PREVARICACIÓN
La juez Núñez pide 5.000 euros al PP de Valencina para poder acusar al alcalde del PSOE
La instructora requiere esta cantidad al portavoz popular en el Ayuntamiento, Ramón Peña, para personarse en la nueva causa abierta contra el socialista Antonio Manuel Suárez, que ha declarado este miércoles
El alcalde socialista de Valencina , Antonio Manuel Suárez, al que se le acumulan los frentes judiciales, ha acudido este miércoles a declarar como investigado por un delito de prevaricación urbanística al no impedir la construcción y posterior apertura de un salón de celebraciones en una zona protegida del municipio. Estaba citado a las 12.00 horas ante la magistrada María Núñez Bolaños , la juez titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla . En esta causa sólo está personada, de momento, la Fiscalía, pues el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Ramón Peña , no ha podido personarse como acusación popular al tener que hacer frente a una fianza «desproporcionada» de 5.000 euros , por decisión de la juez.
Esta decisión de la juez Núñez Bolaños ya ha sido recurrido por el abogado de Ramón Peña. La instructora le pide 5.000 euros de fianza para personarse como acusación popular al Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencina, lo que para el letrado del portavoz del PP es un error porque un grupo municipal carece de personalidad jurídica . En este caso, es Ramón Peña, a título personal y como concejal y portavoz del PP en el Ayuntamiento quien desea personarse.
En dicho recurso, al que ha tenido acceso ABC, se expone el especial interés que tiene esta causa al tratarse de un posible delito de prevaricación del que resulta ser investigado el alcalde de Valencina, de cuya corporación municipal forma parte Peña y cuya labor es control y la fiscalización de los órganos de Gobierno.
Por ello, este especial interés es «suficiente» para considerar al portavoz del PP como acusación particular y no popular. No obstante, el abogado de Ramón Peña, ante el caso de la que la juez Núñez mantenga la condición de acusación popular , discrepa de la imposición de la fianza y sobre todo de su cuantía.
Cifra «desorbitada»
Así, en dicho recurso se expone que la condición de prestar fianza sólo afecta a la acción popular en el momento de iniciar un procedimiento, no a la personación de quien quiera ejercitar ese derecho fundamental mostrándose parte de una causa ya iniciada , como es este caso, donde la Fiscalía denunció por prevaricación al socialista Antonio Manuel Suárez.
Tras recoger innumerable jurisprudencia y sentencias de distintos tribunales, entre ellos la Audiencia de Sevilla , sobre la fianza a la acusación popular, concluye el abogado de Ramón Peña que la exigencia de fianza no ha de impedir el ejercicio de la acción popular, que será siempre gratuita.
Partiendo de esta premisa, este letrado explica que la decisión de la juez requiere de una mínima motivación que permita conocer por qué ha decidido esa cuantía, 5.000 euros , y no otra. Y dicha explicación no existe. «En este caso, la fianza exigida es desorbitada y desproporcionada si tenemos en cuenta que las diligencias ya están incoadas previamente y, en consecuencia, ya se ha producido el necesario juicio de verosimilitud de los indicios de criminalidad», señala el abogado Luis García-Navarro en su escrito.
No más de 500 euros
Además, añade que Ramón Peña no recibe remuneración alguna por el desarrollo de su labores de concejal . «Es evidente que la fianza de 5.000 euros judicialmente exigida supone una interpretación restrictiva sobre las condiciones del ejercicio de la acción popular, lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión», según concluye el recurso del portavoz del PP en Valencina, en el que pide a la juez le admita como personado como acusación particular y no personal y, subsidiariamente, para el caso que mantenga la condición de acusación popular, le exima del pago de fianza o, en todo caso, la fije en cantidad no superior a 500 euros .
Mientras la juez decide con respecto a la petición de Peña, este miércoles ha tomado declaración como investigado a Antonio Manuel Suárez (PSOE), después de que haya sido denunciado por la Fiscalía por un delito de prevaricación urbanística al no impedir la construcción y posterior apertura de un salón de celebraciones en una zona protegida del municipio . El establecimiento estuvo funcionando durante varios años, acumulando expedientes administrativos que nunca se ejecutaban.
La denuncia del Ministerio Público , a la que ha tenido acceso ABC, se presentó a finales de febrero. Se responsabiliza al alcalde, que además es delegado de Urbanismo, que no comunicara nunca ni al juzgado ni al Ministerio Público que se estaban cometiendo delitos contra la ordenación del territorio sobre suelo especialmente protegido y que desde 2014, hace ya siete años, no hay ninguna actividad sancionadora para tratar de frenar una actividad ilegal que siguió funcionando sin licencias y de forma interrumpida hasta 2020, cuando el Seprona inició una investigación más profundamente.
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