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La zona de especial singularidad 'antinarco' en Cádiz, el eterno reclamo de ida y vuelta
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El Senado acaba de aprobar con el voto en contra del PSOE instar al Gobierno a que aplique esta catalogación de alta seguridad y protección para la provincia, sin embargo no es la primera vez que se lleva a consulta de las cámaras
Mientras asociaciones y sindicatos policiales reclaman desde hace años esta necesidad, similar a la que se instauró en el País Vasco con ETA, el ministro insiste que ya está activada «de facto»
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Cada vez que en los últimos años ha ocurrido un hecho de gran impacto, sea de impunidad o sea trágico con relación al narcotráfico en Cádiz, el debate político sobre si es necesario declarar o no la provincia como Zona de Especial Singularidad (ZES) se ha reavivado. Así ha ocurrido ya en varias ocasiones. Desde el asalto al hospital de La Línea para liberar a uno de estos delincuentes, al intento de linchamiento a unos policías en la misma zona, a un tiroteo de unos atrincherados en un chalet de Algeciras o, por último, tras el asesinato de dos guardias civiles en Barbate y el fallecimiento de otros agentes en un control antidroga en Los Palacios.
Y esta semana este debate se ha vuelto a sacar a la escena. En esta ocasión en el Senado. La Cámara Alta discutía la moción llevada por el Partido Popular para declarar toda la provincia de Cádiz como ZES. La moción salía adelante al contar con 18 votos a favor, cuatro abstenciones y nueve en contra del PSOE. Los socialistas creen, como ya ha justificado en otras ocasiones el ministro del Interior, que esta catalogación ya se aplica «de facto» con el Plan especial que pusieron en marcha en 2018 y que han «ampliado y renovado».
Sin embargo, desde el PP, y como defendió el senador y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, este Plan no está siendo suficiente ya que según «los hechos demostrados» hay que incentivar y defender «más y mejor» a los agentes que combaten esta problemática a diario en estas áreas de conflictividad. «Estamos hablando de un sentimiento de vinculación de estos profesionales y de sus familias con el territorio en que trabajan». En Cádiz «se trabaja mucho más que en cualquier otra demarcación del Estado» con «menos medios humanos, menos medios materiales y sin incentivos retributivos o profesionales para los que están totalmente comprometidos con darnos seguridad», insistió.
Pero, ¿qué es la Zona de Especial Singularidad y cuándo se aplica? Esta denominación, que se aprueba solo en el Parlamento, determina que un área geográfica tenga recursos y medidas especiales para poder afrontar un problema determinado con ayuda de más refuerzos e incentivos que otras provincias o áreas del país donde no existe tal conflictividad o riesgo. En este caso dicha catalogación estaría motivada por la lucha contra el narcotráfico.
Y estas medidas abarcan diferentes prismas. Desde hacer planes no sólo de seguridad en dicho espacio, a reservar presupuestos fijos o dar incentivos a los agentes que trabajan en estas zonas tan conflictivas para que pueda haber una mayor estabilidad en las plantillas y más motivación.
La medida de refuerzo se aplicó en su día en el País Vasco para poder combatir a ETA dando una mayor seguridad y cobertura a los agentes que allí eran destinados. Pero no lo solo se aplica por temas de control ante la delincuencia y violentos grupos criminales, sino también con objetivos sociales como podría ser la 'España vaciada', por ejemplo.
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De momento, solo debate
Pero, de momento, el debate está ahí y es solo un debate. Según lo que los diferentes representantes del Gobierno han ido respondiendo sobre este asunto en diversos escenarios, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no parece que tenga intención de aprobar esta medida. Y así ha ocurrido ya en otras ocasiones ya que no es la primera vez que esta solicitud se lleva al Senado o al Congreso. Se le da si acaso curso, e incluso, se discute en el Parlamento pero se vuelve a empezar.
Así, revisando hemeroteca pública, documentos oficiales, se pueden encontrar expedientes abiertos al respecto desde 2020 al menos. Concretamente, el grupo Ciudadanos registró una moción con el mismo objetivo en diciembre de ese año. Su curso fue el habitual y en febrero de 2021 la comisión de Interior comunicaba el rechazo de esta moción y así se dejaba por escrito en el boletín oficial de las Cortes Generales de 11 de marzo de 2021.
Por ejemplo, en esta ocasión lo que se solicitaba eran las siguientes cuestiones: incluir la provincia como Zona de Especial Singularidad, dotando de incentivos económicos y laborales a los agentes, aumentar los catálogos de plantilla de forma estructural y permanente y no de manera temporal, incrementar medios tales como vehículos con defensas sólidas, escudos balísticos, armas largas, táser... así como medios tecnológicos, o, incluso, la creación de una UPR en la Comisaría de La Línea, entre otras cuestiones. Esta propuesta no fue aprobada.
Lo mismo ocurrió en el Congreso. Parlamentarios del PP registraban una pregunta para los diputados del Gobierno sobre lo mismo: si se tenía pensado esta catalogación para la provincia de Cádiz. El 4 de febrero de 2021 les llegó la respuesta. La misma. «Los buenos resultados» del Plan Especial «no lo hacían necesario».
Y de nuevo llegó a esta cámara en 2023, también de la mano de los populares. E idéntica contestación. «En relación con las preguntas formuladas, se informa de que la actual Instrucción 3/2022 de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se aprobaba el III Plan Especial de Seguridad 2022-2023 para el Campo de Gibraltar, da continuidad a una serie de líneas de acción estratégicas de carácter operativo, que tan buenos resultados han dado durante la vigencia de los planes anteriores, entre las que se encuentran el refuerzo de medios humanos y la dotación de medios materiales y tecnológicos, encaminadas todas ellas a atacar con eficacia las actividades del crimen organizado en los territorios objeto del Plan». Esa respuesta está fechada en noviembre.
«Se está estudiando y valorando»
Sin embargo, unos meses antes, en marzo de 2023, el ministro Fernando Grande-Marlaska respondió a preguntas de este periódico sobre este asunto que la Zona Especial de Singularidad que se demandaba se estaba «estudiando». «Estamos avanzando esa posibilidad para este ámbito geográfico. Pero hay que estudiarlo de una forma detenida para tomar las medidas precisas. Está en nuestro radar, como están: más personal, más efectivos, más medios materiales, algo que ya hemos demostrado», afirmaba.
Según especificaba en dicho «análisis» se tendrían en cuenta «muchas circunstancias» como la «gravedad y el riesgo, la criminalidad a la que hacer frente, la complejidad de las investigaciones... muchos elementos que hay todavía que considerar y evaluar», manifestó. Eso fue hace más de un año.
Ya más cercano, en marzo de 2024, y tras el terrible asesinato de dos guardias civiles en Barbate, el Parlamento andaluz aprobaba por unanimidad una proposición no de ley del Grupo Popular a través de la cual se reiteraba la necesidad de que, con carácter urgente e inaplazable, el Gobierno de España lleve a efecto tal declaración.
Dos meses después, el Congreso daba luz verde a una proposición no de ley para tal cometido gracias a los votos a favor de los grupos parlamentarios PP, VOX y grupo mixto. Por el contario PSOE, Sumar, Bildu, y ERC votaban en contra; y PNV optaba por la abstención.
Pero de momento, lo que existe sobre este asunto es debate e idas y venidas. Mientras, el ministro y su Secretaría de Seguridad y Defensa insisten en que dicha medida no es necesaria.
