para que el aeropuerto de Madrid se llamara Adolfo Suárez en 2014 y tenía en trámite hacer lo propio con el Prat de Barcelona, que ahora lleva el nombre de Josep Tarradellas , a pesar de la disconformidad del Gobierno catalán. En ambos casos el montante superó los 500.000 euros, pero se hicieron a petición del entonces Ministerio de Fomento, hoy Movilidad y Agenda Urbana.

Los canarios denunciaron el agravio y llevaron la propuesta hasta el Senado reclamando que fuera Aena la que pusiera ese presupuesto. El momento les favoreció y encontraron apoyo en el socialista tras la moción de censura, que finalmente decidió tomar las riendas de esta propuesta y asumir la carga económica.

Algo más avanzados que los promotores sevillanos están las propuestas de Zaragoza , cuyo Ayuntamiento ha pedido llamar al aeropuerto Francisco de Goya , y Almería , que elevará una iniciativa para que se llame Antonio de Torres a expensas del Consistorio de la capital. En ambos casos se ha hecho a petición de un sector privado que no tiene capacidad económica para financiarlo y se asumirá con fondos de las arcas municipales. Tal vez en Sevilla haya que hacer lo propio si se pretende borrar el nombre de San Pablo para que lleve el nombre de Diego Velázquez.

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