Sevilla
Las causas judiciales contra la administración, una lucha sin igualdad de armas
El sevillano que decida, en defensa de sus intereses, emprender un litigio asume el riesgo de las costas, «quien pierde paga», y la actitud combativa de los poderes públicos
Las demandas colectivas: una jugada a todo o nada
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El pasado mes de mayo se conocía que un joven de Écija de 19 años había presentado una reclamación patrimonial contra el Ministerio de Sanidad por un millón de euros como indemnización por las lesiones que padece como consecuencia de la segunda vacuna contra ... el Covid-19, que le han dejado en una silla de ruedas y con un grado de discapacidad del 84%. Esta reclamación patrimonial por vía administrativa es el paso previo, y obligatorio, para acudir a la jurisdicción Contencioso-Administrativa, donde se librará una lucha judicial sin igualdad de armas.
El ciudadano, que en la defensa de sus intereses y derechos, decida litigar contra los poderes públicos asume los riesgos de las costas, «quien pierde paga», y de la actitud combativa de la administración. María Jesús Villalpando es especialista en derecho sanitario y abogada de la Asociación del Defensor del Paciente a nivel nacional.
En su análisis de la jurisdicción Contencioso-Administrativa, concluye que está «obsoleta y caduca, poco ágil y muy pro-administración», por lo que aboga por una «importante» reforma. «No hay igualdad de armas procesales, no se juega con las mismas bazas», insiste la letrada, quien advierte de que está «viciado 'per se'», lo que significa que es «mal campo de batalla para litigar».
Sobre las costas, un «arma de doble filo», como admite el juez de lo Contencioso-Administrativo 10 de Sevilla, Francisco Gutiérrez, la experta en derecho sanitario subraya que en esta jurisdicción «quien pierde paga», si bien en Sevilla «no corres riesgos, es una voladura controlada», pues existe un acuerdo del Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA con sede en Sevilla de mayo de 2018, que viene a limitar las costas de en primera (1.000 euros) y en segunda instancia (800 euros).
Aunque el magistrado Gutiérrez aclara que se trata de unas cantidades orientativas, porque es facultad del juez fijar las costas. Unas costas fijas «sería justo e injusto», pues hay procedimientos muy costosos, no sólo es la minuta del abogado. Las costas se establecen en función de la base de la indemnización reclamada: si ésta es de un millón, sería más del diez por ciento.
Una muestra, aunque sea de otra jurisdicción. Un juzgado de Primera Instancia de la capital, en el caso por la herencia millonaria del ganadero sevillano José Benítez-Cubero, en el que una hija extramatrimonial reclamaba parte de su herencia, doce millones de euros, acordó otorgarle el 1% (120.000 euros) y condenarla en costas a pagar más de 220.000 euros.
Un lustro...
Además de este riesgo, está la actitud combativa de la administración. Según Villalpando, sólo en un 0,5% reconoce en vía administrativa su responsabilidad y cuando lo hace fija una cuantía indemnizatoria «ridícula». Esto es, «hay que litigar sí o sí». Y se refiere a cualquier ámbito, no sólo sanitario, también por accidentes, caídas, etc. Y después están los plazos. Son procesos «lentos».
Al tener que interponer la reclamación ante la administración competente, ésta tiene seis meses para responder. El silencio administrativo se entiende por desestimatorio. El siguiente paso es la vía judicial. En los trece juzgados de Sevilla no está tardando «excesivamente», entre ocho meses y un año.
Eso sí, los 400 asuntos anuales de cada juzgado son de complejidad, pues al ser Sevilla sede de la Junta de Andalucía se ven asuntos de subvenciones, obras públicas (Metro de Granada), funcionarios, etc. No son los mismos pleitos en Cádiz que en Sevilla. El retraso «enorme» se produce en el TSJA. De tres a cuatro años más.
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