Piden dos años de cárcel a Torrijos por el Caso Mercasevilla

La sociedad mixta Mercasevilla, participada mayoritariamente por el Ayuntamiento hispalense, pide en su escrito de acusación dos años de cárcel y 17 años de inhabilitación, para diez de las 16 procesados por las presuntas irregularidades de la venta de los derechos de opción de compra de los suelos del mercado central, incluyendo al exconcejal de IU Antonio Rodrigo Torrijos, al exedil del PSOE Gonzalo Crespo y al exdirector de la empresa Fernando Mellet. A estas diez personas, además, reclama una indemnización de 25 millones de euros.

En el escrito de acusación elevado a la juez Mercedes Alaya, recogido por Europa Press, la representación de Mercasevilla trata el procedimiento promovido por la compañía allá por el año 2005, para adjudicar los derechos de opción de compra de los terrenos del mercado central, todo ello en el marco de los planes de traslado de la empresa.

En su escrito de acusación, Mercasevilla explica las negociaciones emprendidas por Fernando Mellet, entonces director general del mercado central, con Luis Sánchez Manzano, José Luis Sánchez Domínguez y José Luis Miró, representantes de Sando, a través de Domingo Enrique Castaño como consejero de la empresa y entonces director del área de Vía Pública, en torno a la entrega de los derechos de opción de compra de estos suelos a la citada constructora, siendo redactado incluso «un protocolo de intenciones».

A partir de ahí nació, supuestamente, el procedimiento destinado a ofertar los derechos de opción de compra de los terrenos del mercado central, un procedimiento en el que «a pesar de que Gutiérrez Colomina informó, como secretario de la entidad, que lo procedente era la convocatoria de subasta pública, tanto Mellet como Rodrigo Torrijos presionaron al objeto de que se convocara un concurso en lugar de la subasta, puesto que el concurso les concedía mayores garantías para predeterminar la adjudicación final a la entidad Sanma (filial del grupo Sando), que en esas fechas se subrogó en el derecho de superficie que ostentaba LARENA 98 SL., y por consiguiente, con quien ya habían adquirido el compromiso de adjudicar la opción de compra».