MEDIO AMBIENTE
El TS no admite el recurso sobre el cambio de trazado del Salto de la Trocha en la Sierra Morena de Sevilla
Agentes sociales estudian elevar el caso al Constitucional y anuncian que seguirán movilizándose hasta que la Junta responda en favor de las reclamaciones
El Tribunal Supremo ha emitido una providencia donde no admite a trámite el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción a la sentencia del TSJA sobre el cambio de trazado de la vereda Salto de la Trocha en la Sierra Morena de Sevilla.
Los agentes sociales han lamentado la inadmisión, estudian seguir las movilizaciones hasta que se solvente el problema derivado del cambio de trazado de esta vía para llevarla en paralelo a la carretera de Castilblanco a Almadén que entienden es de naturaleza «política» y estudian llevar el caso al Tribunal Constitucional.
En la providencia a la que han tenido acceso los colectivos que defienden el trazado original del Salto de la Trocha, el Supremo inadmite el recurso «al versar la cuestión nuclear del recurso sobre la interpretación y aplicación de una norma de derecho autonómico , excluida del conocimiento de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo».
El tribunal no entra, de esta forma, a valorar el contencioso, dejando en la Junta la disposición a solventar el conflicto .
El portavoz de Ecologistas en Acción en Sevilla, Armando Cáceres, ha explicado que la defensa del Salto de la Trocha es bandera de otras muchas acciones por la denuncia que se hizo de las políticas serviles y erráticas que lleva a cabo el Gobierno de la Junta de Andalucía respecto a la defensa de veredas, vías pecuarias y caminos públicos en Andalucía .
«Ahora la pelota para solventar el tema es exclusivamente política del consejero José Fiscal para atender las demandas de reapertura del trazado original de esta vereda que hemos formulado no solo desde Ecologistas en Acción, también más de 40 asociaciones y entidades diversas de Andalucía».
Cáceres asegura que se trata de un conflicto de intereses derivado de la acción política de la Junta de Andalucía «que ha actuado como hemos logrado demostrar ante la opinión pública favoreciendo exclusivamente a los intereses de dos familias que han ocupado tradicionalmente y ocupan la vereda Salto de la Trocha, y otras como la vereda de La Mojonera o la vereda de Los Contrabandistas en la Sierra Morena de Sevilla», en alusión a la familia Benjumea de la finca Cortijo de Campo, y la familia Ortega Cano, propietarios entre 2009 y 2014 que se aprueba el cambio de trazado de la finca La Yerbabuena.
En esta línea siguen estos días realizando trabajos de campo en la zona para acotar los trazados originales y defenderlos ante la administración.
Los trabajos para modificar parcialmente el trazado del Salto de la Trocha en Sevilla tienen un presupuesto estimado de 300.000 euros y arrancaron en mayo de 2018 para hacer un nuevo trazado en paralelo a la carretera que une Castilblanco con Almadén , por donde peregrinos del Camino de Santiago por la Vía de la Plata se ven obligados a transitar debido a la usurpación del cambio histórico, que discurre en el interior, aledaño a las dos fincas.
En el pleno del Ayuntamiento de Castilblanco el exalcalde socialista Segundo Benítez, actual delegado de Agricultura de la Junta en Sevilla, manifestó que las obras «no costarían un céntimo a las arcas públicas», argumento que rebaten los agentes sociales ahora que la Junta ha empezado a ejecutarlas « con dinero de todos los andaluces ».
El portavoz de Ecologistas en Acción confirma que las reclamaciones ante la Dirección de Vías Pecuarias y movilizaciones como la del pasado 8 de abril que congregó a más de 200 personas en la finca pública Navas Berrocal en demanda de la apertura del trazado original del Salto de la Trocha van a seguir adelante hasta que la Junta atienda y resuelva la situación de conformidad con los agentes sociales.
« No vamos a dejar de presionar a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Castilblanco , como cómplice necesario para el cambio de trazado, hasta que ofrezca una solución afín al interés público que defendemos», asegura Cáceres.
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