IU admite que paga alquileres a La Corrala contra la orden de Susana Díaz

La consejera de Vivienda de la Junta de Andalucía , la comunista Elena Cortés , reconoció ayer en el Parlamento que no ha cumplido el pacto con el PSOE con respecto a la Corrala y la Junta ha acabado realojando a todas las familias de este colectivo que fueron desalojadas del edificio de la glorieta de San Lázaro por mandato judicial. En principio, la Consejería de Fomento y Vivienda quiso realojar a todas escudándose en el auto de desalojo en el que se indicaba que la administración tenía que dar soluciones a las familias que estuvieran en riesgo de exclusión según los baremos oficiales y a las que tuvieran menores a su cargo. Pero ese requisito sólo lo cumplían algunas, aunque en las listas de espera la mejor situada estaba en el puesto número 100 . Esta situación generó un conflicto en el gobierno andaluz, ya que la presidenta, Susana Díaz , retiró las competencia de Vivienda a IU aclarando que había que cumplir las listas. Finalmente, los comunistas recularon y sólo realojaron en viviendas del parque público a ocho. El resto se quedó sin derecho a las mismas y pasó a esperar su turno en las listas, donde hay inscritas más de 12.000 personas.

Sin embargo, como ABC reveló hace unos días, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Consejería que dirige Elena Cortés está pagando un alquiler privado al resto de los okupas en zonas de la ciudad como Villegas o la Avenida Sánchez Pizjuán. Esta circunstancia se da, además, después de que los miembros de la Corrala no realojados rechazaran pisos públicos en otros municipios de la provincia . Concretamente, AVRA paga por cada uno de ellos entre 400 y 450 euros . Desde que la noticia se conoció, la consejera se ha mantenido en silencio. Entre otras cosas porque esto supone vulnerar el acuerdo con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que repitió hasta la saciedad durante aquella crisis de gobierno que la administración autonómica jamás se saltaría los procedimientos y que seguiría a rajatabla el turno de las listas de espera. Por si fuera poco, el pago de estos alquileres se produce en un momento en el que la propia AVRA debe 14 millones de euros a centenares de inquilinos que se acogieron a las ayudas para el alquiler y no han conseguido cobrar.

Toda esta polémica llegó ayer al Parlamento de Andalucía, donde el diputado del PP Jaime Raynaud preguntó cuáles han sido los criterios seguidos por la consejera Cortés para aprobar el pago de estos alquileres privados a los okupas de la Corrala, un colectivo dirigido por la militante de IU Irma Blanco . Cortés admitió la situación y se escudó en los autos judiciales: «Son nueve familias realojadas en viviendas públicas y siete en viviendas privadas. Los criterios que establecimos para ese realojo son los que contemplan la ley y el mandato del juzgado número 3 de Sevilla». Ante esta respuesta, Raynaud insistió: «¿Con qué criterios está usted pagando esos alquileres de los que no se realojaron? ¿Por qué ha recurrido al mercado libre para ello? ¿Por qué han rechazado los okupas viviendas públicas en los alrededores? ¿Cómo es posible que usted deba millones de euros a otros jóvenes y en cambio pague el alquiler de los okupas? ¿Cómo se preocupa tanto por unas personas que dan una patada en la puerta ?».

Según Elena Cortés, «estas familias están en viviendas privadas porque no teníamos vacías en AVRA .. El Ayuntamiento de Sevilla, en cambio, mantiene 500 vacías». Sobre los criterios para pagar el alquiler a los no realojados no dijo una palabra. Ni siquiera se hizo público. Y mientras los miembros de este colectivo dirigido por IU disfrutan de viviendas, miles de personas siguen esperando su turno en la lista.