El transporte gaditano avisa de que los peajes traerán más incrementos de costes y una subida de precios

La patronal gaditana del transporte por carretera ha mostrado su «decepción» ante la confirmación, por parte de Bruselas, de la implantación en España de un peaje en las autopistas y autovías de nuestro país. El secretario de la Asociación de Transportistas de Cádiz, Javier Lobato, destaca que se trata de un acto de «deslealtad» por parte del Gobierno de España, ya que había un compromiso con los empresarios de no aumentar los costes de explotación del sector. De hecho, este pacto entre caballeros se firmó durante las últimas movilizaciones que llevó a cabo la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte, una sección de trabajadores autónomos del volante que no está integrada en los grandes foros de las patronales, contra la subida del gasoil y el incremento de los gastos de explotación de los negocios por la inflación.

Esta Plataforma convocó el pasado noviembre a los transportistas a una nueva movilización en toda España que, finalmente, no tuvo el mismo seguimiento que la realizada entre marzo y abril de 2022 y que puso en jaque a la distribución en España durante 20 días. Aquella protesta sirvió para que las grandes patronales del sector firmaran con el Gobierno de España un acuerdo para la supervivencia del transporte por carretera. El Comité Nacional del Transporte por Carretera y el Gobierno alcanzaron un acuerdo para garantizar el futuro del sector, que consistía en una ayuda directa de 450 millones de euros, más una subvención de 20 céntimos por litro de gasoil, lo que de manera conjunta suponía casi 1.000 millones.

Javier Lobato lamenta que se firmó ese acuerdo y el Gobierno tenía otro pacto con Bruselas donde se recogía la implantación de peajes en las carreteras de España para sufragar el desgaste y su mantenimiento. Lobato entiende que el Gobierno no ha actuado con lealtad en este asunto y se ha sabido ahora, más bien se ha confirmado, que España tendrá peajes en sus carreteras a partir de 2024.

De hecho, el Gobierno de España cerró con Bruselas esta posibilidad en 2022. Lobato adelanta que la medida supondrá un sobrecoste para el transporte de mercancías que repercutirá con toda seguridad en el precio final.

La patronal gaditana entiende que antes de la implantación del peaje se deben buscar alternativas para que el impacto sea el menor posible. La patronal aclara que el objetivo no es poner peajes en todas las carreteras. La medida lleva de manera complementaria el nacimiento de un nuevo impuesto que gravará el uso de las carreteras. En este sentido los transportistas rechazan dicho impuesto, ya que pagan el de hidrocarburos y, además, existe un impuesto municipal de Circulación que grava el uso de la vía pública.

Los empresarios gaditanos sospechan que la medida es irrevocable y saldrá publicada el 31 de diciembre de 2023 en el BOE. La provincia cuenta con unas 1.200 empresas de transporte y una flota superior a los 5.000 camiones. El sector da empleo en Cádiz en a 10.000 personas.

Uno de los objetivos de la nueva ley de Movilidad es «establecer un sistema de financiación del uso de las carreteras del Estado, que se implantará a partir de 2024», basado en el principio de «quien contamina paga».

La Comisión Europea añade que, según lo acordado con el Gobierno central, «el objetivo de esta medida es internalizar el coste externo del transporte por carretera, creando así incentivos para una mayor eficiencia en este sector y conduciendo a una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero».

La provincia suma 168 kilómetros de autovías y autopistas, de los que 48 corresponden a la antigua Ap-4 (Cádiz Sevilla) y el resto a la Cádiz-Vejer (A-48) o los tramos desdoblados que discurren entre Jerez-El Puerto-Puerto Real-San Fernando, además de los que conectan el entorno de Algeciras y La Línea con la A-7, la autovía del Mediterráneo. Se trata de vías de alta capacidad y, por tanto, señaladas para peajes.