El Partido Popular acusa a Villalobos de «dejar tirados» a los consistorios sin proporcionarles EPI

ABC

12/06/2020
Actualizado a las 22:16h.

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El grupo popular de la Diputación de Sevilla ha acusado al Gobierno provincial del socialista Fernando Rodríguez Villalobos, de «dejar tirados a los ayuntamientos» al anunciarles que tras proporcionarlos equipos de protección individual (EPI) para las plantillas de sus servicios de ayuda a domicilio, contratados en la mayoría de los casos a empresas, desde el 1 de julio tendrán que facilitar por sí mismos dicho equipamiento.

La presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, ha lamentado que «a pesar de la situación crítica que están padeciendo los ayuntamientos» en la lucha contra la propagación del coronavirus Covid-19, la Diputación haya enviado esta semana una circular a los alcaldes anunciándoles que a partir del 1 de julio, tendrán que asumir los gastos de este material de protección del personal de ayuda a domicilio.

«Ya está bien de que cada vez que los gobiernos socialistas de Pedro Sánchez y Villalobos adoptan un acuerdo, les pasen la factura a los ayuntamientos y encima pretendan quitarles los ahorros que ahora son imprescindibles para nuestros pueblos y nuestros vecinos con el único objetivo de taponar el agujero económico que está abriendo la nefasta gestión del gobierno de Sánchez», ha dicho insistiendo en la idea de que el Gobierno central va a hacerse con los depósitos bancarios municipales, extremo que descarta el Ministerio de Hacienda.

Por su parte, la portavoz del PP en la Diputación de Sevilla, María Eugenia Moreno, ha denunciado «la absoluta falta de compromiso del Gobierno de Villalobos con los ayuntamientos, a los que ha dado la espalda desde que comenzó esta crisis puesto que, a pesar de los titulares y los supuestos planes, lo único que ha hecho estos meses es distribuir algo de hipoclorito por los pueblos, un plan de autónomos absolutamente insuficiente (al circunscribirse a los municipios de menos de 20.000 habitantes) y escaso material de protección».

Todo ello cuando « la Diputación cuenta con una buena situación económica . Si tenemos en cuenta que la obligación del uso de estos equipos de protección podría llegar hasta el año que viene, está claro que para muchos ayuntamientos será imposible garantizar estos equipos al personal», señala Moreno.

Por ello, el grupo popular de la Diputación de Sevilla va a reclamar al Gobierno provincial un fondo extraordinario que «complemente al adelantado por la Junta de Andalucía para que, mientras sea obligatorio el uso de los EPI, los consistorios no tengan que asumir ni un euro de los gastos de estos equipos de protección».

Por su parte, el Gobierno provincial del PSOE ha defendido que la entidad ha gastado cerca de 1,5 millones de euros en la compra de EPI para los municipios de menos de 20.000 habitantes.

La diputada de Cohesión Social, Rocío Sutil, ha tachado de « irresponsable, demagoga y absolutamente incomprensible» la postura del PP sobre el abastecimiento de equipos individuales de protección.

«Durante el estado de alarma, en el momento más complicado y complejo de la pandemia, la Junta de Andalucía ha dejado huérfanos a los municipios y sin abastecer de material de protección suficiente para el servicio de ayuda a domicilio o las residencias, cuando recordemos es su competencia y responsabilidad».

«Fue la Diputación de Sevilla , en aras de la lealtad institucional y apoyo a los ayuntamientos, la que hizo un desembolso de 1,5 millones de euros en la compra de EPI. Nos lanzamos a la compra de dicho material para que no se dejarán de prestar los servicios y especialmente por la seguridad del personal y de los usuarios dependientes».

Por eso, ha proseguido, « nos parece intolerable la actitud del PP de pedir sólo a la institución provincial y obviar al Gobierno de la Junta de Andalucía . En vez de agradecer a la Diputación de Sevilla, encima vierte acusaciones falsas, desde el cinismo permanente, demostrando que solo le interesa tapar la nula gestión de la Junta de Andalucía. Levantan una cortina de humo, para que no se vea que los ayuntamientos han estado huérfanos. Ninguneados con la tarjeta monedero, con la renta mínima sin resolver desde 2018 y, en materia educativa, sin instrucciones».

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