Diputación de Sevilla
Seis millones para contratar este año a familias de Sevilla en situación social y económica desfavorables
El Plan de Urgencia Municipal (PUM) ha destinado ya 69 millones desde que se puso en marcha en el año 2009 y beneficiará en 2020 a 4.000 personas
La exclusión social de las familias más desfavorecidas de la provincia de Sevilla es un problema que afecta no sólo a estas personas, sino además a las administraciones públicas, como es el caso de la Diputación de Sevilla, que desde hace once años lleva a cabo el Plan de Urgencia Municipal (PUM).
Este programa intermunicipal ha puesto en carga desde 2009 un total de 69 millones de euros y para el presente se ha destinado una cantidad de cinco millones de euros, mediante concesión directa de subvenciones a los ayuntamientos de la provincia, para que gestionen las contrataciones de personas que se encuentran en situación de exclusión o riesgo social para realizar trabajos puntuales.
Esta nueva edición del PUM volverá a beneficiar a más de 4.000 familias en toda la provincia de Sevilla, donde serán los servicios sociales municipales los que determinen qué casos específicos son los que más urgencia tienen para acceder a esta iniciativa de creación de empleo.
Estas contrataciones laborales oscilan entre los 15 días y 3 meses de duración . A la cantidad de cinco millones, hay que añadir los 814.139 euros que aportan los consistorios, que se pusieron en carga a finales del pasado mes de febrero.
El PUM está incluido desde el año 2016 como programa comunitario dentro del Plan de Cohesión Social e Igualdad 2016-2019, aprobado para este ejercicio por el pleno de la Diputación de Sevilla a final del ejercicio anterior.
Lo primero que se tiene en cuenta a la hora de elegir a los beneficiarios son las personas en riesgo de exclusión social que vivan solas , así como aquellas otras pertenecientes a unidades familiares que tengan menores o personas dependientes a su cargo. También serán beneficiarios de esta ayudas los miembros de unidades familiares que no hayan tenido contrato de trabajo correspondiente al PUM del año anterior.
También los miembros familiares en las que convivan j óvenes que tengan dificultades económicas para continuar sus estudios universitarios o ciclos formativos de grado superior o mujeres en situación de riesgo o proclives a desembocar en situaciones de exclusión social, con carácter preferente víctimas de violencia de género , con objeto de contribuir a paliar el desempleo de las mujeres.
Este programa intermunicipal cuenta entre sus objetivos con la atención integral a las familias, principalmente a las que se encuentran en situación social y económica desfavorable.
El periodo de ejecución se desarrollará hasta el 31 de diciembre de este año con la cuantía total de 5,8 millones de euros, distribuidos en función del número de demandantes de empleo no ocupados de cada entidad, según datos proporcionados por el Servicio Andaluz de Empleo correspondiente al mes de diciembre de 2018.
Los destinatarios finales de las ayudas deberán cumplir con los requisitos de estar empadronados en la Entidad Local que realiza la contratación a 1 de enero de 2019, acreditar la situación de desempleo y pertenecer a una unidad familiar en los siguientes umbrales económicos referidos al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem): familias de un solo miembro hasta 1,5 veces el Iprem; familias de dos miembros hasta 1,75 veces; familias de 3 o 4 miembros hasta dos veces y familias de 5 o más miembros hasta 2,5 veces.
«Con esta nueva apuesta del Plan de Urgencia Municipal volvemos a atender a una demanda permanente de los alcaldes de la provincia, que son los que más reclaman estas partidas», explicó el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos.
El PUM, de un año de duración, posibilitó la contratación de 7.585 personas en su primera edición, de las cuales el 59% fueron mujeres . Desde entonces la tónica general de contrataciones oscila entre 4.300 y 4.100 beneficiarios.
Desde que se iniciaran las ediciones del PUM en 2009 como iniciativa enfocada a contratar a personas cuyas unidades familiares se ven más afectadas por una mala coyuntura económica, la Diputación ha destinado 69 millones de euros a los contratos que se generan con el programa. A esa cantidad se han sumado aportaciones de la Junta y los Ayuntamientos por valor de casi 11 millones.
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