Rechazan una vivienda pública y la Junta decide pagarles un alquiler

La Consejería de Vivienda de la Junta aún no ha explicado cuántas familias fueron exactamente realojadas tras el desalojo por orden judicial del edificio de la Glorieta de San Lázaro que la denominada Corrala Utopía, vinculada a IU, había ocupado dos años antes. Tampoco ha desvelado qué pasó con las demás, pero según fuentes de la Agenda de Vivienda y Rehabilitación de la Junta (AVRA), algunos de los no realojados también lograron el amparo de la administración pública.

En el capítulo de «Gastos generales» del Parque de Viviendas de Sevilla, esta agencia pública incluye el pago de alquileres privados a varias familias a pesar de que tiene centenares de viviendas vacías. Según las fuentes consultadas, a estas personas se les ofrecieron pisos de su titularidad situados en barrios de distintas localidades de la provincia, como Los Montecillos en Dos Hermanas, y que los okupas se negaron a aceptar esa oferta.

A partir de ese momento, prosiguen las fuentes, AVRA puso a su disposición una serie de agentes de la propiedad inmobiliaria para que les buscaran pisos privados de su gusto y abonar desde las arcas públicas el alquiler. ABC confirmó que estos intermediarios fueron dos, una conocida agencia y un autónomo.

Según los datos contables, la Junta paga concretamente entre 400 y 450 euros mensuales de alquiler a estas personas en zonas como Pino Montano, Villegas o la avenida Sánchez Pizjuán. Pero esta circunstancia nunca se ha hecho pública. Es más, esas familias no realojadas quedaron en esa situación porque el auto de la juez que ordenaba el desalojo no les amparaba de ninguna manera. Ni estaban en situación extrema de emergencia social, ni tenían menores a su cargo.