Las trabajadoras confirman el trato degradante a los ancianos en las residencias de Sevilla investigadas
Un juzgado de Carmona avanza en la causa abierta contra las responsables de tres residencias de mayores por presuntos malos tratos durante los meses más duro de la pandemia tras la denuncia de la Fiscalía
La Junta ordena el cierre de dos de las tres residencias investigadas por malos tratos a los ancianos
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Carmona sigue adelante con la investigación de los presuntos malos tratos denunciados por la Fiscalía en tres residencias de mayores de Sevilla durante los meses más duro de la pandemia del coronavirus . En concreto son dos centros de Alcalá de Guadaíra y otro de Carmona . Algunas de las trabajadoras de estos geriátricos han pasado delante de la juez que lleva el caso y han confirmado las sospechas del fiscal delegado de Personas Mayores y Personas con Discapacidad en Sevilla, Norberto Sotomayor, impulsor de estas denuncias. «Falta de higiene, escasez de comida, colchones deficientes, sin agua caliente, ...» son algunas de las condiciones puestas en conocimiento de la juez por estas empleadas.
En esta causa se encuentran investigadas la titular de la residencia La Alegría, en Carmona, y San Lorenzo, en Alcalá de Guadaíra, y la titular de la residencia Santa Ángela, en este segundo municipio, así como una trabajadora de este último centro, por delitos de trato degradante, abandono, desobediencia, contra la salud pública y falsedades y utilización de certificados o documentos falsos . Las tres fueron citadas por la instructora y se acogieron a su derecho a no declarar.
Si bien, en la causa obra todo el trabajo de investigación realizado por la Fiscalía en este asunto, material gráfico y audiovisual sobre las condiciones en las que vivían los ancianos, las declaraciones de los testigos, las actas de la inspección de la Junta de Andalucía , etc.
Fue en marzo de 2021 cuando el Ministerio Público decidió finalmente llevar este asunto a los juzgados e interponer la correspondiente denuncia. Detrás quedaban meses de recopilación de datos y investigación de la mano de la inspección de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía , que en enero del año pasado ordenó el cierre cautelar de dos de las tres residencias. Estos presuntos malos tratos denunciados fueron detectados en el marco del seguimiento que Fiscalía y Gobierno andaluz hacían del conjunto de geriátricos durante la pandemia del coronavirus , que azotó duramente estos centros.
Entre las últimas actuaciones acordadas por la juez está la de ampliar los plazos de instrucción de esta causa, para lo que ha pedido a las partes que se pronuncien a este respecto, con el propósito de que después no puedan recurrir la prórroga de estos plazos por un defecto de forma.
Informe de los medicamentos suministrados
Además, la juez ha solicitado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Sevilla una prueba pericial sobre las prescripciones y medicamentos de la residencia Santa Ángela, en la que según la Fiscalía «se suministraron medicamentos indebidos, distintos a los prescritos o en dosis no pautadas por médicos, con los que se ponía en grave riesgo la salud». Además, según el Ministerio Público, en este caso «existe una manipulación de certificados y hojas de prescripción de médicos», hechos que el fiscal le imputa a dos de las investigadas, las responsables de los centros.
La juez, después de Semana Santa, va a oír a más de media docena de personas mayores que vivían en dichas residencias para conocer de primera mano como era su día a día en estos centros, según la providencia de hace un mes a la que ha tenido acceso este periódico.
Con anterioridad la instructora ha podido conocer los testimonios de algunas de las empleadas de estos centros . Una trabajadora de las residencias La Alegría de Carmona y de San Lorenzo de Alcalá trasladó a la juez que la comida era «escasa» y había «dejadez» en la atención a los residentes . «Faltaba pan para el desayuno en La Alegría, donde en las instalaciones nuevas no había agua caliente y había que calentar el agua para duchar a los abuelos».
Añadió que la higiene de los abuelos era «muy mala» y los colchones «deficientes» . Admitió que se dieron traslados de ancianos entre residencias, a pesar de estar prohibido por la Junta de Andalucía en plena pandemia.
Otra enfermera de una de las residencias de Alcalá manifestó que cuando una de las investigadas asumió la gestión del centro «todo va mal»: las mascarillas, asuntos administrativos, etc. Se sobrepasó el aforo del centro pasando de treinta a cuarenta ancianos, que venían de Santa Ángela. Aseguró que se estaban incumpliendo normativa legal y administrativa. También admitió los traslados de ancianos, a los que tenían todo el día en pijama . Con la llegada de una de las investigadas como gestora «los abuelos se infectaron y luego fallecieron por el Covid-19».
Una tercera trabajadora, también de La Alegría, reconoció la falta de alimentación para los residentes así como de personal laboral. Sólo había dos personas. Como las otras dos testigos, señaló los traslados entre centros. Ella denunció la situación ante la Fiscalía «porque las condiciones eran muy malas, no había ni agua caliente» .
«Una conexión entre investigadas»
Ella tomó pruebas de todo, fotos e imágenes que después puso a disposición del Ministerio Público. No sólo denunciaron el caso trabajadores sino también familiares de residentes, algunos de ellos cuyos intereses defiende el letrado José Luis Escañuela. Fuentes de la Fiscalía confían en que la instrucción no se alargue mucho pues gran parte de la investigación ya estaba avanzada cuando se denunciaron los hechos.
La defensa de una de las tres acusadas ha intentado, en vano, dividir la causa en dos atendiendo a que parte de los hechos ocurrieron en Alcalá y no en Carmona y por tanto, bajo su argumento, deberían ser investigados en un juzgado de Alcalá, aunque la instructora no ha atendido dicha petición y continúa adelante con la instrucción.
Según la juez, de lo actuado en la causa hasta la fecha se constata que «existe una conexión íntima entre las tres investigadas, los hechos y los delitos, así como las víctimas y las pruebas . Existe un concierto de voluntades puesto que se produjo un trasvase de residentes entre las tres residencias y los residentes de las mismas sufren un trato degradante-vejatorio y proceden de una residencia, donde los sufren y son trasladados a otras donde continúa esta situación». También hubo trasvase de trabajadores.
Todo esto, según la juez instructora, acreditan « un concierto de voluntades , concurrencia de delitos, falsedad, que trata de encubrir o facilitar otro, desobediencia, delitos análogos cometidos en las tres residencias, vejación».
Noticias relacionadas
