TRIBUNALES
Un exalcalde de Arcos y todos sus concejales, al banquillo por 'enchufar' en el Ayuntamiento a hijos, cuñados, sobrinos, hermanos...
TRIBUNALES
La Audiencia de Cádiz juzga al exregidor del PP José Luis Núñez y al que fuera todo su equipo de Gobierno en coalición con AiPro, por hacer un centenar de contratos a dedo para favorecer presuntamente a familiares y militantes
El cuñado del propio alcalde fue fichado como carpintero en diferentes concejalías, un conserje era hermano de otro edil, socorristas, sobrinos de una delegada, o dos tíos del responsable de Medio Ambiente, fueron 'seleccionados' para la planta de reciclaje
El fiscal pide de seis a doce años de inhabilitación para los concejales y veinte para el exalcalde popular por prevaricación continuada y omisión
La Audiencia Provincial de Cádiz acogerá desde este miércoles en la Sección Octava de Jerez y durante dos semanas un nuevo juicio a políticos de la Sierra gaditana por asuntos relacionados con el enchufismo y la prevaricación. En esta ocasión los acusados son el exalcalde de Arcos de la Frontera, José Luis Núñez (PP), y hasta once concejales del equipo de Gobierno que regían la localidad en la fecha de los hechos gracias al pacto de coalición acordado entre el Partido Popular y el partido independiente AiPro. A todos ellos se les acusa de haber 'enchufado' a familiares y simpatizantes de sus partidos para diferentes empleos dependientes de varias delegaciones del Consistorio. Entre otros, el cuñado del propio Núñez, el hermano del concejal de Turismo o el sobrino del edil de Asuntos Sociales. La Fiscalía Anticorrupción solicita que todos sean condenados por un delito continuado de prevaricación y, en el caso del exalcalde, también por un delito de prevaricación por omisión.
Así y según detalla el escrito de calificación de la Fiscalía Anticorrupción, los delegados de Urbanismo, Turismo, Asuntos Sociales, Cultura y Deportes, la delegada de Jédula, la coordinadora de Igualdad, la concejal de Impulso Económico, el concejal de Fiestas, el de Medio Ambiente, el de Infraestructuras y el de Personal, junto al alcalde, vinieron autorizando y realizando estos contratos ilegales desde el año 2011 a 2015. Como indica el fiscal, lo hicieron «prescindiendo del procedimiento de selección preceptivo, y sin respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad y publicidad exigidos en la Constitución».
Como se indica, «concedían un empleo público a quienes ellos estimaban conveniente, en algunos casos por exclusivos vínculos familiares o por pertenencia a su mismo partido político o con el que gobernaban en coalición, sin ajustarse a los principios que deben regir la función pública», determina Anticorrupción.
Para lograr este «propósito» contaron con la «estimable colaboración» del entonces interventor del Ayuntamiento de Arcos hasta septiembre de 2013. Este acusado «a pesar de tener conocimiento de la ilegalidad de dichas contrataciones, mantuvo una posición pasiva, consintiéndolas y no emitiendo informes de reparo alguno». se expone.
Además, por un decreto de julio de 2011, el alcalde le dio potestad al delegado de Personal para realizar las contrataciones, de forma que las propuestas se realizaban por los diferentes delegados y eran posteriormente autorizadas y formalizadas por este concejal de Personal.
Y de esta forma cada uno de estos delegados de áreas fueron haciendo las diferentes propuestas de sus 'candidatos', cuyas contrataciones se iban aprobando.
Así por ejemplo Sebastián Ruiz, exsenador del PP y exconcejal de Infraestructuras -también condenado en firme por el Supremo en otro asunto similar- propuso para diferentes contratos entre 2012 y 2014 a M. P. como oficial de carpintería en el área de Cultura. El beneficiado era cuñado del alcalde.
Por otro lado, llama la atención la participación de otro de los procesados. Se trata de Manuel Erdozain, quien fuera delegado de Urbanismo por AiPro. En su caso, según mantiene la acusación, propuso la contratación de hasta once personas en distintos puestos en diferentes áreas de Urbanismo. Un peón en Vías Públicas, un operario en Parques y Jardines, administrativo en la concejalía, oficial en limpieza viaria, albañil en Parques y Jardines y Cementerio, mantenedor en la piscina, auxiliar administrativo, pintor de instalaciones municipales, y hasta un arquitecto para la realización del PGOU.
De nuevo entre estos 'agraciados' con otro de estos contratos temporales en el Ayuntamiento estaba el cuñado del exalcalde y la amplia mayoría eran militantes de AiPro que en esas pasadas elecciones municipales habían ido en la candidatura del partido en distintas posiciones. Otro de los nuevos empleados era también sobrino de la delegada de Asuntos Sociales.
Por su parte, el edil de Cultura por ejemplo propuso la contratación nuevamente y en varios meses como carpintero del cuñado del exalcalde, además de otras personas al hijo del delegado de Turismo como monitor deportivo, como limpiadora a la hija de la edil de Asuntos Sociales, o también como monitores a los sobrinos de otros dos concejales.
En el caso del exalcalde, y como indica la acusación, propuso a su propio cuñado como oficial de carpintería para la pinacoteca en septiembre de 2014.
El cuñado del alcalde, carpintero, su sobrina, limpiadora y más
Mismo hilo siguió la concejala de Asuntos Sociales que también 'invitó' a la contratación de unas seis personas en diferentes funciones dentro de su área. Por ejemplo a la sobrina del alcalde como limpiadora en un colegio, o la hermana y el tío de otros compañeros de su equipo de Gobierno y militantes de AiPro.
Otro caso fue el de la concejal de Impulso Económico que propuso la contratación como conserje del hermano del delegado de Turismo, o este último que también enchufó presuntamente como auxiliar administrativo a una suplente del partido arcense.
Mismo comportamiento parece que tuvo -como indica el fiscal- la edil de Jédula (pedanía de Arcos) quien propuso la contratación de dos sobrinos suyos como peones de mantenimiento y socorristas, además de a un compañero de AiPro (el número 20 en la candidatura) como pintor empapelador. Así también actuaron, según Anticorrupción, la edil de Igualdad, o el de Fiestas beneficiando a familiares y militantes con estos supuestos contratos irregulares que no pasaban ningún proceso de selección ni concurso público.
Destaca también el caso del concejal de Medio Ambiente quien desde febrero de 2013 y encargado de realizar las propuestas de contratación de la empresa municipal Ecoreciclajes, seleccionó a dedo a dos tíos suyos para que trabajaran como peones en dicha planta y a otro miembro de AiPRO como oficial de parques y jardines.
Todas estas propuestas fueron aprobadas por el edil de Personal con «pleno conocimiento» de la inexistencia de procedimiento, sino que además este concejal también contrató directamente a otros candidatos de la misma forma ilegal, según la Fiscalía. Así 'enchufó hasta a nueve personas. Entre ellos, a los cuñados de los concejales de Urbanismo e Infraestructuras, varios militantes de AiPro que nuevamente habían ido en la lista del partido a las elecciones, y a su propia hermana como coordinadora de cursos de Igualdad entre 2011 y 2013.
Para la Fiscalía, el concejal de Personal, actuó «en connivencia con el resto de acusados y en especial con el alcalde José Luis Núñez, quien no sólo no elaboró las bases para la contratación -competencia suya-, sino que con conocimiento de tales prácticas ilegales permitió que se produjesen, sin que por su parte se avocara la competencia en materia de contratación o adoptara cualquier medida que lo impidiera».
Con informes de reparo
Además, destaca la acusación, el alcalde era «pleno conocedor» de estas contrataciones ilegales puesto que por parte del interventor accidental, se emitieron desde el mes de noviembre de 2013 hasta junio de 2015, informes mensuales de reparo en los que se ponía de manifiesto estas presuntas ilegalidades. El interventor las calificaba en dichos informes de «arbitrarias, desproporcionadas, injustificadas, no objetivas y excesivas». «Tanto por la grave situación económica del Ayuntamiento debido a las deudas, como por la necesidad de cumplir los planes de ajustes se debe reducir, entre otros, los gastos de personal por lo que es necesario reducir drásticamente o eliminar estas contrataciones», advertía.
Por su parte, el interventor titular omitió hacer informes de reparo alguno y autorizó los pagos de las nóminas pertinentes. A este funcionario se le acusa como cómplice.
Todos los procesados se enfrentan a un delito de prevaricación continuada y la Fiscalía solicita que sean condenados a inhabilitaciones para empleos públicos de entre 6 a 12 años, dependiendo de su implicación. El exalcalde se enfrenta además a otro de prevaricación por omisión. En total puede ser condenado a veinte años de inhabilitación.
En los juzgados desde 2014
El juzgado ratificaba en diciembre de 2014 esta querella contra el alcalde y otros ocho concejales de PP y AiPro, partidos que entonces gobernaban en coalición en la localidad arcense, por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias en los que habrían incurrido tras la supuesta contratación irregular de estos familiares y personas afines a sus partidos.
La querella fue presentada a título particular por el edil socialista Joaquín Macías en septiembre de 2014. Sostenía que los querellados habrían venido ordenando, «a veces directamente, y otras a través del responsable de Hacienda y Personal, el concierto de contratos temporales de personal laboral en el Ayuntamiento con familiares directos suyos y de otros delegados municipales, así como de miembros de las candidaturas a las elecciones municipales de 2011». A partir de este miércoles y tras más de una década en el juzgado por la gran cantidad de procesados y una engorrosa instrucción, llega a la Audiencia.
