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La Sierra de Cádiz, manchada por la sospecha y la corrupción
TRIBUNALES
Numerosos alcaldes y concejales de la comarca se han visto envueltos en investigaciones sobre enchufismos y prevaricaciones los últimos años, algunos, con condenas ya firmes
Vista de la Sierra de Cádiz.
Da igual el color político porque hay «un poco de todo». Partidos de izquierda, de derechas, o coaliciones nacidas en el mismo pueblo que supuestamente tenían como principal interés el bien de esos pueblos. Independentistas serranos o pequeñas 'sucursales' de otros grandes. Pero viniera de donde fuera, la ambición o simplemente el 'cortijismo' y desprecio a la norma, lo manchó todo. Gestiones partidistas, enchufismos en los ayuntamientos o sus concejalías, pagos a cambio de favores o dinero, contrataciones de obras públicas a amigos, vista gorda o miradas para otro lado en infracciones evidentes, sordera o ceguera ante los interventores...
Por ello, la Fiscalía Anticorrupción de Cádiz, con su fiscal delegado al frente, Manuel Luis Arjona, lleva años persiguiendo y sentando en el banquillo a todos estos políticos que, una vez que tuvieron el bastón de mando en sus manos, se olvidaron de que existían las normas y la ley. Y son muchos. Y además, especialmente coincidentes en esta misma zona de la provincia.
Esta semana se sentaban en el banquillo de los acusados los últimos investigados de otro de estos casos que ha tomado rumbo judicial. Nada menos que un Gobierno entero de una de las localidades de la Sierra más grandes e importantes: Arcos de la Frontera, la que tiene mayor extensión y número de habitantes. Su exalcalde José Luis Núñez, del Partido Popular, y su bancada de concejales -algunos del PP y otros de AiPro- han sido procesados por haber 'enchufado' a familiares y militantes para diferentes empleos dependientes de varias delegaciones del Consistorio.
La forma de hacerlo no estaba muy estudiada. Contratos temporales cuya autorización firmaba tras un decreto del alcalde, el edil de Personal. Una vez que éste firmaba la orden ya estas personas podían asumir las labores encomendadas con sueldos baremados según sus funciones. Sueldos públicos.
Y entre ellos, se da la circunstancia que había gente más y menos cercana a los políticos. El propio cuñado del alcalde fue contratado en varias ocasiones como carpintero. En distintas áreas de diferentes concejalías. También una sobrina de Núñez, como limpiadora. Y muchos otros: los tíos de otro concejal en la planta de reciclaje, los sobrinos de otra edil como monitores y socorristas, hermanos, hijos... conocidos, y militantes. En esto último a la Fiscalía Anticorrupción le llamó la atención que muchos de los 'beneficiados' eran justamente personas que habían ido en la lista de AiPro, partido que terminó siendo llave para que el PP lograra el Ayuntamiento.
Ofertas de empleo sin publicidad ni concurso
Según la Fiscalía todo estos contratos, más de un centenar durante unos cuatro años (de 2011 a 2015), se propusieron sin tener en ningún momento en cuenta las normas básicas de empleo público. Es decir, no salieron a concurso, no se publicitaron estas ofertas y no se inscribió en ningún sitio. Además uno de los interventores que estuvo en parte de ese período, llamó la atención sobre su presunta ilegalidad, haciendo repetidos informes de reparo que, como indica la acusación, fueron ignorados.
El asunto se dirimirá en la justicia pero, como decíamos, no ha sido ésta la única forma de proceder que, al menos, ha levantado sospechas y ha enturbiado la imagen de estas tranquilas localidades serranas.
Porque ya ha habido incluso varias sentencias condenatorias a anteriores alcaldes o ediles como de Puerto Serrano, Villamartín, Alcalá del Valle, Bornos, Espera, Benaocaz, San José del Valle...
Por ejemplo y recientemente, ha caído otra condena. El exalcalde de Benaocaz, el socialista José Rafael Reyes, ha sido sentenciado por la Audiencia de Cádiz por ceder de forma gratuita una parcela municipal a un constructor con el que el Consistorio tenía deudas. Los hechos se remontan a 2001 y tanto el exregidor como el empresario han confesado su autoría para poder así optar a una reducción de la pena impuesta. Eso y que además el caso ha tardado en llegar más de 20 años a juzgarse. Por tanto, Reyes, que fue alcalde de Benaocaz dieciséis años (1991-2007) ha sido condenado a un año y dos meses de prisión, pena que queda suspendida.
Según el fallo, el exalcalde y el constructor «idearon, prepararon y desarrollaron las actividades necesarias para que la mercantil Procicu adquiriese la propiedad de la finca sin pagar su valor». El proceso fue «oscuro y viciado», y donde la transparencia «brilló por su ausencia». Para lograr su propósito, «contaron la estimable colaboración de la secretaria-interventora accidental del Ayuntamiento de Benaocaz, quien no puso objeción alguna a dicha operación con conocimiento de que no se había pagado nada». Con este 'regalo' las arcas públicas perdieron 72.730 euros.
Ecologistas en Acción había presentado una denuncia ante la Fiscalía ya que en la finca se levantó un bloque con 24 viviendas con altura y edificabilidad superior a la permitida. Además de que se construyó en suelo municipal.
Se da la circunstancia además que Rafael Reyes gobernó Benaocaz hasta el año 2007, ya que, precisamente, tuvo que dejar la alcaldía tras ser inhabilitado por contratar como empleado municipal de forma continuada a un concejal, que también era del PSOE.
También de Benaocaz se conocía otro turbio asunto esta semana. La Audiencia de Cádiz ha condenado al que fuera su alcalde desde 2015 a 2017, el socialista Antonio Venegas, por un delito de prevaricación, al haberse negado durante algo más de año y medio a convocar plenos ordinarios. La Sección Octava cree que de esta forma y, consciente de esta irregularidad, obstaculizó el trabajo de la oposición de otros grupos políticos.
Venegas ha sido condenado a nueve años de inhabilitación pero contra el fallo aún cabe recurso de apelación. El exregidor es actualmente edil de la Corporación municipal, por lo que de ratificarse este fallo tendrá que abandonar este cargo público.
Condenado y 'echado' por un exhorto
Rumbo parecido tuvo otro exalcalde serrano. En este caso de Espera. A finales de este pasado año el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ratificaba otra condena contra el exregidor Pedro Romero (de Izquierda Unida), de ocho años y seis meses de inhabilitación especial que le había impuesto la Audiencia de Cádiz por prevaricar con dos contrataciones. Este alcalde ya había sido inhabilitado anteriormente por otra causa pero no había abandonado el Consistorio y la justicia tuvo que enviarle un exhorto en 2022 para que se fuera y cumpliera así con el castigo penal que se le había impuesto.
Según el fallo la contratación «se ofreció únicamente» a esa persona concreta «porque así lo quiso» el condenado, «que habló con el secretario-interventor sobre esa contratación e interpretó» que éste «no ponía objeciones a la misma», sin que el alcalde solicitase al secretario-interventor «ninguna aclaración al respecto ni tampoco realizase ninguna otra gestión para comprobar cuál era la normativa aplicable», según consideró probado el tribunal. Como ya indicó la Audiencia, «al menos desde el mes de enero de 2014, el secretario-interventor le advirtió, repetidamente y de forma expresa», de que esta contratación «no se ajustaba a la legalidad».
También de acuerdo por contratos irregulares, se vio ante la justicia a otro alcalde longevo de la Sierra. El exregidor de Puerto Serrano (IU) sobre el que cayeron numerosas denuncias y también condenas. La última, de 2021. Una sentencia que es firme ya que él mismo reconoció los hechos y llegó a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, aceptando otros siete años y medio de inhabilitación por prevaricar con contratos eventuales.
En dicho fallo, la Audiencia Provincial consideraba probado, que el encausado, en su condición de máxima autoridad de Puerto Serrano, ejecutó numerosos contratos laborales eventuales con un trabajador «con conocimiento de la ausencia absoluta de procedimiento de selección y sin respetar los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, como así se le puso de manifiesto en numerosísimas ocasiones en los correspondientes informes de reparo por los distintos secretarios interventores del Ayuntamiento». En este sentido, los magistrados expusieron que la persona referida «iba enlazando de manera improcedente» dichos contratos hasta que adquirió la condición de indefinido»
También los líos judiciales se han asomado por San José del Valle. Allí su alcalde, el socialista Antonio González, ha tenido que rendir cuentas en las varias ocasiones que ha sido procesado. El pasado año era condenado por la Audiencia de Cádiz a nueve años de inhabilitación por perdonar el pago municipal de unas tasas a unos feriantes en 2016, un fallo que no es firme ya que hay recurso ante el TSJA.
Justo este órgano ya sentenció a la inhabilitación a González Carretero a nueve años por prevaricación por no derribar una construcción ilegal, sin embargo el alcalde recurrió y fue absuelto por el Tribunal Supremo. Además también fue condenado por injurias graves a tres policías locales de su localidad. El alcalde vallense llegó a afirmar que los agentes eran corruptos al servicio de la oposición y que disimulaban «muy mal a quién perseguían y por qué motivos». El juez impuso al regidor el pago de 3.000 euros a cada uno de los tres policías. Este fallo fue también recurrido y la Audiencia gaditana lo absolvió al entender que sus manifestaciones se amparaban en «el derecho a la crítica».
También Villamartín se ha visto envuelta en procesos judiciales. En 2021 el Supremo confirmaba la inhabilitación del exregidor, el socialista José Luis Calvillo, por un delito de prevaricación administrativa. El tribunal de la Sección Octava estimó probado que contrató de manera ilegal a una vecina en el año 2007, cuando aún era alcalde de este municipio. Por contra, Calvillo resultó absuelto en 2022 por un asunto de adjudicación de obras.
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