Audiencia Provincial
Piden 13 años de inhabilitación para la alcaldesa de Almadén de la Plata por contratar a un familiar
La defensa de la primera edil socialista alega que el error administrativo fue «subsanado» antes de iniciarse el proceso judicial
La Fiscalía Provincial solicita 13 años de inhabilitación para la alcaldesa de Almadén de la Plata , la socialista Felicidad Fernández, juzgada en la Audiencia de Sevilla por un presunto delito de prevaricación administrativa derivado de la contratación de dos personas supuestamente de manera «unilateral» y «sin procedimiento alguno», tratándose una de estas personas de un familiar de la primer edil.
Durante la vista oral, celebrada este lunes, la representación legal de Fernández ha solicitado la libre absolución al recalcar que «no existía dolo» y que el error administrativo fue «subsanado» antes de iniciarse el proceso judicial.
Así lo ha indicado el representante legal en la lectura de sus conclusiones en la que ha subrayado que Felicidad Fernández cuando tiene constancia de la irregularidad de los contratos solicita la revisión de oficio de esos contratos con el fin de extinguirlo e iniciar un concurso público para «subsanar el error» algo que se hizo en s eptiembre de 2017 , «días antes» de la denuncia formulada por la propia Fiscalía en octubre de 2015, después de que los concejales de Unidos por Almadén elevasen al Ministerio Público las mencionadas contrataciones, realizadas por la alcaldesa.
En ese sentido, ha señalado que «no hubo dolo ni a sabiendas» y que « el error ya ha sido subsanado » y por el principio de intervención mínima «cabe pedir la absolución».
En la vista oral, la alcaldesa ha señalado que ordenó la contratación de estos trabajadores « sin conocer la normativa a seguir » y «como se venía haciendo tradicionalmente» con el fin de solventar una «urgencia» solicitada por el tesorero del Ayuntamiento de Almadén.
Asimismo, ha declarado el interventor municipal, quien ha asegurado que en la contratación de estas dos personas observó que no se habían seguido los cauces legales , algo que también observó «en contrataciones anteriores del Ayuntamiento», y que posteriormente esas contrataciones se regularizaron con un concurso público con las circunstancias de publicidad, concurrencia, mérito y capacidad «como recoge la normativa».
Costumbre del Ayuntamiento
De otra parte, ha declarado el tesorero del Ayuntamiento , quien ha reconocido que instó a Felicidad Fernández a contratar a dos personas ante la situación de que «el Estado tenía retenidos los ingresos de participación en el ente municipal» del Consistorio de Almadén a consecuencia de «no haber rendido información al Ministerio correspondiente» y ante la «necesidad» de esos ingresos para «hacer frente al pago de nóminas y responsabilidades» se necesitaban esas dos personas, si bien ha reconocido, que uno de los contratados, J.O.F., «sus funciones eran desarrollar proyectos del Área de la Juventud».
Por otro lado, han testificado los dos trabajadores contratados , J.O.F., quien ha reconocido ser primo hermano de la primer edil, y J.A.B.V., que en sus declaraciones han asegurado que fueron contratados por el Ayuntamiento y que en septiembre 2015 extinguieron sus contratos tras la detección de «irregularidades« y que tras superar un concurso público en el que se presentaron otros candidatos, volvieron a ser contratados y en la actualidad siguen siendo trabajadores del Consistorio de Almadén.
Con todo, la Fiscalía ha señalado que a pesar de la «costumbre» del Ayuntamiento de Almadén de realizar las contrataciones sin seguir los procedimientos, el hecho a dilucidar en este juicio, basado en dos contrataciones irregulares, es «notorio y público». Así, en sus conclusiones, el Ministerio Público ha apuntado que la alcaldesa ha incurrido en un presunto delito de prevaricación recogido en el artículo 404 del Código Penal al indicar que Fernández ha reconocido que prescindió de manera absoluta del procedimiento regular al no conocer la normativa pese a que al ostentar un cargo público debería conocer el procedimiento. Por ello, ha solicitado que se la condene a trece años de inhabilitación de cargo público en cualquier administración.
Noticias relacionadas
