Alaya impulsa una macrooperación que pone en jaque a los funcionarios corruptos

La operación «Enredadera» que lleva a cabo la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil desde primera hora de este martes por orden de la juez Mercedes Alaya se extiende ya a todo el territorio nacional. Los pagos de mordidas de la empresa Fitonovo y otras a numerosos funcionarios y cargos políticos de ayuntamientos y diputaciones, que se desveló a partir del caso Mercasevilla bajo el nombre de operación «Madeja», han desencadenado un efecto dominó que alcanza ya a varias sedes provinciales de la Junta de Andalucía y del Ministerio de Fomento. Los principales implicados son cargos públicos de Adif, la empresa de infraestructuras ferrioviarias, con la que Fitonovo ganó decenas de contratos en todo el territorio nacional para la limpieza de la vegetación anexa a las vías. Igualmente, hay ya varios detenidos que son responsables del mantenimiento de la red de carreteras en distintas provincias, sobre todo de Andalucía, aunque la operación se extiende también a Extremadura, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Madrid y Canarias, entre otros puntos. Sevilla, Córdoba, Jaén, Huelva y Cádiz son el principal foco, ya que esta sociedad dedicada al mantenimiento de Parques y Jardines y a la construcción de infraestructuras deportivas ha trabajado con numerosas administraciones en la última década, un tiempo en el que creció como la espuma pasando de facturar cien mil euros en 2005 a 36 millones en 2012. En estos momentos hay 26 detenidos a nivel nacional, aunque la operación seguirá abierta durante varios días, según confirman a ABC fuentes de la investigación. De hecho, se espera que en las próximas horas se produzcan más detenciones incluso a personas de gran relevancia pública.

El dueño de Fitonovo, Rafael González Palomo, apuntaba todas las mordidas que daba a funcionarios y cargos públicos para conseguir contratos de la administración en una hoja de Excel de la que se incautó la Guardia Civil en la primera fase de la operación «Madeja». A partir de ahí la UCO ha investigado cada caso durante 15 meses bajo secreto de sumario. Y eso ha generado la operación «Enredadera», un enorme dispositivo que saca a la luz una gran trama de corrupción principalmente en el segundo escalafón de las administraciones públicas, la de los funcionarios que licitan concursos y participan en las mesas de contratación que los adjudican. Fitonovo, y otras empresas que de momento no han trascendido, pagaban comisiones a este nivel. Los detenidos están siendo trasladados a la Comandancia de la Guardia Civil para ser puestos a disposición judicial en las próximas horas. Entretanto, la juez Alaya ha citado a lo largo de la mañana a los empresarios de Fitonovo, a los que ya detuvo en anteriores fases de de esta operación en la que hay implicados empleados públicos en todas las escalas administrativas: Ministerio de Fomento, Adif, diputaciones -en la de Sevilla se ha detenido a Carlos Podio, responsable del área de mantenimiento de carreteras-, ayuntamientos -Algeciras por la construcción de un centro deportivo; Palma del Condado por una piscina pública; La Carolina por el estadio municipal...- y delegaciones de la Junta de Andalucía.

A esta situación se llega, por cierto, otra vez tirando del hilo del caso Mercasevilla, el foco de corrupción del que han brotado casi todos los escándalos que afectan a Andalucía en la actualidad, con los ERE a la cabeza. La juez Alaya estaba instruyendo la pieza en la que intentaba dilucidar si el concurso para vender los suelos de la lonja pública se amañó para que lo ganara una promotora que había hecho donaciones al mercado. En mitad de ese proceso, decidió solicitar a la Guardia Civil que hiciera una investigación patrimonial sobre uno de los imputados clave, Domingo Enrique Castaño, y su esposa. Para Alaya, este hombre callado al que todos conocían por Quique y que siempre estaba en meollo de todos los escándalos había tenido un «enriquecimiento sospechoso». Su objetivo era averiguar si esto tenía algo que ver con el amaño del citado concurso. Pero se encontró con otro escándalo aún mayor. A Castaño le había regalado su coche, un Audi A4, una empresa a la que había adjudicado múltiples contratos durante su etapa como director de Vía Pública del Ayuntamiento. Fitonovo también le había hecho la obra de su chalé en Guillena. La Guardia Civil lo detuvo junto con su esposa. También puso a disposición judicial al empresario Rafael González Palomo y a su apoderado, Manuel Ángel Macedo Gajete. Se registraron sus domicilios y la sede de la empresa. Y González Palomo decidió hablar. Reconoció que le había comprado el coche y otras muchas cosas más, como la entrega de 30.000 euros en un sobre destinados, según le había dicho Castaño, al PSOE.

A partir de ahí, el hilo de la madeja se ha convertido en una «enredadera» nacional.