Seis meses más para investigar el fraude del reciclaje en Estepa
El juez, atendiendo la petición de la fiscal, prorroga la instrucción para poder llevar a cabo las pruebas que faltan, como las declaraciones de los líderes de la trama y una pericial sobre el quebranto económico al Consorcio de Medio Ambiente
Seis meses más para la investigación del presunto fraude en la planta de reciclaje de Estepa . La Fiscalía lo pedía el pasado día 5 y el juez lo concede cinco días después. Un semestre es el tiempo que considera el instructor «razonable» para practicar las pruebas pendientes para el esclarecimiento de los hechos como pueden ser la declaración de los dos principales acusados en esta trama y la pericial sobre el quebranto económico que sufrió el Consorcio de Medio Ambiente Sierra Sur-Estepa .
El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Estepa ha acordado prorrogar seis meses la instrucción de las dos piezas en las que hay un total de once investigados por presuntos delitos prevaricación, malversación, fraudes , exacciones ilegales y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y blanqueo de capitales .
En febrero de hace dos años el magistrado abría una investigación por por los contratos de arrendamiento de camiones para la recogida de basura del Consorcio de Medio Ambiente a la empresa Magno Ambiental de Levante , que era de José Antonio Mañas y Manuel Ibáñez, quienes al mismo tiempo eran el secretario-interventor del Consorcio y el jefe de la planta de reciclaje, respectivamente.
El primer contrato data de enero de 2016 y el segundo, modificado, de noviembre de 2018. El propósito era prestar el servicio de recogida de basuras en los municipios de la Mancomunidad de Municipios Sierra Sur con los camiones alquilado a la empresa de Mañas e Ibáñez. En aquella época era el presidente del Consorcio el alcalde socialista de Casariche, Basilio Carrión , también investigado en este fraude.
De esta primera causa, en la que se investigan presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraudes y exacciones ilegales y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, el juez abrió una pieza separada por blanqueo de capitales. Y es que el entramado puesto en funcionamiento por Mañas e Ibáñez a través de t estaferros y empresas pantallas , con la participación de sus mujeres y familiares, también investigados, permitió a éstos un sistema de contratación con fondos públicos, como los firmado con el Consorcio de la Sierra Sur, cuyos beneficios habrían pasado al patrimonio particular de los cabecillas mediante diversas maniobras propias del blanqueo de capitales, tales como la simulación de operaciones comerciales inexistentes u operaciones hipotecarias .
En ambas piezas la Fiscalía de Sevilla no quería que sucediera como en otras macrocausas de corrupción que se investigan actualmente en los tribunales, las cuales se han visto afectadas por el límite a los plazos de instrucción recogidos en la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) de 2020, que dejaba en seis meses el periodo de la investigación, ampliable a 18 meses (prorrogables hasta 36) si el juez lo acordaba antes de vencer, a petición de la Fiscalía.
Pruebas pendientes
Esto es lo que hizo el pasado 5 de enero la fiscal del caso, según la información publicada este miércoles por ABC de Sevilla. Y en dos autos, de fecha de 10 de enero, el juez atiende la petición del Ministerio Público y acuerda la prórroga durante seis meses de la investigación en ambas piezas.
De esta manera se podrán realizar las pruebas pendientes para el esclarecimiento de los hechos como son las declaraciones, en la última semana de enero, de los dos cabecillas de la trama , que ya fueron interrogados al principio de la causa.
Además, se está a la espera de la conclusión de la pericial para valorar el quebranto económico al Consorcio de Medio Ambiente Sierra Sur-Estepa . En este sentido, la Fiscalía cree que el ente público ha sufrido un perjuicio económico superior al millón de euros por culpa del «concierto previo de los denunciados para obtener un lucro personal de considerable entidad con la reorganización del servicio de recogida de basura».
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