Lebrija

PP y PSOE se enfrentan por una demanda laboral del marido de la exalcaldesa socialista de Lebrija

Los populares acusan al Ayuntamiento de dejación de funciones y María José Fernández amenaza con demandarlos por «uso de datos personales»

Manuel Bellido consulta documentación sobre el caso en presencia del portavoz municipal adjunto, Francisco Bellido Alejandro Hernández

Alejandro Hernández

La campaña electoral en Lebrija y la vida política del municipio se han visto enturbiadas con el enfrentamiento que se ha producido entre el PP, primer partido de la oposición municipal, y el PSOE, formación que sostiene al gobierno local, por la demanda laboral presentada por un trabajador contra la empresa pública municipal de la vivienda, Inmuvisa .

El grupo municipal del PP acusa al presidente y al consejero delegado de Inmuvisa de dejación de funciones por no ordenar la defensa de los intereses de la empresa pública ante el Juzgado de lo Social de Sevilla en una demanda presentada por uno de sus trabajadores, que resulta ser el marido de la actual senadora del PSOE por Sevilla y exalcaldesa de Lebrija, María José Fernández .

La demanda se presentó en abril de 2016 , cuando era alcaldesa y presidenta de Inmuvisa la senadora. La reclamación hace referencia al pase de jornada parcial a completa del trabajador en enero de 1991, hecho que no fue notificado a la Seguridad Social hasta el 31 de marzo de 1998. Durante esos siete años solo constaba en la Seguridad Social una jornada laboral del marido de la exalcaldesa del 57 por ciento , cuando en realidad cubría el cien por cien.

El juicio se celebró en julio de 2018 dando la razón al demandante y sin establecer compensación para el trabajador ni multa a Inmuvisa. El secretario de organización de la agrupación local del PSOE y primer teniente de alcalde, David Pérez , ha asegurado a ABC que el fallo en firme reconoce que las cotizaciones por la jornada laboral completa se abonaron desde el momento en el que se produjo el cambio , «por lo que no ha existido menoscabo para las arcas públicas, de hecho no nos condenan ni al pago de las costas del juicio». Desde el PSOE se reconoce que se produjo un fallo administrativo en Inmuvisa al no comunicar en su momento el cambio de jornada laboral a la Seguridad Social.

Sin embargo en las filas del PP, su presidente local, Manuel Bellido, sí asegura que la sentencia implica quebranto de las arcas públicas , aunque no ha sabido concretar a cuánto se eleva argumentando que «aunque nuestro portavoz municipal, Francisco Javier Monge, ha podido ver la sentencia, de momento no nos la han facilitado». Los populares insisten en que la sentencia «condena a Inmuvisa a pagar a la Seguridad Social» y algunas fuentes del partido calculan que la empresa pública tendrá que abonar alrededor de 30.000 euros.

Bellido señala que « el Ayuntamiento no ha hecho nada durante todo el proceso , no ha acudido a ninguna de las citaciones de mediación ni al juicio» y subraya que «no recurrió en su momento porque existía un conflicto de intereses por el que María José Fernández tenía que optar entre defender los intereses de todos los lebrijanos o los de su familia y su marido». El presidente local del PP destaca que «se ha puesto una alfombra roja por parte del Ayuntamiento e Inmuvisa para que ganara el trabajador». Manuel Bellido indicó que va a consultar a la asesoría jurídica de su partido , ya que entiende que «hay motivos para emprender acciones legales» .

Por su parte, María José Fernández apunta que «voy a demandar al PP por uso de datos personales» y recuerda que en 2008, siendo alcaldesa y presidenta de Inmuvisa, «pagamos 79.000 euros de multa por no haberse abonado a la Seguridad Social correctamente las cotizaciones de los trabajadores de la empresa pública de vivienda, precisamente durante el período en el que Manuel Bellido fue consejero delegado de Inmuvisa». El PP gobernó Lebrija de 2003 a 2007 en coalición con el PA y un grupo independiente. La senadora, visiblemente enfadada, manifestó que « una campaña electoral no les da derecho a poner en cuestión la honorabilidad de un trabajador por el simple hecho de ser marido de un cargo público».

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