El juez amplía hasta marzo la investigación del Caso Marismas

El juez que instruye el denominado «Caso Marismas» , en el que se investiga un presunto fraude de 40 millones de euros en las obras de modernización del Bajo Guadalquivir entre Los Palacios y Lebrija ha decidido ampliar la fase de investigación 18 meses más después de que el perito al que encargó un informe neutral sobre el supuesto desfalco le haya pedido al menos hasta el mes de marzo para terminar su trabajo. El juez de instrucción número 16 de Sevilla designó a dos personas para llevar a cabo esta labor después de que la Guardia Civil realizara varios atestados en los que indicaba que todo el sistema de tuberías para el regadío de la zona pudo ser un fraude, ya que se certificaron obras que nunca se habían hecho utilizando numerosas facturas falsas, de manera que la infraestructura sufragada por la Junta de Andalucía nunca se hizo pese a que el dinero se adjudicó.

En este proceso hay imputadas más de 20 personas , entre funcionarios de la Junta, técnicos de obra y empresarios implicados. La intención del juez al encargar el informe pericial era tener una segunda opinión más especializada acerca de todas las irregularidades que había detectado la Guardia Civil . Por esta razón, designó a dos funcionarios de la Consejería de Agricultura en Córdoba para llevar a cabo dicha pericial. Sin embargo, el gobierno de Susana Díaz designó a uno de ellos para un puesto de dirección, por lo que el magistrado decidió retirarlo por incompatibilidad, ya que en este fraude están implicados varios políticos socialistas.

Todo esto ha retrasado el trabajo y ha matenido paralizada la investigación judicial durante meses , ya que se trata de unas diligencias muy complejas porque hay que tener conocimientos de ingeniería para detectar las posibles irregularidades. No obstante, la instrucción ya está muy avanzada y en varios autos el magistrado ha hecho hincapié en las irregularidades, que han sido denunciadas incluso por la Oficina Europea Antifraude como una posible estafa en las subvenciones públicas gestionadas por la Junta de Andalucía para el sector agrícola. Lo que se investiga exactamente es el desvío del dinero de la obra para la modernización de las marismas del Guadalquivir después de un concurso posiblemente amañado. Las ayudas europeas tenían como objetivo renovar las infraestructuras del campo para adaptar la producción agrícola a las nuevas tecnologías y dotar así a las zonas rurales de una salida. Pero el dinero nunca terminó de llegar a su destino. Se perdió en el camino.

El proyecto partió de una solicitud de la Comunidad de Regantes para modernizar los sistemas de riego de la zona. La obra costaba 66 millones y la Junta aprobó en 2005 conceder una subvención de 40 millones de euros con cargo a los fondos europeos, el 60 por ciento del coste total. El resto del dinero lo tendrían que poner los propios agricultores. Pero la Consejería de Agricultura tramitó la ayuda sin comprobar si los regantes podían hacer frente a esta cantidad. Según la Fiscalía, no tenían el dinero . Pero la Junta licitó el concurso a sabiendas de que la obra no se terminaría.

Además, según las diligencias, el concurso de adjudicación tuvo un doble amaño . En primer lugar ganó una UTE compuesta por una empresa nacional, Teconsa, y dos de la zona, Meci y Tegner a pesar de que habían quedado en el puesto once en la baremación. La misma noche en la que se decidió el resultado, la Junta indicó que estas sociedades no tenían calificación para optar al concurso y mandaron repetirlo. Varios miembros de la mesa de contratación han declarado a la Guardia Civil que desde Agricultura hubo una llamada al presidente de los Regantes y que éste instó a apostar en la segunda adjudicación por la UTE Befesa-Alpi, que en la primera baremación había quedado en el puesto número 10.

Si esto no fuera suficiente, la obra sólo se ejecutó a un 30 por ciento , pero el dinero salió de forma íntegra de las arcas de la Junta.