Un total de 272 móviles incautados en los últimos cinco años en las prisiones de El Puerto

El sindicato ACAIP-UGT ha levantado la voz de alarma sobre el uso de los teléfonos móviles dentro de las prisiones de El Puerto. Hasta 272 dispositivos incautados en los últimos cinco años. Los móviles están prohibidos dentro de los centros penitenciarios porque permiten a los internos eludir los controles de comunicación establecidos, facilitando la continuidad de actividades delictivas, como la violencia de género o la coordinación de redes criminales desde el interior de las cárceles. «Esta prohibición no solo responde a criterios de seguridad, sino también al cumplimiento del mandato constitucional de reeducación y reinserción social», según ha señalado el sindicato en un comunicado.

Los teléfonos móviles se han convertido en uno de los objetos más codiciados en prisión, generando un mercado negro con graves consecuencias para el orden interno. Entre 2020 y 2024 se han incautado un total de 272 terminales en los centros penitenciarios de El Puerto de Santa María: 183 en Puerto III, 80 en Puerto II y 9 en Puerto I. En los centros dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias el número asciende a 12.882. Solo en 2024, se decomisaron 2.884 dispositivos, de los cuales 72 fueron requisados en las prisiones portuenses: 31 en Puerto III, 39 en Puerto II y 2 en Puerto I. Se concluye que en el periodo 2020 a 2024 se requisaron más teléfonos móviles en la prisión de Puerto III, la cual tiene mayor número de población reclusa, sin embargo en el último año hubo más incautaciones en la prisión de Puerto II, caracterizada por recluir a internos pendientes de juicio.

Desde Acaip-UGT han destacado la insuficiencia de medios de los funcionarios de prisiones y reclaman formación exhaustiva y suficiente personal para poder hacer frente a esta realidad. Además, también deben hacer frente a los nuevos métodos de introducción, como son los drones y que son capaces de burlar la seguridad de los centros.

Por ello, «es urgente una inversión decidida en tecnología moderna de seguridad. Los inhibidores instalados hace años, basados en redes 3G, han quedado obsoletos ante el avance de las telecomunicaciones. Es imprescindible dotar a los centros penitenciarios de sistemas de inhibición actualizados que impidan el uso de teléfonos móviles en su interior y eviten que drones sobrevuelen zonas restringidas», han demandado.