Los peritos judiciales implican a Monteseirín en el desvío de DeSevilla

Los peritos externos designados por el juez número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, en el caso de la Fundación DeSevilla, donde se investiga el desvío de un millón de euros de cooperación al desarrollo «para fines particulares o partidistas», ha ratificado todo lo recogido por la Guardia Civil en sus atestados. Aseguran que el dinero ni se justificó ni se devolvió y que su destino es aún desconocido, un caso en el que tienen implicación directa el que fuera primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos, el exdelegado de Economía, Carlos Vázquez, y el gerente de la citada fundación, Miguel López Adán, todos de IU y ya imputados en la causa. Sin embargo, los peritos también señalan en su informe al resto de componentes de la Junta de Gobierno por no haber tomado medidas para solucionar la situación de DeSevilla a pesar de que, según sus conclusiones, tenían conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo allí: «Entendemos que esta situación no era ajena ni podría escapar de ningún modo al conocimiento del propio Ayuntamiento de Sevilla, ni por ende de los integrantes de su equipo de gobierno, no en vano, su alcalde y teniente de alcalde eran patronos electos de la Fundación».

Es decir, los peritos de la empresa KPMG acusan a Alfredo Sánchez Monteseirín de haber aprobado las subvenciones para proyectos de cooperación en países como Cuba y Nicaragua a sabiendas de que la Fundación no estaba al corriente de sus justificaciones y de no haber hecho nada para velar por el buen uso de ese dinero público. En el informe, muy detallado, los expertos judiciales también analizan los contratos a empresas vinculadas a IU, los enchufes de militantes y familiares o la existencia de facturas duplicadas en numerosos expedientes.