Tribunales
Investigan al Ayuntamiento de Gerena por presunto fraccionamiento de un contrato en varias facturas
El juez indaga el fraccionamiento en 24 facturas de obras por valor de cien mil euros, en un proceso en el que el propio Consistorio se ha personado
El titular del juzgado de instrucción número 16 de Sevilla investiga un presunto fraccionamiento de, al menos, un contrato público con objeto de evitar la licitación pública en el Ayuntamiento de Gerena , un caso en el que el propio Ayuntamiento se ha personado como acusación, aunque ya ha declarado por el mismo el alcalde, Javier Fernández (PSOE).
Se trata, como ha explicado a ABC el portavoz de IU en el Ayuntamiento, David Robles —que está personado como acusación particular—, de un asunto en el que se habría prescindido de cualquier trámite administrativo, para proceder así a su adjudicación directa , y entre los delitos presuntamente apreciados se podrían encontrar los de prevaricación, cohecho y la malversación.
El juez investiga que se podrían haber fraccionado en 24 facturas un contrato por valor de 100.715 euros durante los años 2016 y 2017 , siendo regidor el socialista Javier Fernández Gualda, actual secretario local del PSOE-A de Gerena, suplente en las listas al Senado en las recientes elecciones generales y candidato a la reelección.
El procedimiento judicial se encuentra parcialmente bajo secreto de sumario y realizándose la investigación por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional que ha tomado ya declaración a diversos funcionarios del Ayuntamiento de Gerena, a la concejala del partido socialista Encarnación Ramírez Tovar y al propio alcalde.
Robles ha criticado que la decisión de personarse en el caso ha sido tomada en la Junta de Gobierno Local, «presidida por el alcalde y a espaldas del pleno municipal , sin que la acción haya sido comunicada a ningún grupo municipal de la oposición».
Entre las razones alegadas para la personación como perjudicado «se ha esgrimido el grave menoscabo y perjuicio que, de comprobarse los hechos investigados, podía haberse ocasionado al Ayuntamiento de Gerena y poder exigir en un futuro el resarcimiento ».
Desde Izquierda Unida de Gerena se ha manifestado que entienden las causas por las que se persona el Ayuntamiento «pero tememos que la verdadera intención sea entorpecer y retrasar la investigación y la próxima citación en sede judicial de las personas investigadas y su posible imputación formal».
Añade este partido que desde la toma de posición de la nueva interventora y secretaria municipal, tras la inhabilitación del secretario-interventor anterior, se puso de manifiesto en diversos informes emitidos que la organización municipal y la gestión económica era inexistente y caótica , sin clasificación de documentos y que la imagen de la contabilidad era «pura quimera».
Realizó también informes desfavorables al pago de facturas donde se había prescindido de tramitar un procedimiento licitatorio y aconsejar reiteradamente al alcalde por escrito y verbalmente la tramitación de expedientes de contratación para la adjudicación de forma legal, acción que no se ha realizado hasta la citación y toma de declaración en sede policial de las personas investigadas.
Tras el conocimiento de tales irregularidades, el grupo municipal de Izquierda Unida de Gerena convocó en marzo de 2017 un pleno extraordinario , acordándose en dicho pleno la remisión de todos los informes tanto a la Cámara de Cuentas de Andalucía , así como a la Fiscalía Provincial de Sevilla.
De los tres últimos alcaldes socialistas, dos fueron condenados por delitos urbanísticos . En agosto de 2016, el juzgado de lo Penal número 12 de Sevilla ratificó una condena de ocho años de inhabilitación contra el exalcalde Jacinto Pereira , la exalcaldesa Margarita Gutiérrez y tres concejales, todos ellos del PSOE, por conceder una licencia en contra del ordenamiento urbanístico.
La sentencia ratificó la emitida en 2014 por un juzgado de instrucción, que ya indicaba que los condenados, miembros todos de la Junta de Gobierno, concedieron en 2008 una licencia de obras para la reforma y ampliación de una vivienda en la zona de Los Zarzalejos pese a que el arquitecto municipal informó desfavorablemente porque las normas urbanísticas vigentes clasificaban el terreno como «urbanizable sectorizado».
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