El presidente de la Diputación, sobre el fraude de Estepa: «Los alcaldes no fueron detenidos»

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, aseguró ayer a este periódico que los dos alcaldes socialistas señalados por la Policía en el fraude del Consorcio de Estepa no tienen ninguna relación con el desfalco de más de un millón de euros que investiga el juzgado de instrucción número 2 de esta localidad. «Los alcaldes no son los que han sido detenidos. Una cosa es que te llame la UCO o la Udef para preguntarte, interrogarte y otra cosa es que tú seas culpable de nada», recalcó de forma contundente el también presidente del PSOE de Sevilla. A pesar de que en el sumario la Udef señala directamente al alcalde de Estepa, Antonio Jesús Muñoz, e incluye una orden de pago a la empresa pantalla que se usó para desviar el dinero que está firmada por él, Villalobos mantiene que «fue voluntario y se presentó en Antequera. El sumario podrá decir lo que quiera, yo digo lo que pasó y el alcalde de Estepa cogió y se fue a Antequera y les dijo «yo soy el alcalde de Estepa que lleva un par de meses como presidente del Consorcio, ah encantado, pallá, pacá, pitoflautas» y para casa». Lo mismo dice de Basilio Carrión, alcalde de Casariche, que llegó incluso a firmar el convenio de arrendamiento de camiones con la citada empresa pantalla, propiedad del secretario y del gerente de la planta de reciclaje: «Lo tuvieron allí, le preguntaron y para su casa. ¿Ha ido alguien más a las otras casas de los alcaldes a ver cuántos bienes tienen? Nadie . ¿Han ido a las casas del secretario y del jefe de planta para ver los bienes que poseen? De eso me he enterado yo por ABC», explicó.

El presidente de la Diputación niega cualquier implicación de miembros de su partido con este escándalo y asegura que ni siquiera conoce al secretario del Consorcio y principal investigado, José Antonio Mañas: «Yo no le pongo cara al tal Mañas ese, que es secretario de Algámitas y lo pusieron allí por lo visto para llevar la gestión como una acumulación de tarea y el hombre por lo que habéis publicado se ha fabricado allí un... ¿tiene algo que ver el alcalde de Estepa en eso?»

Villalobos tampoco cree que los regidores implicados tengan responsabilidad política por no haber vigilado bien lo que se hacía en el Consorcio: «Lo que hay allí son 40 operarios. Muchas veces magnificamos las cosas . El alcalde preside las juntas generales. ¿El alcalde va a a saber lo que hace el secretario? Oye, mira, aquí hay una compra de dos coches de no sé qué y no sé cuánto, ¿donde están los coches? Y le dice «allí y allí; muy bien, vale». Una cosa es la gestión que está investigando, que si había una empresa de las mujeres, poporompompón, y otra cosa es el papel de ese alcalde de pueblo que no vive de ese Consorcio al que le dicen los demás alcaldes que tú vas a ser el encargado de presidirlo y se limita a ir por allí de vez en cuando para ver que aquello funciona».

El alcalde de Estepa cobra por presidir el organismo investigado, pero el presidente de la Diputación también minimiza este hecho. «Sí cobra, pero ahora. Estamos hablando de cuando esta gente hizo eso presuntamente. Eso no es de ahora . Desde que está el alcalde de Estepa ese muchacho no ha firmado nada. Es que no le ha dado tiempo», insiste.

Sobre su firma en documentos de pago también tiene Villalobos un argumento: «Aun así, vamos a suponer que eso sea así. Si aquí hay una empresa por ahí perdida de dos de aquí y me viene el secretario o interventor y me pone la firma de la compra de cuatro bolígrafos, yo lo firmo. ¿Yo voy a investigar esa compra de cuatro bolígrafos?».

El alcalde de Casariche, que es uno de los señalados, está contratado como asesor territorial del Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación, un puesto por el que ingresa 18.000 euros al año. Por el momento, el presidente no tiene intención de tomar medidas disciplinarias contra él y el PSOE mantiene su apoyo a los dos regidores investigados por la Udef y por el juzgado número 2 de Estepa como consecuencia de un fraude que ya va por 13 detenidos y un desvío de 1,3 millones de euros. Según ha podido confirmar este periódico, la segunda fase de la operación policial se centra en otras empresas relacionadas con los cabecillas de la trama, el secretario del Consorcio y el gerente. Uno de los datos más llamativos del caso es que la principal sociedad usada supuestamente para extraer el dinero, Magno Ambiental del Levante, tiene su sede social en el municipio alicantino de Benferri, concretamente en un solar abandonado. A través de esta empresa facturaron al Consorcio cantidades que todavía están por definir con exactitud, aunque ya se sabe que al menos un millón de euros fueron a parar a las arcas de los propios gestores del organismo público, que acumularon un patrimonio de 30 fincas en dos años.