Tribunales
Negocian un acuerdo que cierre sin juicio el caso del desfalco de la caja municipal de Castilblanco
La vista oral puede suspenderse hoy si prospera un pacto que pasa por la confesión del funcionario acusado
El juicio contra un funcionario del Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos, acusado de apropiarse de cerca de 200.000 euros de los tributos locales que cobraba a los vecinos, oarrancó ayer con la designación de los miembros del jurado popular y las cuestiones previas planteadas por las partes. Sin embargo la vista oral, que estaba prevista para dos semanas, puede que se suspenda hoy porque las acusaciones y la defensa alcancen un acuerdo que cristalice en una sentencia por conformidad, según confirmaron fuentes del procedimiento a ABC.
Dicho acuerdo pasaría por el reconocimiento de los hechos por parte del único acusado a cambio de una rebaja sustancial en las peticiones de pena que hace tanto la acusación que ejerce el Ayuntamiento como la Fiscalía.
El Ministerio Público solicitaba de partida para el empleado público ocho años de prisión y 17 de inhabilitación por un delito continuado de malversación en concurso con otro de falsedad documental. La Fiscalía, que en esta vista oral está representada por su responsable provincial, María José Segarra , sostiene que el funcionario se apropió de 186.551 euros durante más de una década de desfalco continuado.
Sin embargo, esta calificación es muy probable que se modifique a la baja si prospera el acuerdo, en el que estaban trabajando ayer las partes. Algo que se conocerá este miércoles cuando toque reanudar las sesiones del juicio.
La investigación interna
El Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos detectó hace tres años el agujero en su caja de recaudación. El entonces alcalde Segundo Benítez (PSOE) ordenó abrir una investigación interna que acabó responsabilizando a uno de sus funcionarios, que cumpliría este año 20 años de antigüedad en el puesto, de haberse quedado con parte del dinero que cobraba por tributos locales.
Durante la primera parte de las pesquisas se encontraron 139 expedientes de licencias metidas en un armario del departamento de administración donde estaba destinado el acusado. Las tasas habían sido cobradas pero no habían sido ingresadas en las arcas municipales. La Fiscalía asegura que el acusado era el único que tenía la llave que abría ese armario donde estaban escondidos los documentos.
En una segunda fase de las pesquisas, en las que se contó con la colaboración de vecinos que acudieron personalmente al Ayuntamiento para constatar si sus pagos habían sido ingresados, se encontraron otros 116 expedientes, de los años 2009 a 2013. Es decir, el desfalco se habría cometido entre los años 2000 y 2013 .
El empleado público ha negado siempre haberse quedado con el dinero . Demandó al Ayuntamiento de Castilblanco por haber obviado su versión cuando los canales informativos municipales difundieron el caso. Una estrategia procesal que puede cambiar ahora que ha llegado el momento del juicio.
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