El asesor de Torrijos también facturó a DeSevilla, donde se investiga otro desvío

La empresa Gestiona Ecosostenibilidad, que obtuvo 1,7 millones de las áreas gobernadas por IU durante el mandato anterior en el Ayuntamiento mediante contratos menores sin concurso y que, coincidiendo con esa época construyó una sede del PCA en Amate, también facturó trabajos de todo tipo a la Fundación de Sevilla, otro organismo gestionado por los comunistas en el que el juez de instrucción número 16 investiga el supuesto desvío «para fines particulares o partidistas» de un millón de euros que tendría que haber ido destinado a la cooperación internacional.

En la contabilidad de la Fundación DeSevilla, otro foco de corrupción por el que actualmente están imputados Antonio Rodrigo Torrijos, el exdelegado de Economía Carlos Vázquez y el gerente Miguel López Adán, aparecen seis facturas emitidas por Gestiona Ecosostenibilidad entre el 25 de febrero de 2008 y el 22 de junio de 2010, una sociedad cuyo membrete aparece en la tarjeta del asesor de Torrijos en la Primera Tenencia de Alcaldía, Antonio Miguel Ruiz Carmona, en libertad con cargos tras ser detenido en el marco de la operación «Enredadera». Las labores para las que esta sociedad fue contratada en este organismo son tan variadas como el «suministro e instalación de iluminación» —concretamente la colocación de 30 bombillas en la sede de la Fundación—, la «instalación de sistema de detección de presencia en garaje», la «instalación de un sensor de movimiento en la habitación donde se encuentran los ascensores de bajada al garaje», la colocación de 25 tubos fluorescentes, la instalación de una mampara o la reforma de la nueva oficina de DeSevilla en la calle San Miguel, en pleno centro de Sevilla. Es decir, se encargaba de algunas de las labores básicas de mantenimiento del edificio de DeSevilla.

La vinculación de Ruiz Carmona con esta empresa tiene otro matiz muy significativo en el caso de la Fundación DeSevilla. Este organismo carecía de liquidez para pagar las facturas en su última etapa y no estaba al corriente de los pagos con la Seguridad Social y con Hacienda. Adeudaba, además, varias nóminas. Al llegar el PP al poder y decretar la liquidación de esta Fundación al tiempo que denunciaba el desvío de dinero en los tribunales, las liquidadoras se pusieron en contacto con los proveedores para pagarles lo que se les debía. Sin embargo, según el informe que realizaron y que ha sido asumido por los peritos judiciales, «de los 89 proveedores contabilizados inicialmente sólo 13 contestan regularizando o confirmando el importe contable de su cuenta». Los demás no reclamaron lo que se les debía. Una de esas facturas cuyo pago nunca se exigió por parte del acreedor era de Gestiona Ecosostenibilidad.

El portavoz del gobierno municipal, Curro Pérez, pidió ayer explicaciones sobre este caso a los comunistas José Manuel García y Rodrigo Torrijos. Pérez se preguntó «cómo es posible que el subjefe de gabinete tuviera una empresa que a su vez contrataba con el Ayuntamiento» y recordó que dos de los que asignaban contratos a esa empresa, García y Josefa Medrano, «están ahora enfrente haciendo proclamas de transparencia» . «No entiendo cómo no han salido a explicar por qué se hacían esos contratos con el subjefe de gabinete, al que tuvieron esa habilidad de fichar, cómo los firmaban y cuál era el objeto social de esa empresa», reiteró el portavoz.