La Junta mantiene una deuda de 2,5 millones con los centros de menores de Sevilla

La Delegación Provincial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales arrastra una deuda de 2,5 millones de euros con una veintena de centros que llevan a cabo proyectos de acogimiento residencial de menores en situación de desamparo en la provincia. Una cifra reconocida por la Administración andaluza el pasado mes de noviembre y que ayer fue recuperada por la parlamentaria del PP , Alicia Martínez, en una comparecencia ante los medios de comunicación para criticar la reciente adjudicación de cuatro millones de euros a distintas asociaciones para la asistencia de 297 menores que se encuentran en desamparo.

«En julio se licitó el contrato en el que sólo se prima el interés económico, sin analizar el trabajo que realizan los centros o el desarrollo de los niños. Atender a un menor puede resultar muy barato si no se tienen en cuenta los gastos extraordinarios como comprarle unas gafas o llevarle al dentista. Por eso, se puede convertir en un buen negocio para las empresas si sólo se tienen en cuenta criterios económicos cuando en realidad hablamos de menores que necesitan de una especial atención para conseguir su integración en la sociedad».

La parlamentaria popular mostró el pliego del concurso y la formalización de los contratos con las empresas que han resultado adjudicatarias. Si bien en ambos documentos sólo se recogen condiciones económicas y número de plazas que se van a cubrir, fuentes de la Consejería señalan que en la baremación de los proyectos sí se ha tenido en cuenta la atención que reciben estos jóvenes. «La prueba más evidente es que la mayoría de los centros han repetido en esta convocatoria, salvo dos. Uno que no se presentó y otro que no cumplía con la documentación exigida. Si no cumple el trámite, no puede ser adjudicatario; lo dice la ley».

Desde la Consejería de Igualdad se refieren al centro Santa Ana de Dos Hermanas , que fue mencionado también por la parlamentaria Alicia Martínez. «Aquí estaban atendiendo durante años a doce niños a los que de la noche a la mañana han sacado y llevado a otra empresa porque no se han tenido en cuenta nada más que criterios económicos».

Desde la Administración admiten que la deuda de 2,5 millones de euros con los centros sigue viva, ya que el concurso resuelto recientemente, que se ha formalizado a finales de octubre y ha entrado en vigor en noviembre, no cubre la deuda que arrastraba la delegación provincial por impagos de meses anteriores. La Consejería asegura que el trámite para abonar esa cantidad «está avanzado» y que se pagará a principios del año próximo.

Para el PP, esta deuda no es un problema circunstancial sino que forma parte de «los recortes que viene haciendo la Junta desde el año 2012 , cuando se eliminaron 290 plazas de las 2.000 que había en Andalucía y se redujo de 80 a 60 euros el coste de la hora de atención de estos jóvenes», subrayaba ayer Alicia Martínez.

Los menores en desamparo que residen en estos centros abiertos fueron apartados de sus familias porque se encontraban en «situaciones límite», desatendidos y en algunos casos pesan denuncias de malos tratos. Mediante el acogimiento residencial se busca entornos normalizados donde los niños puedan integrarse en la sociedad .