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El principal investigado en la trama en el Consorcio de la Sierra Sur gana más de 111.000 euros al año
El perjuicio económico ocasionado para la entidad pública de tratamiento y reciclaje por esta trama económico y ecológica ascendería al millón de euros, según la Fiscalía
El secretario del Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur , José Antonio Mañas, que fue detenido por la Policía Nacional el pasado 30 de enero como consecuencia de la investigación de un posible fraude económico y ecológico en esta planta de reciclaje, se puso un sueldo astronómico para un cargo de este tipo. En concreto, Mañas cobra una nómina como funcionario del Grupo A1 de 16.519 euros al año y un complemento específico de 30.580 .
A esto hay que sumar 8.900 euros por trienios , 14.429 por complemente de destino y 41.183 por otros complementos que no se detallan en el presupuesto del Consorcio, donde da cuenta de sus emolumentos. En total, Mañas ingresa 111.613,5 euros al año por su labor en esta entidad según los documentos oficiales.
También es secretario-interventor del Ayuntamiento de Algámitas y, por último, la Policía lo detuvo por la supuesta creación de un entramado de empresas paralelas que facturaban al Consorcio que él mismo encabezaba, sobre todo, a través de Magno Ambiental del Levante. Más ingresos.
Junto a Mañas, según la denuncia presentada por la Fiscalía al Juzgado de Instrucción de Estepa que lleva las diligencias, en este fraude se encuentran el alcalde socialista de Casariche, Basilio Domingo Carrión , y el jefe de la planta y socio de Mañas en la empresa beneficiaria, Manuel Ibáñez. También están el anterior dueño de Magno y las dos mujeres de los encargados de la planta de residuos.
Magno, según adelantó ABC, firmó un acuerdo con el Consorcio para arrendarle maquinaria para la recogida de basura por un importe que superaba los 1,4 millones de euros , un dinero que podía haber destinado a la compra de dichos vehículos «de manera más ventajosa» en el mercado.
Cuatro delitos
Según la Fiscalía, el Consorcio ha sufrido un perjuicio económico superior al millón de euros por culpa del «concierto previo de los denunciados para obtener un lucro personal de considerable entidad con la reorganización del servicio de recogida de basura», incluyendo entrega de cantidades sin justificar y sin un procedimiento administrativo previo para la firma del contrato.
Esto supone la posible comisión de delitos de prevaricación, malversación, fraude y actividades prohibidas a los funcionarios . Fuentes del caso han señalado a ABC que la Fiscalía, al surgir de la investigación indicios sobre posible comisión de delito de blanqueo de capitales , cuya investigación puede generar dilación para depurar responsabilidades en los hechos, pide que se deduzca testimonio de las actuación para abrir nuevas diligencias independientes por este delito.
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