Entrevista
«En los últimos años se han incrementado los procedimientos por agresiones a guardias civiles»
El abogado Pablo Martín-Bejarano, que lleva tres décadas de letrado de la AUGC, ve clave que exista un firme respaldo en la dotación de más y mejores medios policiales y judiciales
El abogado Pablo Martín-Bejarano que representa junto a Guillermina Torres a los afiliados de la AUGC.
El abogado Martín-Bejarano y su compañera Guillermina Torres llevan casi tres décadas defendiendo los derechos e intereses de muchos de los guardias civiles de la provincia. Por ello, además de acumular una nutrida experiencia profesional manejan una perspectiva muy realista y práctica sobre la verdadera situación por la que pasa este Cuerpo, sus miembros, y en consecuencia las causas y efectos, las ventajas y los obstáculos de cómo la justicia y las autoridades les acompañan en el desempeño de sus funciones.
Les asisten legalmente si son agredidos o sufren atentados, resuelven consultas, escuchan y les ayudan a reclamar problemas laborales o necesidades... en definitiva, son unos buenos testigos de lo que ocurre dentro de los cuarteles y también fuera, en la calle.
-Usted es abogado de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en la provincia de Cádiz, ¿Cuál ha sido su labor durante estos años?
-En junio de 2005 la letrada Guillermina Torres Diez, y yo asumimos el reto de llevar los asuntos jurídicos de la delegación provincial de Cádiz de la AUGC. Y esta labor es enormemente variada. Lo principal es asesorar a los afiliados en todos los aspectos relacionados con la profesión, desde la defensa en la tramitación de expedientes disciplinarios que se le pudieran instruir en el ámbito interno o incluso en delitos militares que se les pudiera imputar, hasta la reclamación de mejoras laborales como podría ser la tramitación de expedientes sobre reducción de jornada, adscripciones temporales por razones familiares, mejoras en la conciliación de la vida personal y laboral, etc… reclamaciones económicas sobre complementos no abonados, dietas, vacantes, destinos, incompatibilidades, etc...
Se trata de una labor diaria de atención al afiliado para la que tras el asesoramiento, en su caso, se interviene en los distintos ámbitos jurisdiccionales competentes. Además asesoramos a la Junta Directiva en las diversas materias que le puedan ir surgiendo. En los últimos años ha tomado una gran relevancia la actuación en defensa de los afiliados -ejerciendo la acusación particular o popular- cuando en acto de servicio han resultado lesionados al ser agredidos, a veces de gravedad llegando incluso a la fatalidad del fallecimiento del guardia civil Agustín Cárdenas en Jerez hace apenas un año tras ser atropellado por el conductor de un vehículo en fuga.
-Desde hace unos años las agresiones a los agentes se vienen repitiendo. Así ha habido atropellos, embestidas, se reforzaron medios con el Plan Especial del Gobierno, pero, ¿cree desde su experiencia que la situación ha cambiado?
-Lo principal para que la situación mejore pasaría por una mayor dotación personal y material. Sería interesante que se incrementara la plantilla de forma permanente creándose las vacantes necesarias y no, de forma temporal, trasladar unidades especiales de intervención que no conocen a fondo la problemática de la zona.
-Se insiste en que se declare la provincia como zona de especial singularidad porque en ella confluyen problemas como el narcotráfico, la inmigración ilegal y delitos derivados, ¿cree que es realmente necesaria esta declaración?
-La declaración redundaría en beneficio de todos los ciudadanos de esa zona ya que con ello se dotaría de más y mejores medios humanos y materiales a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para poder luchar en mejores condiciones contra las mafias del narcotráfico y la inmigración ilegal. Además, resultaría igualmente beneficioso para los guardias civiles que prestan servicios en esta provincia pues haría más atractivo al personal el solicitar y obtener destino en la demarcación al contar con más medios, se aumentaría la plantilla en número, dotándose las vacantes precisas del catálogo de puestos de trabajo, se evitaría que el guardia civil estuviera de paso hasta obtener otro destino de menor penosidad.
-En este sentido se refiere mucho la zona del Campo de Gibraltar pero también han aumentado los casos de atentados a agentes en otras zonas como Sanlúcar o Chiclana, ¿qué considera al respecto?, ¿han notado este incremento en el número de causas abiertas en estas áreas?
-Efectivamente, en los últimos años se han incrementado notablemente los procedimientos judiciales por agresiones a guardias civiles producidas en el ejercicio de sus funciones en estas zonas. Entiendo que estos hechos son un reflejo de la sociedad actual sin que quepa generalizar.
-¿Y cree que una vez que estos casos llegan a juicio se apoya realmente estas situaciones de atentados que viven los agentes?. Es decir, usted que vive con ellos las instrucciones y juicios, ¿cree que muchas veces tienen ciertas reticencias a actuar, a sacar el arma, o emplear la fuerza necesaria, por no verse envueltos o apoyados en procesos judiciales?
-Tenemos que decir que la Fiscalía siempre ha mostrado apoyo a los guardias civiles persiguiendo lo más eficazmente posible este tipo de delitos. Pienso que el guardia civil siempre empleará los procedimientos y medios materiales necesarios que exijan las situaciones en que tengan que intervenir sin que les retraiga el que con posterioridad se vean envueltos en procedimientos judiciales.
-¿Qué cree que haría falta, si acaso algún cambio penal, para que los agentes se sientan más respaldados?
-Desde el punto de vista legislativo entendemos que fue un error el rebajar a seis meses de prisión la pena mínima para el tipo básico del delito de atentado contra los agentes de la autoridad en la reforma del Código Penal, si bien hay que decir que nos pareció un acierto en política criminal la introducción, para mayor claridad, del subtipo agravado del atentado cuando éste se produce «acometiendo al agente de la autoridad haciendo uso de un vehículo a motor».
-En sus memorias anuales la Fiscalía apoya siempre la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pero advierte de la necesidad de más refuerzos judiciales para que después cuando comienza el camino procesal sobre esos delitos no existan cuellos de botella, ¿cómo ve actualmente la situación ahora que se han multiplicado los operativos e investigaciones policiales?
-Estoy de acuerdo con la Fiscalía en el sentido de que al aumentar el número de procedimientos judiciales de esta naturaleza debería incrementarse en la misma proporción la plantilla judicial, reforzándose los juzgados de instrucción y/o creándose nuevos juzgados teniendo que dotarlos de los funcionarios precisos. Ello se hace necesario para agilizar los procedimientos pues de lo contrario se eternizan, lo que siempre supone un beneficio para los investigados. La situación actual en algunos partidos judiciales continúa más o menos igual, con un atasco importante y retrasos.
-En cuanto a medios materiales y de infraestructuras también hay bastantes reclamaciones acerca de la precariedad de algunos puestos, sobre todo de zonas más pequeñas, ¿es necesario un refuerzo en este sentido? ¿y en materia de seguridad, tienen todos los medios (chalecos, patrullas...) que realmente necesitan?
-La falta de personal y medios en el medio rural debe tenerse en consideración por el Ministerio y reforzar no solo las plantillas en estas demarcaciones sino también los medios materiales. La falta de personal en el medio rural puede servir de acicate a que delincuentes se instalen en estas zonas por lo efectivamente se hace necesario un mayor despliegue que proporcione seguridad a los ciudadanos.
-¿Qué espera de este nuevo curso y qué necesidades ve que son más acuciantes que se resuelvan?
-Sobre el tema de los atentados sufridos por los agentes creo que puede ser subsanado desde Interior. Entendemos que nadie que sufra daños personales por su trabajo puede quedar desamparado, me refiero a aquellos casos en que el autor de la agresión es declarado insolvente por la autoridad judicial, quedándose, por dicha circunstancia, el perjudicado sin percibir la indemnización. El Ministerio podría tener asegurado dicho riesgo evitando que el perjudicado tenga que acudir a farragosos procedimientos administrativos para que al final se le resarza del daño producido por la Administración.
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