TOMARES
Absuelven a tres concejales del PP de acoso laboral a un trabajador municipal
El hijo de un antiguo concejal de IU aseguró que fue «represaliado» por declarar en su contra en el caso de los informes, que también archivó la Justicia
Los exconcejales del PP en Tomares Pilar Domínguez Serra, Juan Antonio Campos Jabalquinto y Mercedes Fuentes han resultado absueltos de acoso laboral y obstrucción a la Justicia. Fueron denunciados por un empleado municipal, hijo de un antiguo concejal de IU en el Ayuntamiento de Tomares , que alegó haber sido represaliado después de declarar contra ellos en un juzgado que entonces investigaba los pagos por informes realizados por Juan Antonio Campos al Ayuntamiento aljarafeño.
En este caso llegó a estar investigado el alcalde, José Luis Sanz , finalmente exculpado por el Tribunal Supremo , a quien se remitió la causa por su condición de aforado. También la juez decidió archivar finalmente la causa contra otros concejales por el pago de los informes, aunque su resolución no es firme y está pendiente del recurso presentado por el PA municipal
Este trabajador del Ayuntamiento denunció por acoso laboral y obstrucción a la Justicia a los tres concejales y declaró que se le había quitado u n complemento salarial de 245 euros , el uso de un coche y su ordenador. También afirmó que le habían amenazado con el despido y que sería uno de los primeros trabajadores contratados en salir del Ayuntamiento, según su denuncia).
Por estos delitos el fiscal pidió dos años y nueve meses de cárcel para cada concejal y la acusación particular cuatro años y medio . La juez de lo penal 6 ha atendido el argumento de la defensa, ejercida por Alberto Pérez-Miranda en el caso de Campos y Domínguez, y les ha absuelto.
No queda acreditado
En la sentencia, la magistrada-juez del Juzgado de lo Penal nº 6 de Sevilla afirma que lo único que ha quedado acreditado es que la totalidad de los ordenadores retirados «se repusieron lo antes posible» y que no ha quedado acreditado un trato degradante, ni siquiera maleducado, de ninguno de los acusados.
Sobre el uso de un vehículo municipal, afirma la sentencia que solo lo usa ahora el concejal y que hay otra persona que también lo usaba y dejó de hacerlo, de modo que no cabe considerarse una represalia contra el demandante.
Respecto al complemento salarial transitorio, asegura que «son muchos los trabajadores municipales que no lo cobran» y que se trata de «un complemento que se renueva cada cierto tiempo por parte del alcalde ».
También se afirma que el denunciante no fue al único trabajador al que se le quitó el acceso al puerto USB del ordenador , sino que fue «algo general para todos, siendo necesaria una autorización expresa para restituirlo ».
En cuanto a la última acusación de que el Ayuntamiento le habría quitado funciones al denunciante, versión avalada por otros empleados, « es en realidad es una afirmación que realizan sólo de oídas» , dice la juez.
Pese a que el PP sigue gobernando Tomares y han pasado más de cuatro años desde los hechos denunciados, el demandante, según constata la sentencia, continúa trabajando en el Ayuntamiento a pesar de no ser funcionario, con lo cual «las presuntas amenazas de echarlo de su puesto no se habrían materializado».
La Fiscalía consideró demostrados los daños morales y solicitó que los concejales indemnizasen al demandante con la cantidad de 2.000 euros, la tercera parte de lo que reclamó el trabajador. No tendrán que darle ni un euro.
