Sevilla
El portavoz del PP en El Cuervo esclarece los hechos sobre la «supuesta infracción urbanística» de su finca
Critica la actitud del alcalde contraria a la decisión del secretario del Ayuntamiento y del técnico que sí avalaron con informes favorables el otorgamiento de la licencia.
El portavoz del PP en el Ayuntamiento de El Cuervo, José Manuel Oliva , ha anunciado acciones legales contra el Gobierno local, liderado por el socialista Francisco José Martínez a raíz de la supuesta infracción urbanística interpuesta en una finca de propiedad del popular.
En rueda de prensa, Oliva ha afirmado que se trata de una «guerra política» sobre su persona mientras ha explicado el caso punto por punto. Según ha expuesto a los medios de comunicación, la denuncia se produce en relación a una construcción provisional en una parcela de suelo urbano no consolidado.
Ha explicado que estando de alcalde el actual socio de Gobierno, Francisco Cordero, el Ayuntamiento sacó una circular ante la gran demanda de los vecinos de El Cuervo de querer tener una vivienda en el campo con carácter provisional y por un plazo máximo de cinco años.
El escrito se hace público el 15 de marzo de 2019 y permite y regula la construcción de estructuras fácilmente desmontables en los sectores de suelo urbano no consolidado. Junto a otros seis vecinos, se pide la licencia de obra que se admite finalmente a trámite con el correspondiente pago de impuestos, tasas y fianza en octubre de 2019.
Es el 28 de abril de 2021 cuando el actual alcalde emite un decreto desestimando la solicitud de licencia , en una acción «contraria» a los informes del secretario del Ayuntamiento y el técnico de urbanismo que informaban favorablemente a otorgar la licencia. «La decisión del alcalde debe estar en línea con los informes de los técnicos. Es de obligado cumplimiento», ha sostenido el popular.
«El alcalde se basa en un informe jurídico no exhaustivo de una técnica de Diputación», ha indicado el popular puntualizando que el Ayuntamiento no ha facilitado toda la información a la administración provincial y no tiene en cuenta los informes de los técnicos del Consistorio.
Ante estos hechos, el portavoz en el Consistorio ha asegurado que se trata de un «abuso de poder» dado que «otros vecinos han resultado afectados y sin argumentos. No es un buen alcalde si no está respaldando la opinión de los técnicos. Es una guerra que el Gobierno quiere hacer contra mi persona», ha subrayado.
En este sentido, ha anunciado acciones legales contra el Ejecutivo local . Ha asegurado que el proceso ya está judicializado con las correspondientes alegaciones y que asumirá sus responsabilidades «siempre que lo diga un juez». A todo ello se suma la vulneración a su derecho a la privacidad -ha continuado- al filtrar la noticia de la denuncia antes de que fuera conocedor de la infracción.
Noticias relacionadas
