TRIBUNALES
La recaudación de la escuela municipal de Burguillos no llegó nunca al Ayuntamiento
Imputan prevaricación a la concejal de Educación por haber contratado «arbitrariamente y sin procedimiento alguno» a los dos profesores
La investigación abierta en el Juzgado de Instrucción 8 de Sevilla contra el gobierno municipal socialista de Burguillos , adelantada por ABC y por la que se acusa de cuatro delitos al alcalde, Valentín López , y de dos al que fuera concejal de Urbanismo ahora asesor de la Diputación Provincial, Luis Cubiles , incluye también un caso verdaderamente llamativo por el que se citó a declarar como investigada a la concejal de Hacienda y Educación, Marina Mercedes Amador . A esta edil se le acusa de prevaricación , como refrenda el informe de la Policía Judicial elaborado por encargo de la juez instructora a raíz de una denuncia del PP local. Ese presunto delito se debe a la contratación «arbitraria y prescindiendo de cualquier procedimiento» de dos profesores para una escuela puesta en marcha por el Ayuntamiento hace dos años. Cuyos ingresos por los matrículas de alumnos, además, no constan en las arcas municipales a pesar de tratarse de un servicio público sino que han quedado en los bolsillos de los profesores. No tenía conocimiento de dichos ingresos ni el interventor municipal.
La historia se remonta a dos años atrás. El actual gobierno local creó en verano de 2015, nada más llegar al poder desbancando a los populares, una escuela municipal de educación bilingüe y de formación que ha estado funcionando durante los dos cursos escolares transcurridos hasta la fecha. Las clases son impartidas por F.D.M. —inglés— y por E.A.S —clases de apoyo—, personas que no han sido contratadas por el Ayuntamiento sino que fueron simplemente designadas a dedo por parte del alcalde como profesores. López no dio publicidad alguna ni licitó las plazas de profesores para dicha escuela, según reza la denuncia.
Igual de sorprendente resulta que el cobro de las clases lo han efectuado directamente los propios profesores , sin que el interventor municipal haya participado de ello a pesar de tratarse de un servicio municipal que se publicitó entre los ciudadanos como tal y que el Ayuntamiento dispuso el local para impartir las clases y el seguro , según aseguró el propio alcalde en comisión informativa y tal y como apunta el amplio informe de la Policía Judicial. La concejal imputada amplió lo comunicado por el alcalde y expuso que el Ayuntamiento dispondría también a una persona para la inscripción de alumnos. Han pasado por la escuela de idiomas unos 1.400 alumnos, y otros 240 por la de clases de apoyo, a razón de 20 euros al mes cada uno. Ese dinero no pasó nunca por las arcas públicas.
La recaudación de la escuela quedó en manos de los docentes, que, según denunció el PP, «son personas próximas al gobierno municipal». El profesor de inglés ya declaró ante la Guardia Civil y expuso que ese fue el acuerdo con la concejal investigada, con la que convino las tasas a cobrar y que serían ellos quienes emitiesen los recibos y cobraran a los alumnos. Los investigadores incluyeron en la documentación la cartelería oficial de la escuela, con el escudo municipal . La acusación particular, no obstante, solicita también que se imputen delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos al alcalde, que en sede judicial negó saber nada de la escuela.
El caso global
El amplio caso abierto en el Juzgado de Instrucción 8 de Sevilla contra el gobierno municipal socialista de Burguillos tiene una suma de casi una treintena de delitos acumulados entre todos los acusados y señalados por la Policía Judicial a raíz de la denuncia del PP local; independientemente de lo que pide la acusación particular. De esta forma, el alcalde, Valentín López, acumula hasta 23 casos donde la Guardia Civil aprecia cuatro delitos distintos : 18 contra los derechos cívicos de los ciudadanos por impedir a la oposición el acceso a la información; dos delitos de prevaricación; dos delitos de falsedad documental; y un delito de malversación de caudales públicos. La acusación particular, el PP, señala también otro delito de malversación y uno más de tráfico de influencias.
Además de la veintena larga de delitos apreciados por parte de los investigadores contra el alcalde, que ya declaró ante la juez, también penden sobre el exconcejal de Urbanismo y actualmente edil portavoz socialista, Luis Cubiles, acusaciones por un delito de prevaricación y otro de malversación (a causa de la retroexcavadora). Cubiles es asesor del grupo socialista colocado a dedo en la Diputación Provincial. La acusación particular reclama también para este concejal un delito de tráfico de influencias.
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