LABORAL
La huelga del transporte pasa inadvertida en la provincia
Normalidad absoluta en el centro logístico de Jerez desde primera hora de la mañana
Ausencia de piquetes y presencia policial en los centros de carga y descarga de la Bahía de Cádiz
Las patronales confían en que la Plataforma desconvoque las movilizaciones en las próximas horas
Salida de camiones del puerto de Cádiz.
La huelga de transportes que ha convocado desde este lunes de manera indefinida la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera se ha desinflado en la provincia de Cádiz. El seguimiento del paro es inapreciable en su primer día y se trabaja con absoluta normalidad en polígono y centros de distribución de mercancías. La provincia cuenta con 4.000 profesionales, de los que unos 2.700 son autónomos. Esta Plataforma ya intentó sin éxito en diciembre de 2021 paralizar la distribución en el país, sin embargo, lo consiguió en marzo de este año cuando puso en riesgo el abastecimiento con una sonora huelga de dos semanas. La Plataforma sí puso en jaque en aquella ocasión la logística del país. Esa movilización obligó en junio a regular por decreto-ley una serie de mejoras que, según esta Plataforma, no se están cumpliendo, un argumento que rechazan las patronales del sector.
La situación ahora es distinta. LA VOZ ha recorrido este lunes la Ciudad del Transporte, en Jerez, y varios polígonos industriales, entre ellos el de Las Salinas, en El Puerto, y la normalidad era absoluta. La ausencia de piquetes era general y el trasiego de camiones, constante. Los accesos a estos centros de trabajo estaban custodiados por la Guardia Civil y la Policía Nacional. De hecho, la autopista entre Cádiz y Sevilla ofrecía a primera hora de la mañana una imagen habitual de camiones circulando en uno y otro sentido. La Plataforma ha tratado de dar un importante toque de atención al Gobierno en vísperas de las principales campañas de consumo de nuestro país: el Black Friday (25 de noviembre) y la Navidad, pero en esta ocasión la división en el sector ha sido grande a la hora de secundar la convocatoria de paro. Las patronales la rechazan y numerosos autónomos no son partidarios de un paro en estos momentos.
La Asociación Provincial de Transportistas rechaza la huelga y su secretario general, Javier Lobato, ha pedido paciencia a los huelguistas para que los acuerdos alcanzados el pasado marzo con el Ministerio y regulados a través de un decreto ley en junio se puedan aplicar. Aclara que el sector atraviesa dificultades, pero hay medidas para recomponer la situación.
Lobato ha señalado este lunes a mediodía que el impacto de la huelga en Cádiz es nulo, «pero no se puede bajar la guardia», ya que la convocatoria de paro es indefinida y no se sabe si después de esta primera jornada de escasa repercusión la Plataforma dará marcha atrás. Recuerda que el primer impacto de la convocatoria de huelga tuvo lugar el pasado fin de semana con el incendio de dos camiones que estaban aparcados junto al corredor Sur, en Jerez. Afortunadamente en ninguno de ellos había personas en el interior. El primero no tenía carga mientras que el segundo estaba lleno de palés con envases de aceite.
De hecho, los transportistas agrupados en la asociación del Campo de Gibraltar ya anunciaron la pasada semana que no secundaban la huelga. Su portavoz, Diego Piñel, declaró entonces a LA VOZ que están llegando las líneas de ayudas y subvenciones públicas para mantener los negocios a flote. Precisamente los camioneros de esta asociación fueron los que secundaron la huelga el pasado marzo provocando el cese de actividad en el puerto de Algeciras. La situación ahora es diferente.
Por su parte, la Asociación de Trabajadores Autónomo (ATA), que preside el jerezano Lorenzo Amor, tampoco ha respaldado la convocatoria de paro. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha destacado este mismo lunes que «el seguimiento es minoritario» y que la incidencia de la huelga es «mínima». Sánchez ha revelado que se han desplegado 50.000 agentes en el conjunto del país para evitar disturbios y ha agradecido la labor de los transportistas que han decidido seguir trabajando, así como el de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que han reducido las incidencias a apenas 14 en todo el país.
Según la Plataforma, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no está llevando a cabo las actuaciones para comprobar los incumplimientos de los cargadores de la normativa aprobada en agosto. De hecho, mantuvo la convocatoria del paro tras una reunión con representantes de la Dirección General de Transporte Terrestre el pasado jueves.
La Subdelegación del Gobierno en Cádiz confirmó que el pasado miércoles se celebró una reunión entre los responsables de las comandancias de la Guardia Civil de Cádiz y Algeciras, con asistencia del comisario provincial, para coordinar las acciones y garantizar con ello la seguridad de las mercancías y de los camioneros que no secunden la huelga. Además, desde la Subdelegación se ha enviado una carta a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes para que sus policías locales estén alerta y presten apoyo para garantizar la distribución de mercancías. La Subdelegación destacó que había reforzado con más presencia policial los accesos a polígonos y centros logísticos, además de las carreteras. Esta medida ha sido muy efectiva. LA VOZ ha podido comprobar 'in situ' como el despliegue policial se ha mantenido desde primera hora tanto en los accesos a los polígonos como en las carreteras.
La acción promovida por la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte tampoco cuenta con el respaldo de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC) , que agrupan a las mayores empresas de transporte internacional de mercancías y pasajeros. El colectivo recuerda los dos grandes hitos conseguidos desde final del año pasado para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y el marco de funcionamiento de las empresas: la Ley 13/2021 que protege al transportista de la morosidad y la Ley de Cadena del Transportes (14/2022) que obliga a la revisión del precio del transporte en función del precio del combustible, sin posible pacto en contrario.
La huelga fue decidida el pasado fin de semana por la Plataforma, que asegura que ha contado con el 86% de los votos a favor. La Plataforma no forma parte del Comité Nacional del Transporte por Carretera, que es el órgano de interlocución del Gobierno; pero se considera representativa ya que engloba a los camioneros autónomos y pymes.
De hecho, ahora denuncian la pasividad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a la hora de controlar la aplicación de la ley que impide que los camioneros trabajen a pérdidas. Es decir, obliga a los cargadores para los que trabajan a pagar precios que, al menos, cubran los costes del servicio.
Esta ley fue acordada con el sector a finales de marzo, además de otras medidas como un paquete de ayudas directas de 450 millones de euros. Estas se suman a las medidas aprobadas en 2021, la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante aprobada en abril, la prohibición de que los conductores hagan carga y descarga, la limitación a una hora de los tiempos de espera en zonas de carga y descarga y el refuerzo en la inspección dentro de su trabajo.
El año pasado por estas fechas también se tensionó la cadena de suministro, pero fue por la crisis de transporte marítimo en China, pues tras el Covid la demanda creció tanto y tan rápido que se formaron cuellos de botella que complicaron el suministro.
Desde el Gobierno se ha pedido a la Plataforma que recapacite y desconvoque el paro que «no beneficia a nadie, ni dentro ni fuera del sector» y que ha sido rechazado de forma «unánime» por la inmensa mayoría del sector del transporte y la logística, por la distribución, por la industria de la cadena agroalimentaria, así como por los representantes mayoritarios de patronal, sindicatos y asociaciones de autónomos.
La postura del ejecutivo es que no hay motivo para la huelga porque las demandas de esta plataforma se están analizando en el seno del CNTC, órgano que reúne a los representantes de los transportistas. El Ministerio de Transportes defiende, además, que el sector cuenta con el apoyo firme del Gobierno, ya que ha recibido ayudas directas por 900 millones de euros (2.500 euros por camión por ejemplo, o 1.000 en el caso de furgonetas) y está siendo especialmente beneficiado por el descuento de 20 céntimos de los carburantes (hasta 4.200 euros por camión cada seis meses de descuento).
El Ministerio asegura que la inspección ya está actuando para garantizar el cumplimiento de la nueva normativa y que, además, se aprobará en próximas semanas un plan de inspección 2023 para reforzar las actuaciones, ya que incluirá, por primera vez, una línea de actuación específica para el control de precios, morosidad y carga y descarga, de acuerdo con la normativa aprobada.
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