La juez cita como investigado al alcalde de Utrera por la compra municipal de los cines Los Molinos

La oposición llevó a los tribunales las presuntas irregularidades en esta operación, que le costó al Ayutamiento 822.800 euros, cuando una empresa compró las salas dos meses antes por la mitad

El alcalde de Utrera, el socialista José María Villalobos A.F.

Jesús Díaz

La compra de los cines Los Molinos por el Ayuntamiento de Utrera en 2019 se le puede atragantar al alcalde socialista José María Villalobos. La operación le salió a las arcas municipales por más de 800.000 euros , cuando dos meses antes las salas fueron adquiridas por una empresa por la mitad. Esta compra y las «presuntas irregularidades» fueron puestas en conocimiento de la Justicia por la oposición. Ahora, la juez de Primera Instancia e Instrucción número uno de Utrera ha citado a declarar como investigados a Villalobos, al concejal y notario José Montoro y al empresario de la sociedad Hermanos Tagua.

Los portavoces de Juntos por Utrera y Ciudadanos en Utrera, Francisco Jiménez e Isabel González, respectivamente, denunciaron esta operación en los medios de comunicación en 2019. En marzo de 2020 formalizaron denuncia ante los tribunales por «por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos» en la operación de compra de Los Molinos, donde se ha detectado un sobreprecio de 230.000 euros en cuestión de días.

No obstante, las diligencias abiertas fueron archivadas por la juez instructora. La oposición municipal no cejó en su empeño por investigar la compra de los cines por el gobierno local socialista y recurrió la decisión de la juez, para lo que contaron con el apoyo de la Fiscalía . En el último trimestre del año pasado, la instructora decidió reabrir la causa. Desde entonces, la Guardia Civil ha estado indagando en los hechos denunciados. Lo último en esta causa es la citación para declarar el próximo mes de abril de Villalobos, Montoro y el empresario como investigados.

Los hechos denunciados se remontan a junio de 2019 . En el pleno extraordinario del día 6 el entonces alcalde en funciones, José María Villalobos, llevó una modificación del presupuesto municipal para aumentar la partida de inversiones en inmuebles patrimoniales y bienes de uso cultural. Según la denuncia, el alcalde, que estos días lidera la plataforma de ayuntamientos por la sanidad, justificó el asunto «de manera muy vaga y sin precisar para qué se iba a destinar ese dinero. El total de partida quedaba en 892.800 euros».

El anuncio tras las elecciones

El 14 de junio la empresa local Hermanos Tagua Serrano adquiere las salas de cine del centro comercial Los Molinos a Inversiones Inmobiliarias Canvives por 450.000 euros . El año anterior la misma inmobiliaria había aceptado como precio de venta la cantidad de 900.000 euros. El acto de compra se llevó a cabo en la notaría de Montoro, número tres en la lista del PSOE en las últimas elecciones locales.

Un día después, según prosigue la denuncia de los grupos de la oposición, se celebró el pleno de constitución de la corporación municipal. En su discurso, Villalobos anunció que el Ayuntamiento había cerrado un acuerdo para la adquisición del multicine Los Molinos.

El contrato de arras y promesa de compraventa entre Villalobos y el empresario local se firmó el 5 de julio. Ese día se le entregó la cantidad de 204.000 a descontar del importe total de la operación: 680.000 euros «IVA excluido» . En dicho contrato, la cláusula sexta señala que no se solicitará la exención del IVA, que ascendía a 142.800 euros.

Multicine Los Molinos A.F.

Además, según la denuncia que dio origen a esta investigación judicial, en el contrato se recoge una supuesta decisión de la corporación municipal sobre la aplicación del IVA de la operación. «Nunca hubo junta de portavoces y menos aún un pleno sobre este asunto», afirman los denunciantes.

Dicho contrato de arras se lleva a junta de gobierno local en propuesta de Presidencia siete días después. En la citada propuesta, según Francisco Jiménez e Isabel González, los portavoces de la oposición, se indica que en el título de compraventa la empresa Hermanos Tagua y en la escritura pública el importe es de 680.000 euros , «cuando su importe real fue de 450.000 euros».

Los denunciantes subrayan que en menos de dos meses se generaron unas plusvalías de 230.000 euros . La junta de gobierno local del 9 de agosto aprobó la adquisición del local de espectáculos en el centro de ocio Los Molinos. En dicha propuesta se recoge un informe técnico de 22 de marzo con la valoración y características del inmueble y una memoria del alcalde, de 5 de junio, en la que se expone «la constatación y justificación de la necesidad de realizar la adquisición del inmueble».

Para la oposición, la existencia de estos informes evidencian que ya con fecha 5 de junio el Ayuntamiento había llevado a cabo los trámites previos para la compra del inmueble , habiendo acordado con la empresa utrerana adquisición, antes incluso de que esta empresa se hiciera con los cines.

El conseguidor

«De ahí que el día 6 de junio llevase a Pleno por urgencia la propuesta de modificación de créditos para la compra, aunque ocultó al pleno el destino del dinero y la existencia de los citados informes «, recoge la denuncia.

El 13 de agosto, la empresa Hermanos Tagua vende al Ayuntamiento de Utrera las salas de cine por un total de 680.000 euros, a los que habrá que sumar el 21 por ciento de IVA, 142.000 euros, siendo la inversión total del Consistorio de 822.800 euros . La compra venta se vuelve a firmar en el despacho del concejal y notario, José Montoro.

Para el letrado de los denunciantes, los hechos narrados arrojan indicios de que «un particular obtiene un beneficio descomunal por una compra y una venta a los pocos días, actuando supuestamente como conseguidor del Ayuntamiento ; se condonan o asumen pagos de impuestos por parte de la administración que hubieran correspondido a la parte vendedora; actúa en las dos operaciones un notario, que a su vez es concejal en el Ayuntamiento; y no existe reparo alguno por parte de funcionario alguno del Ayuntamiento que alerte sobre las operaciones realizadas«.

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