Carlos Vázquez culpa a la prensa de su imputación en el caso DeSevilla

Los «desafueros informativos de algún medio escrito de comunicación» —no concreta cuál— son, a juicio del exdelegado de Economía del Ayuntamiento, Carlos Vázquez, los causantes de su imputación en el caso de la Fundación DeSevilla, en el que el juez de instrucción número 16, Juan Gutiérrez Casillas, investiga el desvío de un millón de euros «para fines particulares o partidistas». En un escrito de alegación de Vázquez al que ha tenido acceso este periódico, el responsable comunista asegura que se está haciendo contra los imputados una «investigación universal de cuantos hechos, suposiciones, rumores y desafueros informativos de algún medio de comunicación puedan desprestigiar el honor de representantes políticos de partidos que no sean los que sustentan determinadas instituciones políticas». En su opinión, todo responde a un supuesto enfrentamiento ideológico, ya que «no es objeto de este procedimiento ni de ningún procedimiento penal realizar una investigación inquisitiva y prospectiva a la búsqueda indiscriminada de algo por lo que acusar, ni procede escudriñar en la contabilidad buscando delitos». Añade el escrito presentado ante el juez en nombre de Vázquez que «no pueden admitirse causas generales contra las personas,» y que «no compete a la jurisdicción penal determinar si la Ley de Subvenciones ha sido respetada por la Fundación DeSevilla», ya que esto sería «competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa». Esto es, no hay delito por el supuesto desvío de un millón de euros cuyo destino no ha sido aclarado por ninguno de los imputados. Según Vázquez, hay un expediente de reintegro en vía administrativa —no detalla que el dinero salió de las arcas públicas y que dicho reintegro no se llegó a producir porque no había fondos y el Ayuntamiento tuvo que dar una inyección a la Fundación— y eso «no es asimilable a la comisión de una infracción penal». Otro de los imputados, el exteniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos, se suma a esta teoría y, en otro escrito, ha impugnado a los peritos designados por el juez tras el informe en el que confirman el desvío del dinero.

Torrijos basa su alegación en que la empresa a la que el juez ha encargado la pericial, la auditora KPMG, también trabaja para el actual Ayuntamiento, lo que implica la ausencia de «imparcialidad» de la misma. Sostiene el exportavoz de IU que «la entidad KPMG es una empresa que ha sido contratada por los actuales representantes del Ayuntamiento de Sevilla y/o sus empresas municipales, pertenecientes al Partido Popular para que analicen e inspeccionen expedientes y actuaciones llevadas a cabo en la etapa de gobierno anterior por los anteriores representantes políticos, esto es, pertenecientes a Izquierda Unida y el Partido Socialista Español», por lo que «debe tenerse en cuenta que el Ayuntamiento. de Sevilla y sus empresas municipales pertenecen e integran el Patronato de la Fundación DeSevilla, que es precisamente quien ejerce la acusación particular». Además, según Torrijos, estos informes realizados para el actual gobierno por KPMG se han hecho «con el fin de instar a procedimientos judiciales contra los anteriores gobernantes de distinta ideología». Eso, en su opinión, invalida a esta auditora para peritar las cuentas de la Fundación DeSevilla por orden del juez.

El magistrado aseguró en un auto fechado el pasado 24 de noviembre que tendrá en cuenta los argumentos de la impugnación, pero en ese mismo escrito solicitó a los peritos que ampliaran su informe comprobando si los trabajadores de DeSevilla tenían que pagar parte de su sueldo al Partido Comunista todos los meses, a lo que se suma la Fiscalía.