caso marismas
Las grabaciones del caso Marismas: «La Junta llamó indicando quién debía ganar»
Las cintas aportadas al sumario revelan el posible amaño del concurso para las obras de modernización de la margen izquierda del Guadalquivir: «Se decidió en cinco minutos y ganó la quinta de la lista, que tenía experiencia cero»
Más de un 30 por ciento de las obras de modernización de la Comunidad de Regantes del Guadalquivir, que fueron adjudicadas en 2004 a la UTE Befesa-Alpi gracias a la aportación europea y de la Junta para reformar todas las conducciones de la margen izquierda del río hasta Lebrija, se pagaron por parte de la Junta de Andalucía sin que se hubieran hecho. Esto es lo que sostiene un informe de Ayesa que ha sido aportado al juez de instrucción número 16, Juan Gutiérrez Casillas, que investiga un posible fraude de 40 millones de euros procedentes de Europa en el llamado «caso Marismas». Y las principales pruebas, aceptadas ya como válidas por el magistrado tras el análisis pericial de la Guardia Civil, son las grabaciones que hicieron los propios regantes. En ellas se habla del amaño del concurso, de sobornos y de las citadas certificaciones de obras que no se habían hecho y que fueron aprobadas por funcionarios y cargos políticos de la Consejería de Agricultura. Por todo ello, el juez está llevando a cabo una investigación muy amplia en la que señala como «inculpados» al gerente de Befesa en 2012, empresa que había ganado el concurso, al primer director de obra, al anterior presidente de la Comunidad de Regantes y a cuatro responsables públicos. Las grabaciones, incluidas en el sumario, son muy elocuentes.
En primer lugar se trata el posible amaño del concurso. Uno de los testigos de la Comunidad de Regantes, Rafael Algarín, declaró a la Guardia Civil que el anterior presidente de esta entidad, el imputado Diego García Santos, le contó que lo había llamado el director general de Agricultura de manera personal y que el primer director de obras, Manuel Sánchez, dijo en una reunión «de viva voz que desde la Junta de Andalucía se emitió una llamada telefónica indicando la oferta a elegir de las empresas licitantes». En efecto, la literalidad de la grabación es la siguiente. El director de obra confiesa que en la mesa de adjudicación se decidió la ganadora en cinco minutos, tiempo en el que «difícilmente se pudo analizar nada». Y luego da una clave: «Hubo una llamada, que me dijo Diego (García Santos, presidente de los regantes, que era la entidad que adjudicaba), antes de la votación del director general instando a que se votase a alguna de las empresas andaluzas o votar a Befesa o votar a Alpi, que tenía experiencia nula».
Sánchez también explica que «yo redacté el proyecto de licitación con una serie de mejoras que ellos hacen y que durante un mes y pico se estudiaron las ofertas más válidas y finalmente se hizo una lista de cinco empresas que en principio iban a ser tres, pero que la Comunidad de Regantes instó a que fueran las cinco primeras. Este trabajo lo hizo Tharsis y participaron dos miembros de la Junta de Andalucía». Según indica, allí «se elaboró un dossier y se expuso a la asamblea antes de la votación y se decidió en cinco minutos que la empresa elegida era la quinta de la lista». La última. «No podíamos imaginarnos que se iba a tardar tan poquísimo en decidir quién era la adjudicataria y muchísimo menos que iba a ser la última en la lista, ya que en este tipo de obra tenía experiencia cero».
Lo más curioso es que antes había ganado otra UTE, formada por empresas locales —Tegner, Meci—, pero la Junta la rechazó porque la segunda empresa, propiedad del cónsul de Turquía, no tenía certificado para poder contratar con la administración. Sin embargo, la empresa ganadora, Befesa, las subcontrató después. El director de obra también lo dice en la grabación: «Befesa era la que iba a dar la cara a la Junta de Andalucía, pero la que realmente iba a hacer las obras era la otra».
Eso lo certifica un responsable de Befesa, Federico Barceló, en otra de las grabaciones aportadas al caso. Un regante le pregunta: «¿Eso de que les obligaron a contratar con Tegner y Meci?». El representante de la empresa ganadora contesta: «Era una condición del contrato si queríamos ser adjudicatarios, está puesto hasta por escrito, hecho en un notario».
Para culminar esta parte de la historia, que es sólo la rama que afecta al posible amaño del concurso, los denunciantes aportan otra grabación realizada al dueño de la citada subcontrata Tegner, Emilio García Navarro, que llega a afirmar que «en esta obra manda la Junta de Andalucía». Y relata cómo, pese a ganar el concurso fueron rechazados porque su socio, Meci, no tenía calificación: «Cuando sale la licitación ya tiene calificación y la mete, pero Ruiz Orta (jefe de servicio) detecta que es posterior a cuando se hace la licitación. Eso no pasaba nada si no hubieran querido que la obra fuera para Befesa. Echaron a éste, echaron al otro…».
El juez investiga el patrimonio personal
Las cintas ya han sido aceptadas por el juez como «pieza de convicción». La Guardia Civil ha certificado que no fueron manipuladas y que las conversaciones que contienen son reales. Además, el magistrado también ha dictado una providencia el pasado 27 de noviembre en la que permite la personación de varios de los cargos de la Junta denunciados por la Fiscalía y ordena una exhaustiva investigación del patrimonio de los implicados.
Concretamente, el magistrado otorga oficios a la Guardia Civil para que la Unidad de Auxilio Judicial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la Delegación de la Agencia Estatal de Andalucía expidan informes «de los datos existentes en la base de datos centralizada de la AEAT» referidos a los inculpados durante «los ejercicios 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 relativos a Impuesto sobre la Renta, Impuesto sobre el Patrimonio, retenciones de trabajo, fincas urbanas y rústicas, impuestos de sociedades, autoliquidaciones de actividad exterior, sociedades, empresas en las que figura y cargo de las mismas, relaciones con terceros, modelo 347 completo y aquella información que pueda ser relevante para la investigación de la causa».
Las personas y entidades a las que afecta esta medida adoptada por el juez son los antiguos miembros de la Comunidad de Regantes Cristóbal Díaz, Diego García Santos; los responsables de la Consejería de Agricultura Francisco Ruiz Orta, Manuel Antonio Cruz-Guzmán, Carlos Javier Rodríguez y Julián Martín Jorreto; el empresario Emilio García Navarro y su propia empresa, Tegner, así como Befesa y Meci Works, propiedad de Manuel Moreno, cónsul de Turquía. También están implicados Mariano Garamendi, Manuel Gálvez y José García.
De todos ellos ha pedido también el juez a la Confederación Española de Cajas de Ahorro y otras entidades bancarias «información referente de las sociedades y personas investigadas» como cuentas corrientes, depósitos bancarios, hipotecas, préstamos... El magistrado ve indicios claros del fraude y llegará hasta el final.
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