Tribunales
El juzgado admite la personación de IU como acusación popular en el caso del Consorcio de Estepa
El alcalde de La Roda asegura que el PP tiene facturas en su poder del arreglo de varios camiones de Magno que han sido abonadas por la propia empresa mancomunda
A finales del pasado mes de enero saltaba la noticia. Seis personas vinculadas con la gestión de la planta de reciclaje del Consorcio de Medio Ambiente de Estepa-Sierra Sur eran detenidas por la Policía Nacional por un presunto fraude en contratos que esta empresa manocumunada había firmado con Magno Ambiental Levante, administrada por el secretario interventor del Consorcio, José Antonio Mañas , y su gerente.
Según la denuncia presentada por la Fiscalía al Juzgado de Instrucción de Estepa que lleva las diligencias, en este fraude se encuentran el alcalde socialista de Casariche, Basilio Domingo Carrión, y el jefe de la planta y socio de Mañas en la empresa beneficiaria, Manuel Ibáñez. También están el anterior dueño de Magno y las dos mujeres de los encargados de la planta de reciclaje .
Desde que se conoció la noticia, alcaldes y concejales no socialistas que forman parte Consorcio mostraron abiertamente sus críticas a esta gestión y anunciaron que se personarían en la causa. Y lo hicieron justo después de una «fallida» junta general extraordinaria del 27 de febrero cuando el secretario se acogía a un «ardid» para no dar cuenta de su gestión ante los alcaldes dejándolos plantados. Eso hizo explotar aun más la ira de los partidos de la oposición ante esta falta de información por parte del propio Mañas.
Ahora, cuatro meses después, el Juzgado que investiga la causa ha admitido la personación de IU/Adelante «como acusación popular» en las diligencias incoadas contra la gestión de la planta de reciclaje.
Quien sí lo sabe ya es el alcalde de Pedrera, Antonio Nogales, tras darle cuenta el propio Juzgado, puesto que su formación cuenta ya con un abogado específicamente designado para representarla en las citadas diligencias sobre presuntos delitos en la citada institución, según recogía Europa Press.
Lo que sí coinciden estas dos formaciones es a la hora de reclamar el cese del secretario interventor, algo que ya hicieron tras la «no celebración» de la citada junta, donde se esperaba el testimonio del propio Mañas. Tras ello, la maquinaria jurídica de IU y PP se pusieron en marcha dando como fruto esta personación tanto de IU como del propio Consorcio en las diligencias que sigue el Juzgado número dos de Estepa, y recordando que el actual presidente de la institución, el alcalde socialista de Estepa, Antonio Jesús Muñoz , ya «conoce perfectamente lo que ha ocurrido y debe dar cuenta de los hechos y de las medidas que se van a adoptar».
Por eso, reclama una reunión oficial de la junta general del Consorcio , extremo largamente demandado por IU y PP, para adoptar «medidas cautelares» respecto al secretario y el interventor y que Basilio Carrión, alcalde Casariche, dé «explicaciones» por su anterior gestión como presidente, como cuando «firmó un contrato directo por valor de 1.478.160 euros con una empresa privada, sin el más mínimo procedimiento administrativo», tal como denunció ABC en exclusiva en el mes de febrero.
«No somos jueces, sólo pedimos que se aclare esta situación y que sean apartados hasta la celebración del juicio . Si tienen que ser sustituidos, que lo hagan ya. Está claro que aquí hay gente que quiere ganar tiempo y que lo pierda la ciudadanía», argumentó ayer a este periódico el regidor popular de La Roda de Andalucía.
Además, Juan Jiménez explicaba que «obran en nuestro poder facturas del arreglo en los talleres de los camiones de Magno y que han sido abonadas por el propio Consorcio. Además, queremos saber si ha habido también alguna irregularidad a la hora de llevar a cabo cualquier otro tipo de contratos, incluso si se ha realizado como marca la ley una contratación regular del personal de la planta de reciclaje».
El alcalde de Pruna, Francisco López Sánchez (Juntos por Pruna), recordó durante la fallida junta del 27 de febrero que «al menos dos» vehículos de recogida de residuos sólidos urbanos que la Diputación de Sevilla donó en 2008 a varios municipios sevillanos y mancomunidades, entre ellas al Consorcio de Medio Ambiente de Estepa-Sierra Sur, acabaron formando parte de la empresa Magno Ambiental del Levante.
Por elloo, la coalición de izquierdas le reclama ahora que aclare «su vinculación personal o patrimonial con la empresa Magno Ambiental Levante o los propietarios de la misma, Mañas e Ibáñez», entre otros aspectos.
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