Fitonovo, una «organización criminal» de «factureros» del soborno

En el entramado delictivo del caso Enredadera hay tres escalafones: los que pagan las mordidas, los que las cobran y los que generan el dinero negro necesario para mantener este «negocio». Este estamento intermedio está formado por varias decenas de empresas y autónomos que confieren a este caso cierto carácter novedoso en los estudios criminológicos. Por eso la juez les atribuye ahora un delito que, en principio, puede resultar sorprendente: «pertenencia a organización criminal». Ellos no blanquean capitales, sino todo lo contrario. Los ingresos de Fitonovo durante esta última década, en la que se centran las pesquisas, no han sido ilícitos, ya que proceden de la adminstración pública. Los contratos, además, se ejecutaban. ¿Cómo transformaban esas inyecciones de dinero del erario, perfectamente controladas por Hacienda, en metálico negro para poder pagar tres millones de euros en mordidas y otros cuatro en sueldos?

Según la Guardia Civil, Fitonovo «trabajaba» con un entramado de pequeñas empresas, habituales subcontratas de los concursos que ganaba, con las que tenía un «negocio» de facturas falsas. Esta maquinaria es conocida en el argot policial como «factureros». Los intercambios comerciales entre estas sociedades no eran de servicios o suministros, sino simplemente de facturas. Se declaraba el IVA, no se hacía el trabajo —que en teoría ya estaba siendo efectuado directamente por Fitonovo o por otra— y ese dinero pasaba a engrosar la caja B de la sociedad. Entretanto, para poder generar el margen que permitiera esa fabricación de cantidades en negro, Fitonovo «aguaba» las obras dejando algunas partes sin hacer o a medio hacer, siempre de manera que fuera imperceptible para los controles de la administración. Este es, de manera coloquial, el relato que hace tanto la UCO como la juez de esta «organización criminal jerarquizada» concebida para defraudar a las instituciones ganando concursos por medio de sobornos.

El atestado en el que se atribuye a estos «factureros» el citado delito de pertenencia a organización criminal y otro de corrupción entre particulares enumera a todos los empresarios que se prestaron a participar en este engranaje. Algunos incluso presentaron ofertas «en diversos concursos en los que ha sido constatado que entre las sociedades participantes han llegado a acuerdos previos para la adjudicación». En otros casos, Fitonovo facturaba trabajos a la empresa «por trabajos en régimen de subcontratación de mantenimiento de obras públicas, cantidades que luego se certificarían por la contratista principal a la adminsitración contratante». En esta «organización crimininal» también participaron, a juicio de los investigadores, responsables políticos como el portavoz del Cabildo de Lanzarote, Sergio Machín, de Coalición Canaria.

Los cobradores, no obstante, tienen imputaciones de cohecho, malversación, apropiación indebida y, en algunos casos, falsedad documental. La supuesta máquina de delincuencia organizada la formaban todas las empresas afines a Fitonovo que vendían facturas a ésta cobrando un porcentaje del dinero facturado con el fin de reconvertir los ingresos públicos en billetes de una caja fuerte con los que sobornar a funcionarios y políticos. «Si no pagábamos, la empresa se caía», llegó a declarar el empresario. Pero para poder pagar sin llamar la atención de la Agencia Tributaria hubo que diseñar un sistema que podría considerarse pionero.