Sevilla
El alcalde de Casariche «no sabía» lo que firmaba en la planta de reciclaje de Estepa
El socialista Basilio Carrión culpa del fraude al interventor a pesar de que él presidía el Consorcio
El alcalde de Casariche , el socialista Basilio Carrión , no se enteró de nada de lo que pasaba en el Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur a pesar de que lo firmaba todo, incluso el contrato con la empresa pantalla que crearon el interventor y el gerente de la planta de reciclaje para el presunto desvío de dinero desde el organismo público. Esta ha sido la estrategia de defensa de Carrión ante la juez de primera instancia e instrucción número 2 de Estepa, Inmaculada Varo , ante la que compareció como investigado el pasado lunes. Al alcalde de Casariche se le imputan delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude y exacciones ilegales , ya que la Policía lo detuvo en la primera operación que llevó a cabo en la planta de residuos estepeña aduciendo que Carrión había facilitado al interventor y al gerente sus supuestos actos ilícitos y había incrementado su patrimonio personal, que actualmente es de una casa y un terreno rural, durante su etapa como presidente del Consorcio en el que se produjo un desvío de más de un millón de euros y se descubrió un posible fraude medioambiental en la planta de reciclaje, donde se enterraba la basura sin separar en una enorme balsa situada en un olivar próximo.
Pese a ello, el socialista declaró el lunes en el juzgado que «a José Antonio Mañas y Manuel Ibáñez (interventor y gerente) los conoce desde que estuvo en el Consorcio», pero que al anterior propietario de la empresa Magno Ambiental del Levante, que fue la que se usó como pantalla, «no lo conoce». Varios empleados de la planta de reciclaje declararon como testigos, no obstante, que este hombre, conocido como «El Gordito», llevaba facturas en mano al principal investigado, que es el interventor, José Antonio Mañas . Carrión se limitó a explicar que él estuvo de presidente desde 2014 a octubre de 2019 y que durante esos cinco años «él no se ocupaba de la gestión ordinaria del Consorcio», ya que «José Antonio Mañas y Manuel Ibáñez eran los encargados del funcionamiento normal» porque «llevaban allí desde el principio y confiaba en el funcionamiento del Consorcio» bajo la organización de estos responsables. Carrión insistió en que «del control técnico y jurídico se encargaban» Mañas e Ibáñez y que a él sólo «se le presentaba la resolución y la firmaba», pero sin leer nada.
La juez le preguntó por el contrato que firmaron el Consorcio y Magno Ambiental del Levante, empresa de la que eran propietarios el interventor y el gerente con sus respectivas esposas y a la que el organismo público adjudicó el alquiler de los camiones de retirada de basura, pero el socialista no recordaba nada. Según su testimonio, supo de qué le estaban hablando «cuando se lo enseñaron en dependencias policiales y vio su firma, pero no participó en las gestiones para la contratación».
No es de todas formas, el único documento que Carrión firmó para conectar al Consorcio con la empresa de sus gestores, pero su mala memoria no le permitió recordarlos en el juzgado, donde dijo que «cree recordar haber firmado alguna factura de Magno como proveedor, Guillén y otros», pero que él desconocía «si José Antonio Mañas y Manuel Ibáñez tenían relación con Magno Ambiental». Si así fuese, la otra gran duda que le planteó la juez es por qué aprobó un contrato que era claramente lesivo para la entidad pública que él presidía y Carrión volvió a señalar a los dos gestores. «En relación a la firma del contrato de arrendamiento de maquinaria con Magno Medio Ambiental, lo firmaría porque técnicamente se le diría que era necesaria su firma», ya que en realidad él «no sabe por qué se optó por el arrendamiento en lugar de la compra» ni «por qué el Consorcio le vendió dos camiones a Magno, a pesar de la celebración del citado contrato de arrendamiento». Él firmaba y ya está, aunque sí recuerda «que las modificaciones que efectuara José Antonio Mañas en el contrato no se le presentaron a firma».
Sólo respondió a su abogada
El alcalde de Casariche recalcó, no obstante, que él «no se ha lucrado de ningún modo del contrato con Magno Medio Ambiental», aunque se negó a contestar a las preguntas de las acusaciones y sólo atendió a las de su letrada para explicarle que nunca tuvo «conocimiento de ninguna incidencia que le hiciera quebrar su confianza hacia José Antonio Mañas y Manuel Ibáñez en el funcionamiento del Consorcio» y que nunca fue «advertido de ninguna incidencia o anomalía» .
Carrión, que cobraba de este organismo, sólo firmaba lo que le ponían por delante, según su propia declaración, poniendo confianza ciega en el interventor a pesar de que Mañas ya había sido imputado en 2013 por «falsificar documentos oficiales con los que trataron de dar apariencia de legalidad al proyecto de hotel y complejo turístico que promovía la empresa Promocañete» en Algámitas , donde era también interventor. Curiosamente, esta sociedad es propiedad de la hija de este funcionario y a través de ella se llevaron a cabo las principales adquisiciones de terreno que investiga la juez con el dinero desviado desde el Consorcio, en total 30 parcelas. Mañas, su esposa y su hija están citados a declarar el próximo 29 de septiembre junto con su socio y gerente de la planta de reciclaje, Manuel Ibáñez, y la esposa de éste.
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